Pese a su trascendencia, este es uno de los rubros de la reforma judicial menos considerados en la discusión del proyecto, falta de atención que se vio reflejada en el proyecto de decreto aprobado por el Pleno del Senado. Pues los cambios al sistema de jurisprudencia pasaron en los términos de la iniciativa presidencial, sin ninguna modificación.
¿Qué novedades aporta el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte?
El miércoles 25 de noviembre de 2020 inició el Octavo Congreso Nacional: Justicia y Género con la presentación de la versión actualizada del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Un año antes, la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una serie de actividades que incluyó la consulta a juzgadores, sociedad civil y academia con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad del documento publicado en 2013. Entre los motivos que sustentaron la actualización del Protocolo se encuentran la necesidad de incorporar los avances a nivel nacional e internacional, así como de tener un enfoque práctico y detallado que permita entender qué conlleva juzgar con perspectiva de género y cuándo debe usarse esta herramienta de análisis.
Un dilema electoral: ¿equidad en la contienda o libertad de expresión?
La reforma política a la Constitución mexicana de 2007 exigió redefinir la línea que divide a la libre expresión del desafío a la equidad que requiere cualquier contienda electoral. El modelo de comunicación política-electoral cambió para subsanar la cobertura mediática observada en las elecciones presidenciales de 2006. Ahora el artículo 41 constitucional prohíbe la adquisición o contratación, directa o indirectamente, de tiempos en radio y televisión por parte de los partidos políticos o las candidaturas.
La reforma fiscal de López Obrador en contra de las organizaciones de la sociedad civil
La reforma aprobada, y aún no publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta este momento, propone una estructura fiscal punitiva para el sector social que no hace más que debilitarlo al grado de incluso poder llevarle a la extinción. Estas reformas a la LISR no solamente crean una estructura burocrática insostenible para las organizaciones de la sociedad civil sino que además es incluso violatoria de los artículos 1 y 22 de constitucionales ya que impone penas trascendentales prohibidas sin justificar su existencia en la exposición de motivos de su creación. Es decir, el ejecutivo deliberadamente busca generar las condiciones que mermen a la sociedad civil en su punto más débil: la recaudación de fondos y la administración burocrática.
¿Cómo va la legalización del cannabis?
En este artículo trataremos de hacer una breve explicación sobre lo que finalmente fue aprobado por el Pleno de Senado y dónde se encuentran los puntos que, consideramos, pueden obstaculizar que México tenga una regulación legal del cannabis con un enfoque de justicia social.
Tabasco: una alarma más para recordar la Agenda 2030
En 2015, junto con otros 193 países, el Estado mexicano se comprometió a cumplir la Agenda 2030 y, por ende, dirigir sus leyes y políticas públicas a la implementación de los diecisiete Objetivos. El propio Senado cuenta con la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México. Sería importante que desde ahí se examinara qué sucedió en Tabasco, no desde un ánimo punitivo —eso no va a salvar más vidas—, sino desde un enfoque preventivo que permita construir una estrategia con soluciones a futuro, además de hacer frente a los compromisos internacionales que ha contraído el Estado mexicano. Por ahí podemos reforzar nuestra capacidad de construir un país más justo, no solo para las zonas pobladas y económicamente relevantes.
El Tribunal Electoral frente a las políticas del reconocimiento: el caso de la diputación migrante
El reconocimiento de la figura del diputado migrante abona al sentido de pertenencia e implica un avance de los derechos políticos y electorales de la diáspora. La derogación de este escaño por el Congreso de CDMX implicó no solo una vulneración al principio de progresividad de los derechos humanos, sino también un retroceso en la decisión política de establecer un vínculo con la diáspora nacida en esta ciudad para darle un sentido de pertenencia, reconocimiento y representatividad. Los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior son parte de la nación y aunque se desarrollen en otro lugar, sus raíces, cultura e ideología seguirán influyendo en el país.
La Corte Constitucional colombiana sí hace el trabajo: toallas, tampones e impuestos
Hablar de menstruación en México responde necesariamente a un imaginario de feminidad que no refleja más que una estructura social patriarcal. Menstruar es incómodo y hasta debilitante físicamente. Pero es cosa de mujeres y por eso los productos son rositas y es un proceso fisiológico de la esfera privada. Es tan privado que no se piensa, por ejemplo, en las niñas que abandonan la educación básica por no contar con la infraestructura necesaria para asearse durante su periodo.
¿Cómo iniciar la justicia transicional en México?
En un Estado como el mexicano donde las perpetradoras de las vejaciones a los derechos humanos están en los ministerios públicos, los cuarteles militares y las casas de seguridad por igual, han sido las víctimas, a través de la inundación de las calles, de la irrupción de eventos públicos y de su existencia continua e imprudentemente política, las que han exigido y ganado los pequeños pasos que el Estado ha tomado para esclarecer, justiciar y reparar lo que le ha pasado a sus desaparecidas, torturadas y asesinadas.
Política judicial y barreras de entrada al sistema de partidos políticos en México
En México, no es fácil constituir un partido político, pero tampoco lo es mantenerse dentro del sistema. Durante la primera elección que enfrentarán estos nuevos competidores postularán candidaturas sin formar coaliciones, tendrán menores recursos de financiamiento, así como menores tiempos de radio y televisión y, a pesar de ello, deberán obtener al menos 3% de la votación válida emitida. En última instancia, abogo por “abrir” los canales de participación institucional para conducir –en forma ordenada y bajo un marco democrático– las demandas legítimas de una sociedad cambiante; dejando en el voto de la ciudadanía la decisión final.