En el contexto de DACA, la administración de Trump debió considerar la situación de los migrantes beneficiados y sus familias, así como el impacto que la revocación traería para la economía estadounidense e incluso para el mercado laboral. No obstante, el gobierno de Trump demostró no solamente su indiferencia hacia las situaciones de los migrantes, sino que su decisión respondía únicamente a un capricho político. Es relevante destacar como la doctrina estadounidense considera que la función administrativa es un ejercicio responsable del poder. No basta un capricho o una corazonada, hacen falta razones, argumentos y transparencia. Al menos en los Estados Unidos, el análisis de “fundamentación y motivación” significa tomarse en serio la investidura presidencial.
Derecho y Tecnología · Internacional
TikTok: ¿amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos?
La compañía china dueña de TikTok, en virtud de una ley de ciberseguridad que entró en vigor en su país en 2017, tendría la obligación de entregar al gobierno chino la información que le sea requerida para fines de seguridad nacional. Al respecto, TikTok ha negado sistemáticamente que, en su caso, no entregaría esa información y, de hecho, alega que la información de usuarios norteamericanos se almacena en Virgina, por lo que no podría salir del país. Millones de datos personales en manos de un gobierno contrario no suena a una idea aceptable para Estados Unidos (o cualquier otro).
El rol de los órganos reguladores en la infraestructura de los derechos
Si bien reconocemos la necesidad de reducir el gasto gubernamental, cuestionamos que la austeridad sea un fin en sí mismo, al estimar que debe evaluarse la eficiencia en el actuar de cada uno de los órganos del Estado para lograr los objetivos constitucionales. Damos cuenta con diversos instrumentos y pronunciamientos nacionales e internacionales en materia de regulación, competencia económica y derechos humanos para demostrar que los órganos reguladores autónomos y con especialidad técnica son parte de una infraestructura que hace efectivos los derechos.
La Corte Suprema estadunidense y la discriminación laboral a personas homosexuales y transgénero
En cada uno de los tres casos que resuelve esta sentencia, una persona empleadora despidió a alguien que trabajaba para ella, poco después de que el trabajado revelara que era homosexual o transgénero. Es decir, el motivo exclusivo del despido fue su homosexualidad o su status de transgénero. Al respecto, el Título VII de la Civil Rights Act de 1964, una legislación de carácter federal, establece la prohibición de discriminación de cualquier individuo en el ámbito laboral por cuestiones de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Sin embargo, vale subrayar que los términos orientación sexual e identidad de género no se encuentran en tal listado. Por tanto, la pregunta clave que tuvo que resolver la SCOTUS fue si una persona puede despedir a otra por el simple hecho de ser homosexual o transgénero, a pesar de que tales categorías no están señaladas en el Civil Rights Act.
¿Una ley de consulta indígena necesariamente garantiza su derecho a la consulta?
Recientemente la segunda sala de la SCJN concedió el amparo y protección de la justicia federal a las personas quejosas en un caso en el que se reclamaba que la omisión del Congreso de la Unión de establecer una ley de consulta previa libre e informada, violaba sus derechos humanos. De acuerdo con las personas promoventes, el poder legislativo federal ha incumplido con lo instruido en el segundo transitorio de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001, el cual dispuso que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales deben realizar las adecuaciones necesarias para reglamentar lo estipulado en la reforma.
La Unidad de Inteligencia Financiera: al filo de lo inconstitucional
La reforma penal de 2008 que dio lugar al sistema penal acusatorio buscaba, entre otras cosas, garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso y, en general, evitar los abusos del sistema mixto. Respecto al congelamiento de activos, el poder judicial invalidó que el ministerio público pudiera congelar o asegurar cuentas sin autorización de un juez de control. La actuación de la UIF transgrede toda nuestra lógica constitucional. Bajo ese esquema, el gobernado tiene que probar su inocencia (o sea, la licitud de sus operaciones) ante una autoridad incompetente para determinar si hubo o no un delito, y sin un recurso efectivo para combatirlo.
¿Puede la CNDH impugnar el acuerdo presidencial que dispone de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública?
En los últimos días se ha discutido si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con facultades para impugnar, vía acción de inconstitucionalidad, el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, firmado por el presidente López Obrador y los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
La Suprema Corte y la nueva configuración del derecho a un medio ambiente sano
El marco jurídico diseñado para la protección del medio ambiente, así como las instituciones que operan bajo su dinamismo, son una expresión reconocible de un proceso de transformación social. Nuestra narrativa del desarrollo ha tenido que reconocer que evitar la degradación ambiental y proteger la integridad de los ecosistemas son condiciones sine qua non para salvaguardar las bases de la existencia humana. Numerosos tribunales alrededor del mundo se han apropiado de esta nueva narrativa; incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la protección del derecho a un medio ambiente sano es fundamental para la existencia de la humanidad.
INMECOB: iniciativa que pone en riesgo la regulación en México
Concluimos diciendo que no vemos razones suficientes para realizar la fusión pretendida y que el argumento de ahorro y austeridad es, en el mejor de los casos, un recurso retórico que no generará los beneficios augurados por la iniciativa. Al contrario, consideramos que es en extremo delicado reunir en una sola instancia tal volumen de materias, con las competencias y atribuciones correspondientes y, sobre todo, vemos un peligro sustantivo de cooptación política en la designación de los potenciales consejeros y con la desaparición del comité de evaluación y el examen de conocimientos. No es, por tanto, eficiencia o ahorro lo que se pretende con esta iniciativa. En cambio, lo que parece buscar, es controlar a los reguladores.
Fideicomisos: ¿su extinción sin análisis, ni discusión y vulnerando derechos?
El uso de recursos públicos a través de fideicomisos resulta muy útil por las siguientes razones: los recursos depositados en estos instrumentos financieros escapan al principio de anualidad que obliga a las instituciones gubernamentales a regresar el dinero que no se ha ejercido en el transcurso del año fiscal. Al contrario, los recursos de los fideicomisos permanecen en estos instrumentos y, pueden incrementarse, generar rendimientos y constituir un patrimonio autónomo.