El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

La escasa doctrina jurídica mexicana que ha estudiado las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales contra leyes (en las cuales se aplica la misma regla), es generalmente acrítica con la exigencia de la votación calificada para invalidar normas de carácter general.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen hoy un papel histórico en la definición constitucional del país que México debe ser. Los exhortamos a ser expeditos en beneficio del bien mayor a tutelar que es la certidumbre jurídica de la Nación.

El 19 de enero de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en la que encontró responsable internacionalmente al Estado mexicano por diversas violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El caso se desarrolló en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001. En este sentido, la resolución del caso tiene diversas implicaciones de suma importancia para el sistema jurídico mexicano que vale la pena analizar.

Este es el caso de Pilar, una mujer del estado de Aguascalientes que, como muchas otras más en dicho estado, fue criminalizada por ejercer su derecho a elegir y hostigada tanto por las autoridades ministeriales como por el personal de salud que debía atenderla. Pilar ingresó al Hospital de la Mujer en Aguascalientes por un aborto incompleto, en donde, sin privilegiar su estado de salud, de inmediato se dio vista a la Fiscalía General del estado, misma que inició una carpeta de investigación en su contra. Pilar, con el acompañamiento de GIRE, presentó una demanda de amparo en contra de la Fiscalía del estado, el Gobernador y el Congreso de Aguascalientes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en su agenda de esta semana un caso de máxima importancia para la eficacia de los derechos de los pueblos indígenas en México, y una gran oportunidad para consolidar una tradición corta pero contundente en la defensa de los derechos humanos de manera transversal en el ordenamiento jurídico. El caso es de suprema importancia para el proceso de “constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas” en México —que ha sido demasiado lento y pausado en comparación con otras esferas de derechos- y también para orientar el análisis de múltiples casos que se encuentran ante instancias judiciales en diferentes partes del país.

Frente a este deterioro institucional generalizado y el ascendente dominio presidencial, cabe preguntarse si el Poder Judicial de la Federación está en un proceso de erosión de su autonomía. Esto es particularmente relevante en un escenario en la que prácticamente todas las políticas públicas impulsadas por la administración del presidente López Obrador, han sido impugnadas por a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo.

El pasado 19 de enero de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 1031/2019, interpuesto por el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, A. C., ordenando, por un lado, eliminar las normas que permitían a concesionarios de radio y televisión hacer sus propios códigos de ética y, por el otro, restablecer la responsabilidad de los medios de distinguir entre opinión e información para evitar eventuales violaciones a los derechos de las audiencias.

Parafraseando a J. L. Austin, podemos preguntarnos: ¿qué hizo realmente el legislador al elaborar la pregunta prevista para la revocación de mandato? Es claro que se trata de una pregunta. Sin embargo, no se trata de cualquier pregunta, sino de una orientada hacia un propósito no democrático. En efecto, la pregunta labrada en la ley impugnada revela una intención muy distinta a la originalmente pensada por el Constituyente, ya que no se limita a interrogar al ciudadano mexicano si está o no de acuerdo con que, por pérdida de confianza, se revoque el mandato del presidente, sino que cambia el sentido de consulta y lo desvía hacia un ejercicio de aprobación de la gestión del mandatario.

El libro que usted tiene en sus manos se trata de un manual orientado a los estudiantes de licenciatura o maestría que buscan entender de forma sencilla y práctica los grandes temas relacionados con la argumentación jurídica. Al plantearme el contenido, pensé sobre todo en las necesidades de mis estudiantes de argumentación que he conocido a lo largo de todos estos años. La mayoría de ellos busca entender a los grandes autores a través de ejemplos reales, es decir, casos traídos de la práctica jurídica. Por lo tanto, el presente manual está lleno de ejemplos basados en sentencias, tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas por los tribunales mexicanos en tiempos recientes.