Fuerza por México presentó una impugnación en la que solicitó, para decirlo pronto, que no se le aplicara la Constitución. Y, de manera por demás sorpresiva, el magistrado Indalfer Infante Gonzales presentó un proyecto de sentencia en el que propone darle la razón al partido y revocar la decisión del INE.
¿Debe recuperar su registro el partido político Fuerza por México por la pandemia de covid-19?
De aprobarse el proyecto del magistrado Indalfer en estos términos, supondría un cambio de rumbo en la línea juripsrudencial del TEPJF respecto a la aplicación e interpretación del umbral mínimo de votación previsto en el artículo 41 de la Constitución que no se había visto desde el restablecimiento del registro del Partido del Trabajo en 2015. Asimismo, podría suponer la llegada de un número importante de asuntos relacionados con la aplicación e interpretación de normas -legales y constitucionales- a la luz de la situación extraordinaria provocada por el Covid-19 las elecciones extraordinarias a realizarse este año y en los procesos electorales locales de 2022.
Día a Día · Justicia electoral
Breve historia de la pérdida de registro de los partidos políticos
En los últimos 30 años, 25 organizaciones ciudadanas han perdido su registro como partidos políticos nacionales. Aunque en la legislación electoral se establecieron seis causales para que un ente partidista pierda su registro, sólo una de ellas ha sido instrumentada para tales fines. Dicha causal consiste en que los partidos políticos deben obtener un cierto porcentaje de los votos en cualquiera de las elecciones federales. De 1991 a 2014, el porcentaje fue del 2 %; mientras que, de 2014 a la fecha, esta cifra se incrementó en un punto porcentual para quedar en el 3 %.
Los macroproyectos de López Obrador: entre controversias, acciones y amparos
El 22 de noviembre el presidente López Obrador y 18 de sus secretarios de Estado emitieron un acuerdo a través del cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de los proyectos y obras a cargo del gobierno. Y se instruye el otorgamiento de autorizaciones provisionales respecto a los dictámenes, permisos y licencias necesarios para iniciar estas obras. Se instruye que dichas autorizaciones provisionales se emitan dentro de los cinco días a partir de su solicitud y, de no emitirse, se entenderán concedidas en sentido positivo. Con lo que se pretende que estén en posibilidades de iniciar las obras, hasta en tanto se obtienen las autorizaciones definitivas conforme a las disposiciones legales aplicables.
El decreto de infraestructura de López Obrador y los pueblos indígenas
El 22 de noviembre del 2021, el presidente López Obrador, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución, emitió un acuerdo de profundas consecuencias y que tendrá efectos en una serie de dimensiones legales, pero conviene subrayar aquellos que previsiblemente tendrá respecto de los derechos a la tierra, el territorio y propiedad colectiva de los pueblos indígenas en México.
Día a Día · Justicia electoral
Un enredo llamado revocación de mandato
La madrugada del domingo 14 de noviembre la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados (Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo) aprobó el presupuesto de egresos del 2022. Hubo ganadores, como la Secretaría de la Defensa Nacional, los programas sociales, Pemex, el Tren Maya y los proyectos prioritarios del presidente; pero también hubo perdedores, como el Instituto Nacional Electoral (INE) al que le recortaron casi 5 mil millones de pesos de lo que solicitaron a la Cámara de Diputados.
Independencia judicial: cuatro tesis en construcción
Aquí presentamos algunas tesis que pueden sembrar inquietudes y propuestas que a mediano plazo sean la cosecha de los tribunales constitucionales que tanto merece nuestro país ante las injusticias que claman reivindicación.
La Corte Constitucional colombiana y la relevancia del arte para la verdad
La reciente sentencia T-281 de 2021 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional Colombiana ha puesto la atención nuevamente en una de las heridas más profundas que arrastra este país relacionado con el fenómeno de los llamados falsos positivos. El cual, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, creada para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado con las FARC, implicó al menos 6402 muertes de personas civiles entre 2002 y 2008.
Por una educación democrática, el litigio para defender al CIDE
Bajo estas consideraciones, como integrantes de la comunidad estudiantil del CIDE hemos reclamado ante los tribunales federales del Primer, Cuarto y Vigésimo Séptimo Circuito la omisión del Conacyt de convocarnos al proceso de auscultación para nombrar a la nueva persona directora del CIDE. En el amparo interpuesto solicitamos que se nos conceda la suspensión provisional y, posteriormente, la definitiva para efecto de que Conacyt detenga y reponga el proceso de designación del director general del CIDE, en aras de que se lleve a cabo un nombramiento en el que sea tomada la opinión de todos los alumnos del CIDE. De este modo, para que nuestro derecho constitucionalmente reconocido no se vea afectado sin posibilidad de reparación, es fundamental que la justicia federal nos conceda la suspensión solicitada ante la inminente designación del director general.
La Suprema Corte y el acuerdo presidencial que militariza la seguridad pública en México
El día de hoy se determinó enviar al pleno de la Suprema Corte la controversia constitucional 90/2020, cuyo proyecto estuvo a cargo de la ministra Ríos Fajart. En esta se analiza si el presidente López Obrador invadió las competencias del poder legislativo al emitir el Acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el 11 de mayo de 2020.