Desde GIRE utilizamos los términos gestación subrogada o gestación por sustitución por considerarlos más adecuados desde una perspectiva de derechos humanos. En México, dos entidades federativas permiten este tipo de contratos: Tabasco y Sinaloa. Recientemente, el pleno de la Suprema Corte estuvo llamado a resolver dos asuntos relativos a la regulación de Tabasco sobre el tema: la acción de inconstitucionalidad 16/2016 y el amparo en revisión 129/2019.
Bofetadas, derecho y tribunales
Damien Tarel bofeteó al presidente Emmanuel Macron. Tras un “juicio exprés”, se le condenó a cuatro meses de prisión; privación durante tres años de sus derechos cívicos; prohibición perpetua de ejercer cualquier cargo público; prohibición durante cinco años de tener armas, y la obligación de someterse a un monitoreo psicológico.
Creer en las diferencias: el deber de la justicia electoral
Las autoridades electorales tienen la sustancial labor de implementar la acción afirmativa indígena, desde la reglamentación de los parámetros que los partidos políticos deben cumplir para acreditar la autoadscripción calificada, en la verificación del cumplimiento mismo y, en su caso, en el análisis legal y constitucional de este proceso, para un día, como Miguel León-Portilla, quien dedicó su vida a creer en las diferencias, se pueda decir que las autoridades electorales, consagran parte de su labor a reconocer las diferencias que posibiliten una democracia igualitaria.
Un Estado de derecho paritario
La salvaguarda del mandato constitucional de paridad requiere de un compromiso constante y real. Cuando un tribunal coloca el formalismo por encima del cumplimiento de la Constitución no hay Estado de derecho viable ni Estado paritario posible, solo se mantiene la simulación del compromiso con la norma y sus objetivos.
Una década de las reformas constitucionales de 2011: ¿cómo celebrar ante el temor de una crisis constitucional?
En su aniversario número diez es difícil ofrecer de lo obtenido con las reformas constitucionales de junio de 2011. Al menos, no frente a la polarización que ha trascendido al círculo de los constitucionalistas en 2021 con motivo de las crisis institucionales producidas por la pandemia y el descrédito de la democracia representativa para resolver los grandes problemas de la actualidad ahora más agudizados —desigualdad social, inseguridad y corrupción. ¿Somos testigos de la culminación de la esperada modernización de nuestro modelo constitucional? O, por el contrario, ¿acudimos a presenciar una crisis estructural que pone en riesgo nuestra democracia?
La reforma del 2011 frente los derechos reproductivos de las mujeres
La reforma de 2011 parecía ser una transformación profunda, pero para la defensa de los derechos reproductivos se ha quedado corta.
La consulta extraordinaria sobre la extensión de la presidencia de Zaldívar: ¿Es la vía idónea?
En este contexto, considero necesario hacer al menos dos apuntes sobre la idoneidad de esta vía para resolver sobre la constitucionalidad de la #LeyZaldivar.
Una década de la reforma de derechos humanos
Quizá la mejor manera de hacer un balance sobre la primera década de la reforma de derechos humanos no sea elaborar el enésimo recuento de las tesis de la SCJN o un nuevo panegírico sobre el papel de determinado ministro, sino más bien adoptar la perspectiva de Epp y analizar cómo se encuentran en el país las estructuras de apoyo a las luchas por los derechos; el apoyo público a esta agenda; el ensanchamiento de esa estrecha puerta mediante la que se accede a la justicia que es el derecho procesal; el desamparo de las víctimas ante la impunidad; la provisión de servicios jurídicos para los más pobres.
La ley Zaldívar, la consulta extraordinaria y la autonomía de la Suprema Corte
Arturo Zaldívar publicó un comunicado de prensa en el que mencionó que el artículo 13.º transitorio de la nueva LOPJF “ha generado un ambiente de desconfianza (…) y siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes”. Asimismo, reconoció que es necesario buscar una salida inmediata para no prolongar la incertidumbre y, “dadas las circunstancias apremiantes del caso”, presentará al pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria para determinar cómo es que el Poder Judicial de la Federación debe proceder respecto al artículo 13º transitorio.
Narco 2.0: redes sociales y crimen organizado
El propósito adecuado señalado por el fundador de Microsoft ya no es el único objetivo de Internet, actualmente las redes sociales se han convertido en la nueva herramienta de los grupos criminales en México para realizar propaganda y, en el peor de los casos, reclutar nuevos miembros. En este escenario surge la pregunta que guía el presente texto: ¿Cómo evitar que el crimen organizado utilice las redes sociales para fomentar sus actividades?