El pasado 25 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso en el que a una persona le fue negada la posibilidad de conocer el contenido de una investigación penal sobre la posible omisión del entonces Arzobispo Primado de México, Cardenal Norberto Rivera —miembro de la Iglesia Católica— de informar inmediatamente al Ministerio Público sobre la probable comisión de delitos de pederastia.
La reforma judicial: fruto de su contexto político
Estamos ante una reforma que no necesariamente está encaminada a lograr los objetivos tan ambiciosos que propone, pero que debe celebrarse frente a las alternativas que empezaron a circular con la llegada del gobierno de López Obrador. Es un comienzo para la mejora de la justicia federal, pero que no debe quitarse el dedo del renglón en temas centrales que no aborda.
Un debate pendiente: los problemas de la reforma al sistema de jurisprudencia de la Suprema Corte
Pese a su trascendencia, este es uno de los rubros de la reforma judicial menos considerados en la discusión del proyecto, falta de atención que se vio reflejada en el proyecto de decreto aprobado por el Pleno del Senado. Pues los cambios al sistema de jurisprudencia pasaron en los términos de la iniciativa presidencial, sin ninguna modificación.
Un dilema electoral: ¿equidad en la contienda o libertad de expresión?
La reforma política a la Constitución mexicana de 2007 exigió redefinir la línea que divide a la libre expresión del desafío a la equidad que requiere cualquier contienda electoral. El modelo de comunicación política-electoral cambió para subsanar la cobertura mediática observada en las elecciones presidenciales de 2006. Ahora el artículo 41 constitucional prohíbe la adquisición o contratación, directa o indirectamente, de tiempos en radio y televisión por parte de los partidos políticos o las candidaturas.
La reforma fiscal de López Obrador en contra de las organizaciones de la sociedad civil
La reforma aprobada, y aún no publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta este momento, propone una estructura fiscal punitiva para el sector social que no hace más que debilitarlo al grado de incluso poder llevarle a la extinción. Estas reformas a la LISR no solamente crean una estructura burocrática insostenible para las organizaciones de la sociedad civil sino que además es incluso violatoria de los artículos 1 y 22 de constitucionales ya que impone penas trascendentales prohibidas sin justificar su existencia en la exposición de motivos de su creación. Es decir, el ejecutivo deliberadamente busca generar las condiciones que mermen a la sociedad civil en su punto más débil: la recaudación de fondos y la administración burocrática.
¿Cómo va la legalización del cannabis?
En este artículo trataremos de hacer una breve explicación sobre lo que finalmente fue aprobado por el Pleno de Senado y dónde se encuentran los puntos que, consideramos, pueden obstaculizar que México tenga una regulación legal del cannabis con un enfoque de justicia social.
Tabasco: una alarma más para recordar la Agenda 2030
En 2015, junto con otros 193 países, el Estado mexicano se comprometió a cumplir la Agenda 2030 y, por ende, dirigir sus leyes y políticas públicas a la implementación de los diecisiete Objetivos. El propio Senado cuenta con la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México. Sería importante que desde ahí se examinara qué sucedió en Tabasco, no desde un ánimo punitivo —eso no va a salvar más vidas—, sino desde un enfoque preventivo que permita construir una estrategia con soluciones a futuro, además de hacer frente a los compromisos internacionales que ha contraído el Estado mexicano. Por ahí podemos reforzar nuestra capacidad de construir un país más justo, no solo para las zonas pobladas y económicamente relevantes.
El Tribunal Electoral frente a las políticas del reconocimiento: el caso de la diputación migrante
El reconocimiento de la figura del diputado migrante abona al sentido de pertenencia e implica un avance de los derechos políticos y electorales de la diáspora. La derogación de este escaño por el Congreso de CDMX implicó no solo una vulneración al principio de progresividad de los derechos humanos, sino también un retroceso en la decisión política de establecer un vínculo con la diáspora nacida en esta ciudad para darle un sentido de pertenencia, reconocimiento y representatividad. Los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior son parte de la nación y aunque se desarrollen en otro lugar, sus raíces, cultura e ideología seguirán influyendo en el país.
Política judicial y barreras de entrada al sistema de partidos políticos en México
En México, no es fácil constituir un partido político, pero tampoco lo es mantenerse dentro del sistema. Durante la primera elección que enfrentarán estos nuevos competidores postularán candidaturas sin formar coaliciones, tendrán menores recursos de financiamiento, así como menores tiempos de radio y televisión y, a pesar de ello, deberán obtener al menos 3% de la votación válida emitida. En última instancia, abogo por “abrir” los canales de participación institucional para conducir –en forma ordenada y bajo un marco democrático– las demandas legítimas de una sociedad cambiante; dejando en el voto de la ciudadanía la decisión final.
Las 7 preguntas legales para entender los litigios en la elección de EE. UU.
No sorprende que Trump, un hombre que a lo largo de su vida ha estado involucrado en más de 4000 litigios, en al menos 3500 de ellos como demandante, espere que los tribunales lo salven de lo que él percibe como una humillación. Pero, más allá de sus rabietas en Twitter, lo cierto es que las demandas presentadas por su equipo legal seguramente no tendrán éxito. Aquí respondo 7 preguntas clave para entender estos ataques legales y, a su vez, porque considero que al final ninguna corte cambiará el resultado de la elección.