La extradición de Emilio Lozoya, personaje clave de la administración (léase: corrupción) peñanietista, ha puesto en el centro del debate público la figura del testigo colaborador, una herramienta usada de manera habitual en distintos ordenamientos jurídicos en el mundo. Se trata, para decirlo rápido, de otorgar beneficios penales a un acusado o sentenciado a cambio de que delate a sus cómplices. El objetivo es lanzar la red de la justicia criminal más lejos (un mayor número de investigaciones/detenciones) o más hondo (hasta los miembros de la más alta jerarquía), aunque ello suponga una condena menos severa, incluso injustamente suave, para el colaborador.
Facebook ante la justicia alemana o cómo reinventar el derecho de la competencia y a la privacidad
Tras una investigación de tres años, en febrero de 2019 la autoridad alemana de competencia (Bundeskartellamt) calificó a Facebook como un agente dominante en el mercado de redes sociales e impuso una serie de lineamientos cuyo propósito era que la empresa no abusara de su poder de mercado —que abarcaba a su vez el de la publicidad online—, no coaccionara a los usuarios a entregar sus datos en forma indiscriminada y, en suma, prohibir que Facebook continuara con el combinando de datos e información de las cuentas de sus usuarios sin su consentimiento.
Los presidentes de la República y su parcialidad electoral
La autoridad electoral ha demostrado ser imparcial en el procedimiento y en las resoluciones de las medidas cautelares, es decir, ha juzgado con la misma vara a todos los gobiernos federales, sin manifestar preferencias o favoritismo. Más bien, la imparcialidad de la autoridad electoral es una enorme molestia para el gobierno federal y los partidos políticos. Es osada en tiempos de gobiernos de mayorías legislativas. Es una garantía para los ciudadanos. Es temeraria en épocas de gobiernos autoritarios. Es necesaria en eras de una oposición desarticulada. Es plausible contra actos de vulneración de las elecciones
Harvard y MIT: su defensa legal a favor de los estudiantes extranjeros
El pasado 6 de julio, la ICE anunció que dejaría sin efectos la excepción que por la pandemia había sido otorgada a los estudiantes internacionales. Lo anterior implica que cientos de miles de estudiantes con visa F-1, a quienes sus clases universitarias les serán impartidas totalmente en línea, deben abandonar el país. De igual manera, aquellos estudiantes que se encuentren fuera de Estados Unidos no podrán entrar o reingresar al país. A escasas semanas de comenzar el semestre, estos estudiantes están, en su mayoría, imposibilitados para transferirse a otras universidades que provean clases presenciales, aun cuando esa ha sido la principal recomendación de la ICE para ellos.
Caso Tabasco: la Suprema Corte y los límites de la contratación pública
Recientemente el pleno de la Suprema Corte invalidó diversas disposiciones en materia de contrataciones públicas en el estado de Tabasco. Los ministros se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad de nuevos supuestos de excepción al proceso de licitación pública que el Congreso local añadió con la pretendida intención de agilizar determinadas contrataciones.
Día a Día · Justicia electoral
Los mexicanos naturalizados y su batalla por conseguir derechos plenos
Qué hacer cuando la lotería de la vida te aleja del país de nacimiento a otro donde estudias, trabajas, tienes familia, pagas impuestos, pero a pesar de esto en el papel te encuentras impedido de participar y contribuir en el desarrollo de la vida pública. Esta es una de las dificultades a las que nos enfrentamos los naturalizados en nuestro país que es México, por el simple hecho de no ser mexicanos por nacimiento.
Las noticias jurídicas más relevantes en el mundo. Segundo reporte 2020
Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre abril y junio del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.
La Secretaría del Trabajo y el protocolo modelo de hostigamiento y acoso sexual: ¿en qué falló?
La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), con el propósito de facilitar a las personas empleadoras del sector privado el cumplimiento de sus obligaciones, publicó en marzo de este año el Modelo de protocolo para la prevención, atención y erradicación de violencia laboral —instrumento que supuestamente permite atender casos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo—. Sin embargo, lo cierto es que este protocolo modelo no cuenta con los elementos esenciales para prevenir, atender, ni erradicar la violencia de género en los centros de trabajo.
¿Tiene legitimación la presidenta de la Cámara de Diputados para promover controversias constitucionales?
Fue la propia Cámara de Diputados quien confirmó, en su reglamento que quien presida la mesa directiva tiene la presentación originaria para que, por sí mismo, presente demandas de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de la cámara, incluso en los períodos de receso. Esa es una facultad jurídicamente legitimada por la propia Cámara de Diputados, lo que implica que la diputada Laura Rojas no actuó de forma arbitraria.
Justicia electrónica local en México: la exigencia pendiente
La autoridad judicial local está impedida para participar en innovaciones no contempladas en sus legislaciones y eso explica por qué al 16 de junio de 2020, únicamente 16 de 32 poderes judiciales locales permiten la presentación de demandas vía remota. El problema durante la pandemia nunca fue la falta de interés para innovar, el problema siempre fue la ausencia de facultades para hacerlo. Por ello, es a partir del enfoque de facultades en que debemos concentrar el debate sobre la justicia electrónica local.