El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

¿Qué pasa si el procedimiento legislativo está deficientemente regulado de forma que estos estándares no puedan cobrar vida? En el caso del Congreso de Guanajuato –único en el país que no cuenta con un marco normativo que garantice la operatividad del procedimiento legislativo– esta situación es aprovechada por la fracción parlamentaria mayoritaria, entre otras, para pausar indefinidamente el ciclo de vida de las iniciativas de ley que le resultan irrelevantes, incómodas o contrarias a sus principios ideológicos, como es el caso de las que se relacionan con los derechos de las personas LGBTQ+.

Es importante señalar que, en América Latina, Europa y en otras regiones, en los últimos años ha surgido una creciente presencia de regímenes autoritarios. A diferencia de otras épocas, en la actualidad los gobiernos despóticos han encontrado en la captura de las Cortes Supremas, mediante la erosión de la independencia y autonomía judicial, una alternativa para suprimir contrapesos institucionales, expandir su poder y prolongar su mandato. Dentro de nuestro hemisferio, se dice que: Perú, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, han resentido en sus poderes judiciales, agresiones de esta naturaleza. En otras latitudes, Hungría y Polonia, alguna vez ejemplos de transiciones democráticas exitosas y pacíficas en Europa del este, iniciaron un camino hacia el autoritarismo mediante el golpismo judicial, colapsando la independencia judicial, afectando la imparcialidad de sus jueces.

Las políticas de mera distribución de productos menstruales, sin otras complementarias, propagan la idea de que la menstruación es un problema y su gestión es una solución. Es fundamental implementar medidas que tengan como finalidad reconceptualizar la manera en la que se piensa y se vive la experiencia menstrual. Para esto, es necesario contar con personas educadoras expertas en el tema que funcionen como un puente de transición entre el ocultamiento menstrual y la menstruación digna.

En este contexto, vale la pena comentar dos casos actuales sobre la impugnación de procedimientos de desafuero de servidores públicos locales que, desafortunadamente, nos permiten advertir que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no imparte justicia de manera imparcial, pronta y expedita como lo dispone el artículo 17 constitucional, sino que, por el contrario, lleva a cabo una justicia selectiva.

Desde la pregunta de porqué se atrajo un amparo en revisión que a primera vista no parecía guardar importancia y trascendencia para el orden jurídico mexicano —justificado por el ministro presidente Zaldívar bajo el argumento de que “tiene que ver con la afectación que el caso está generando a la honorabilidad de la Fiscalía General de la República”— hasta la filtración de los audios del Fiscal refiriéndose al proyecto de resolución, se trata de uno de los casos más polémicos que ha conocido la Suprema Corte en historia reciente. En medio de todo este ruido, este artículo propone una mirada objetiva a las complejidades del caso y su impacto al futuro. Para ello nos preguntamos ¿de qué trata el asunto?, ¿cuál ha sido su tramo procesal?, ¿qué proponía el proyecto?, y ¿cuáles son las implicaciones jurídicas del caso?

Al Fiscal General todavía le queda una maniobra para cambiar el rumbo de esta historia: desistirse de los recursos que hoy se encuentran en la mesa de la SCJN. Esto implicará un enorme reto para la SCJN, pues tendrá que decidir entre estudiar el asunto a partir de los criterios novedosos que se anunciaron en la sesión de esta semana, o que se ejecute la sentencia del juez de distrito que ya concedió el amparo.

Son cinco los hallazgos que se derivan de este ejercicio de búsqueda y análisis de información pública disponible sobre las defensorías públicas locales en México. El primero, 1 de cada 100 abogados mexicanos laboran en las defensorías públicas locales. El segundo, a nivel nacional laboran un promedio de 128 abogados públicos por entidad federativa. El tercero, 50 % de las personas empleadas en la defensa pública son mujeres. El cuarto, casi 40 % del total de los sujetos procesados por el sistema de justicia penal son representados por un abogado público, en las entidades federativas. El quinto, en promedio, cada defensor público local recibe bimestralmente a 3 nuevos sujetos procesados por el sistema de justicia penal a nivel nacional.

El caso de Digna Ochoa abre nuevos espacios de diálogo para pensar en la crisis de la protección de personas defensoras de derechos humanos, la importancia del enfoque interseccional en casos de violaciones graves a derechos humanos y la impunidad como causa de la perpetuación de este tipo de violaciones. La publicación de la sentencia tiene la capacidad de fortalecer y visibilizar los esfuerzos que día a día se realizan desde sociedad civil en la búsqueda de soluciones estructurales para la protección de personas defensoras. Estas soluciones incluyen, pero definitivamente no se limitan, a lo ordenado por la CorteIDH.

¿Será acaso que la estrategia del diputado Gutiérrez Luna no sea que la SCJN le dé la razón en el fondo, sino conseguir otra resolución cautelar que permita, dado los tiempos que lleva la sustanciación del litigio principal, al presidente de la República y su administración continuar difundiendo propaganda gubernamental durante el periodo de veda?