¿La ausencia de un padrón confiable de afiliados es una razón suficiente para homologar el carácter de militantes con simpatizantes? Definitivamente considero que no. Así se optase por un método de consulta abierta, ésta tendría que ser entre el universo de militantes. Pues ni la sentencia primigenia, ni las posteriores resoluciones incidentales ofrecen razonamiento alguno que justifique la creación espontánea de un “derecho” de los simpatizantes para participar en la toma de decisiones de la vida interna de un partido.
Hacia una nueva realidad judicial: la publicidad de las sentencias
Esta modificación que obliga a todos los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias, fue publicada el pasado 13 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, dando un plazo de 180 días para su cumplimiento. Han pasado más de 190 años desde que se estableció el poder judicial en México — exactamente en el año 1824—. Esto es, la opacidad y la inaccesibilidad de la información han caracterizado a las instituciones encargadas de impartir justicia, durante casi dos siglos.
Caso Lozoya: presunción de inocencia vs. exposición mediática
El propósito de este texto consiste en efectuar una serie de comentarios acerca de los señalamientos arriba expuestos, a la luz del principio de presunción de inocencia y su configuración conceptual por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de diversos criterios jurisprudenciales. Para tal fin, revisaremos el concepto de presunción de inocencia, los enfoques que respecto de él pueden identificarse, y la relación de este principio como regla de trato en su vertiente extraprocesal, con el diverso principio de buena fe ministerial y el derecho a la información.
¿Cómo se ve la educación jurídica desde los ojos de su propio estudiantado?
Con el fin de que los estudiantes de derecho en México opinen por sí mismos sobre algo que les concierne directamente, el alumnado que integra la segunda generación del programa semilla del CEEAD (un programa educativo gratuito y abierto a todo el estudiantado mexicano que tiene como fin formar en habilidades profesionales y fomentar una reflexión sobre la educación jurídica y el ejercicio profesional) desarrolló la Declaratoria sobre los principales problemas de la educación jurídica mexicana.
Alphabet, Amazon, Apple y Facebok o por qué urge modernizar el derecho
El 29 de julio de 2020, los representantes de más de 600 billones de dólares comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos de América. Después de 13 meses de investigación, los presidentes ejecutivos de Facebook, Amazon, Alphabet y Apple prendieron sus cámaras para iniciar las cinco horas del interrogatorio virtual. ¿El objetivo? Determinar si estas cuatro empresas han realizado prácticas monopólicas Este fue el pretexto perfecto para exponer cómo es que el derecho en todo el mundo debe evolucionar para dar respuesta a las exigencias tecnológicas.
El presidente AMLO y la Constitución: cuando la regresión se disfraza de transformación
La elección del 2018 permitió el acceso pacífico e institucional al poder aun movimiento masivo de rechazo al statu quo. Sin embargo, más allá de aprovechar el ímpetu del movimiento para avanzar o, por lo menos, conducir su proyecto de nación por vías institucionales de cambio constitucional, el actual gobierno parece más tendiente a implementar políticas constitucionalmente retrógradas.
Los litigios del presidente López Obrador
El presupuesto de egresos 2020: el salario presidencial a debate constitucional
Lo verdaderamente interesante es averiguar si al emitir el PEF se respetó el orden constitucional. Para ello, nuestro sistema jurídico cuenta con un procedimiento en forma de juicio conocido como controversia constitucional, a través de la cual los inconformes —en este caso, Banxico, IFT, Cofece e IFE— pueden plantear argumentos orientados a demostrar que, al emitir el PEF, la Cámara de Diputados violó la Constitución. Será nuestro tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que determine si en este caso la política ha usurpado o no el lugar que corresponde al derecho; es decir, si se ha respetado la regularidad en el ejercicio de las competencias constitucionales.
El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México: el nuevo paradigma del arbitraje de inversión
Desde el primer Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre Pakistán y Alemania en 1959, la celebración de estos tratados que prevén estándares para la protección de inversiones extranjeras y los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados, ha aumentado a casi 3000. Asimismo, desde el primer laudo dictado en el marco de un arbitraje de inversión en 1990, el arbitraje de inversión se ha convertido en una rama particular del derecho internacional y ha llevado a que hoy vivamos en lo que algunos académicos como Michael Resiman han denominado la generación de los APPRIs (BIT generation).
El (otro) mundo del abogado
Ingresar a los colegios de abogados en México se parece más a formar parte de una aristocracia en ciernes —toga y medallas incluidas— que a la salvaguarda del ejercicio profesional dentro de la mejor tradición democrática liberal basada en los contrapesos y la vigilancia mutua. Es cierto, hay muchas actividades valiosas en la trayectoria de los colegios. No todo es negativo. Pero, a la hora de la verdad, cuando es necesaria la defensa de la profesión o la revisión del comportamiento ético de sus miembros las acciones flaquean.
Los litigios del presidente López Obrador
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿es contraria a una política de austeridad?
En los conceptos de violación subyace la idea de que toda la operación administrativa de sustitución del aeropuerto de Texcoco por el de Santa Lucía implica una decisión irracional, antieconómica e ineficiente. En consecuencia, se vulneran los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que se establecen en el artículo 134 constitucional. Lo anterior, en el entendido de que ante la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público existe un derecho correlativo a que este se ejerza de manera eficaz.