¿Acaso, entonces, Zaldívar cedió su autonomía en la narrativa de las instituciones que representa, a cambio de mantener el control de dirección del proceso de reforma judicial? Es posible. Pero lo importante ahora es desmenuzar esta iniciativa que plantea cambios a siete artículos constitucionales, propone la expedición de dos nuevas leyes federales, así como reformas a cinco ordenamientos. Ofrecemos a continuación un primer análisis de diversos aspectos de la iniciativa en cuestión.
El juicio de amparo y los derechos humanos de los migrantes
La pregunta es ¿qué podemos hacer por los derechos humanos de los migrantes? En México, como se sabe, uno de los medios de defensa de los derechos humanos con el que contamos, no sólo los mexicanos, sino todas las personas que se encuentren en nuestro país, es el juicio de amparo.
Derecho y cambio climático: la protección del medio ambiente en sede judicial
El pasado 15 de enero de 2020 la Segunda Sala de la Suprema Corte abordó el tema al resolver el amparo en revisión 610/2019 en el que consideró inconstitucional la modificación unilateral que realizó la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana “NOM-016-CRE-2016” para incrementar el porcentaje máximo de etanol como oxigenante en las gasolinas hasta en un 10%.
El deporte nacional: reformar la Constitución
El texto original de la Constitución, publicado el 5 de febrero de 1917, tiene 22 029 caracteres; mientras que el texto actual tiene 70 432. En ambos casos, considerando a los artículos transitorios que acompañan al texto original y sin considerar a los transitorios que acompañan a los decretos de reforma, los cuales también son normas constitucionales. Esos datos implican que la Constitución vigente tiene 48 403 caracteres más que el texto vigente, es decir, el texto ha aumentado un 219.7 %.
Día a Día · Justicia electoral
Padrón electoral, ¿en manos del gobierno?
La Secretaría de Gobernación solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 22 de enero, le entregara los datos biométricos de más de 90 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El INE se negó, como lo había hecho ante solicitudes similares de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En su conferencia de prensa matutina, del lunes 27, el presidente López Obrador señaló que obtener los datos del padrón, para el gobierno, “no es asunto prioritario” y que lo plantearán “en otro momento”. Sin embargo, es un tema sensible que merece una revisión detenida.
El debido proceso y el derecho a la vivienda
Contrario a lo que suele creerse en la jerga legal “inmueble” no es lo mismo que “vivienda”. Se trata, más bien, de una distinción trascendental para cuestionarnos lo que entendemos por debido proceso, considerando que las personas que habitan una vivienda ajena suelen no ser consideradas como parte en las decisiones que afectan directamente su esfera jurídica.
El Estado mexicano y la desesperación autoritaria
Muchos han dicho que el debate es ocioso porque no han presentado formalmente ninguna iniciativa. No lo creo. No estamos debatiendo la “nada” porque ya hay indicios de esta desesperación autoritaria. Ya se aprobaron tanto la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como las modificaciones legales que equiparan la defraudación fiscal con delincuencia organizada —que, por cierto, merecerían tanto arraigo como prisión preventiva oficiosa, ambas medidas regresivas.
¿Existe un derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción?
La resolución niega a TOJIL su reconocimiento víctima de delitos de corrupción debido a que la magistrada ponente, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, consideró que la organización no había sufrido ningún daño o afectación en su esfera jurídica como resultado de los delitos denunciados (cohecho y contra la administración pública).
¿La reforma que viene? Buscar la paz con un proceso penal autoritario
Desde octubre de 2019, cuando se anunció una reforma estructural al sistema de procuración y administración de justicia, sabíamos que 2020 no sería un año fácil para el sistema de justicia penal. En este sentido, vale recordar que el ahora fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en varios eventos públicos, usando el término garantista de forma despectiva, señalaba que el sistema de justicia penal no funcionaba e identificaba a los jueces como responsables de dejar libres a los detenidos.
¿Quiénes son las víctimas del pacto entre Javier Duarte y la Fiscalía?
No es poco lo que se juega en la resolución de este episodio del caso Duarte. En momentos en que, precisamente, la judicatura se encuentra realizando importantes esfuerzos institucionales para combatir y erradicar la corrupción, lo que está por sentenciar el Tribunal Colegiado bien podría servir para fomentar por el respecto a la Constitución y entender que al tratarse sobre hechos de corrupción, las víctimas somos todos. Pensar que el MP debe ser el único guardián del interés colectivo cuando se denuncia precisamente a funcionarios del MP es tan ingenuo como irresponsable. Ojalá que los magistrados López Benitez, Velasco Villavicencio y Sánchez Frías así lo entiendan.