En un contexto donde la seguridad pública y el acceso a la justicia se han convertido en temas de urgencia nacional, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, presentó una propuesta ambiciosa y profundamente estructurada que busca revolucionar el sistema de justicia en México. Esta reforma integral, que abarca desde la seguridad pública hasta el fortalecimiento de los poderes judiciales locales, representa un intento significativo de resolver las deficiencias estructurales que han llevado a altos niveles de impunidad, desconfianza en las instituciones y desigualdad en el acceso a la justicia.
La propuesta, dividida en dos grandes apartados, analiza aspectos relacionados con el diseño institucional, el entramado jurídico, y las prácticas y dinámicas tanto a nivel federal como local, además de los contextos en los que funciona el sistema judicial en el país. Asimismo, se destacan las brechas y desafíos críticos en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia, especialmente para los grupos más afectados por la violencia y la discriminación. Finalmente, se presentan recomendaciones y propuestas concretas en diversas áreas, subrayando la importancia de adoptar una perspectiva integral, multisistémica y amplia para reimaginar la justicia en México.
Por pragmatismo, el presente artículo se centrará en el documento intitulado Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas mismo que ofrece una visión comprehensiva sobre los principales desafíos del sistema judicial en México, resaltando sus deficiencias estructurales y proponiendo reformas orientadas a mejorar la calidad de la justicia en el país. El texto abarca un amplio espectro de áreas: desde la seguridad pública y la justicia penal hasta los poderes judiciales locales y el sistema penitenciario. Además, enfatiza la importancia de abordar la corrupción, el nepotismo y las desigualdades estructurales que afectan el acceso a la justicia.
1. Seguridad pública: del enfoque punitivo a construir política criminal integral
Durante décadas, la seguridad pública en México ha sido abordada desde un enfoque punitivo y militarizado. Sin embargo, las cifras de violencia no sólo no han disminuido, sino que en muchos casos han aumentado. En este contexto, la ministra Piña propone un cambio radical en la estrategia de seguridad pública, que se base en atacar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
La creación de una Instancia Nacional de Política Criminal es uno de los pilares de la reforma. Este nuevo órgano se encargaría de coordinar las acciones de seguridad pública en los ámbitos federal, estatal y municipal, fomentando una cooperación más estrecha y asegurando que las políticas de seguridad se ajusten a las necesidades específicas de cada región.
El documento señala que, con una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, se evitaría la duplicidad de esfuerzos y la fragmentación de las políticas de seguridad, lo que permitiría una respuesta más ágil y eficiente a las problemáticas locales.
La creación de este nuevo órgano también permitiría una mejor distribución de los recursos, priorizando las áreas más afectadas por la violencia y adaptando las estrategias de seguridad a las características específicas de cada región.
Una de las críticas más fuertes hacia el sistema de seguridad pública actual es su enfoque punitivo, que se ha basado en el aumento de la fuerza policial y militar para contener la violencia. Sin embargo, la propuesta sugiere que esta estrategia ha fracasado, y que es necesario adoptar una política criminal integral que incorpore políticas sociales y económicas que aborden las causas profundas de la violencia.
Al centrarse en las causas estructurales de la violencia, como la falta de oportunidades laborales y educativas, esta política criminal integral tendría un impacto más sostenible y preventivo en la reducción de la criminalidad. Un enfoque menos punitivo también permitiría reducir la criminalización de sectores vulnerables, como los jóvenes y las personas en situación de pobreza, y promover alternativas al encarcelamiento, como programas de rehabilitación y reintegración social.
La propuesta también hace hincapié en la necesidad de mejorar la transparencia y la accesibilidad de la información pública relacionada con la violencia en México. Actualmente, el subregistro de homicidios y desapariciones es uno de los mayores problemas a la hora de evaluar la efectividad de las políticas de seguridad.
Se señala que al crear sistemas de datos abiertos y verificables, se podría hacer un seguimiento más riguroso de las cifras de violencia, lo que aumentaría la rendición de cuentas de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
Esta mayor transparencia también permitiría a los investigadores, medios de comunicación y organizaciones civiles evaluar de manera más objetiva la eficacia de las políticas de seguridad, fomentando un control social más robusto sobre las instituciones.
La reforma reconoce que las fuerzas policiales en México se encuentran en una situación precaria. A pesar de ser las principales responsables de la seguridad, los policías trabajan bajo condiciones laborales deficientes, con salarios bajos y sin acceso a prestaciones básicas. El establecimiento de un piso salarial mínimo para las fuerzas policiales mejoraría significativamente sus condiciones de vida, lo que reduciría la corrupción y aumentaría la moral de los agentes. La mejora en las condiciones laborales también permitiría profesionalizar a las fuerzas de seguridad, atrayendo a personas más capacitadas y comprometidas con su trabajo, lo que contribuiría a una mayor eficiencia en la prevención del delito.
Uno de los puntos más polémicos (pero adecuados desde mi punto de vista) de la propuesta es la crítica a la militarización de la seguridad pública, una estrategia que ha sido utilizada ampliamente en los últimos años. La propuesta sugiere que esta militarización ha fracasado en su intento por reducir la violencia y que, en muchos casos, ha exacerbado los conflictos.
La desmilitarización de la seguridad pública permitiría reducir las tensiones entre las fuerzas armadas y la población civil, y evitaría la criminalización de comunidades enteras. Al fortalecer las instituciones civiles de seguridad, como las fuerzas policiales locales, se fomentaría una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y se reduciría el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
2. Justicia penal: persecución estratégica y eficaz
El sistema de justicia penal en México se ha caracterizado por su ineficacia y la baja cantidad de casos que llegan a juicio. Esto se debe en gran parte a la falta de atención a las víctimas y a la investigación deficiente de los delitos, lo que provoca altos niveles de impunidad. Una de las propuestas más importantes de la reforma es el desarrollo de una estrategia de persecución penal que priorice los recursos hacia los delitos más graves y se enfoque en desarticular estructuras criminales de manera integral, en lugar de investigar casos de manera fragmentada.
Esta estrategia permitiría optimizar los recursos del sistema de justicia penal, enfocando los esfuerzos en los delitos más complejos y prioritarios, lo que aumentaría la eficacia de las fiscalías y mejoraría las tasas de resolución de casos.
Además, al adoptar un enfoque integral en la persecución de fenómenos criminales, se lograría desmantelar estructuras completas, en lugar de procesar casos individuales, lo que reduciría la reincidencia y la capacidad de los grupos criminales para operar.
El documento también destaca la necesidad de mejorar la atención a las víctimas de delitos, quienes a menudo son olvidadas en el proceso penal. Se propone fortalecer los mecanismos de reparación y asistencia, ofreciendo apoyo emocional, psicológico y económico. Al mejorar la atención a las víctimas, se contribuiría a reducir la revictimización y a garantizar que las personas afectadas por delitos reciban un tratamiento más humano y justo.
Una mejor atención a las víctimas también aumentaría la confianza en el sistema de justicia penal, ya que las personas sentirían que sus derechos son protegidos y que el sistema está orientado a ofrecer justicia verdadera, no solo castigo.
Una de las críticas más frecuentes al sistema de justicia penal en México es la disparidad de recursos entre la justicia federal y la local. Mientras que los tribunales federales reciben una mayor asignación de recursos, los tribunales locales, que procesan la mayoría de los casos, operan con presupuestos insuficientes.
Al redistribuir los recursos hacia las fiscalías y tribunales locales, se lograría un sistema más equilibrado, donde los tribunales locales tendrían los medios necesarios para operar con mayor eficacia y reducir la carga de trabajo. Esto permitiría que los casos sean procesados de manera más rápida, mejorando los tiempos de resolución y reduciendo la frustración de los ciudadanos que buscan justicia.
3. Poderes judiciales locales: autonomía y eficiencia
Los poderes judiciales locales en México enfrentan graves deficiencias, como la falta de jueces, la sobrecarga de trabajo y la interferencia política en la asignación de presupuestos, lo que compromete su independencia.
Una de las propuestas más urgentes es aumentar el número de jueces y personal administrativo en los tribunales locales, para reducir la carga de trabajo y agilizar los procesos judiciales.
Con un mayor número de jueces, se espera que los casos se procesen de manera más ágil, lo que mejoraría la eficiencia del sistema judicial y reduciría los tiempos de espera para obtener una sentencia. Además, un sistema judicial más ágil y con mejor infraestructura permitiría descongestionar los tribunales y atender de manera más efectiva las demandas de justicia de la ciudadanía.
La reforma también aborda el problema de la interferencia política en los poderes judiciales locales, señalando que los gobernadores y otras autoridades suelen utilizar los presupuestos como una herramienta para influir en las decisiones judiciales. Para solucionar esto, se propone garantizar la autonomía financiera de los poderes judiciales locales.
Al garantizar la autonomía financiera, los poderes judiciales locales podrían operar sin interferencias políticas, lo que fortalecería su independencia y permitiría que los jueces tomen decisiones basadas únicamente en la ley. Esto también contribuiría a aumentar la legitimidad del sistema judicial local, ya que los ciudadanos tendrían la seguridad de que los jueces no están influenciados por intereses políticos.
Actualmente, cada uno de los 32 poderes judiciales estatales en México tiene sus propios criterios para la selección y capacitación de jueces y magistrados, lo que ha generado falta de consistencia en la calidad del personal judicial. La propuesta sugiere implementar una carrera judicial nacional que establezca criterios claros y objetivos para la selección y capacitación de jueces. Al estandarizar los criterios para la selección de jueces, se garantizaría que los mejores candidatos accedan a los cargos judiciales, lo que mejoraría la calidad de las decisiones judiciales y fortalecería la confianza en el sistema.
Además, una carrera judicial más estructurada ofrecería mayores oportunidades de desarrollo profesional para los jueces, lo que contribuiría a la profesionalización del sistema judicial.
4. Ética y legitimidad institucional: combatir la corrupción y el nepotismo
La corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial han sido uno de los mayores problemas para garantizar una justicia imparcial en México. La reforma propone una serie de medidas para combatir estas prácticas y fortalecer la ética institucional. Uno de los enfoques clave de la reforma es la creación de indicadores de calidad que permitan evaluar el desempeño de los jueces y garantizar que los procesos judiciales se centren en las personas y en ofrecer una experiencia de justicia justa y satisfactoria.
Al introducir indicadores de calidad, se mejoraría la transparencia en el funcionamiento del sistema judicial, lo que permitiría a los ciudadanos evaluar el desempeño de los jueces y de los tribunales. Estos indicadores también ayudarían a asegurar que los procesos judiciales no se conviertan en meros trámites burocráticos, sino que respondan a las necesidades reales de las personas, garantizando que los juicios sean percibidos como justos.
Para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial, se sugiere la creación de un órgano auxiliar independiente que se encargue de investigar y sancionar las conductas indebidas dentro del sistema judicial. Este órgano, al estar desvinculado de las estructuras tradicionales del Poder Judicial, tendría la capacidad de investigar de manera más objetiva e imparcial los casos de corrupción y sancionar de manera efectiva a los responsables.
La creación de este órgano también enviaría un mensaje claro sobre la tolerancia cero a la corrupción, lo que contribuiría a mejorar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. Otra de las propuestas es la creación de un servicio civil de carrera en las áreas administrativas del Poder Judicial, lo que cerraría los espacios para contrataciones basadas en favoritismos o relaciones familiares.
Al profesionalizar las áreas administrativas del Poder Judicial, se evitaría el nepotismo y se promovería una cultura de mérito, lo que mejoraría la eficiencia de la administración de justicia. Además, un servicio civil de carrera garantizaría que las decisiones administrativas se basen en criterios técnicos y objetivos, en lugar de en intereses personales o políticos.
5. Acceso a la justicia y desigualdad: un sistema más inclusivo y equitativo
Finalmente, la reforma pone especial énfasis en la desigualdad que enfrentan ciertos grupos sociales para acceder a la justicia en México. Las mujeres, las comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad a menudo se enfrentan a un sistema que no les brinda las mismas oportunidades que a otros sectores de la población.
Una de las medidas más progresistas de la reforma es la derogación de figuras jurídicas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que han sido criticadas por ser incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. La eliminación de estas figuras jurídicas permitiría proteger mejor los derechos fundamentales de las personas acusadas, evitando que sean privadas de su libertad de manera arbitraria. Esto también ayudaría a reducir los abusos en el uso del sistema penal, promoviendo un enfoque más garantista y respetuoso de los derechos humanos.
El documento también propone fortalecer los servicios de defensoría pública para garantizar que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan acceder a una defensa legal adecuada.
Una defensoría pública más fuerte proporcionaría un mayor acceso a la justicia para los sectores más vulnerables, lo que contribuiría a reducir la desigualdad en el sistema judicial y asegurar una mayor equidad en los procesos judiciales. Esto también ayudaría a garantizar que las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad tengan una representación legal de calidad, lo que mejoraría sus posibilidades de defensa y aumentaría la percepción de justicia.
Esta propuesta de reforma propone armonizar la tipificación legal del feminicidio en todos los estados y mejorar los protocolos de investigación, para garantizar que se investiguen y procesen de manera uniforme. Además, sugiere crear una estrategia global contra la trata de personas, con cooperación internacional para mejorar las investigaciones. La unificación de la tipificación del feminicidio permitiría que los casos sean investigados de manera más rigurosa y con criterios homogéneos en todo el país, lo que reduciría la impunidad y aumentaría la justicia para las víctimas.
Al establecer una estrategia global contra la trata de personas, se fortalecería la capacidad del Estado para proteger a las víctimas y procesar a los responsables de este delito, con un enfoque integral y coordinado.
La propuesta de reforma integral presentada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández no es solo un conjunto de sugerencias para mejorar el sistema de justicia, sino una visión estructural y a largo plazo para transformar profundamente las instituciones judiciales y de seguridad en México. Las propuestas están diseñadas para atacar las causas profundas de los problemas del sistema de justicia, desde la corrupción y la falta de transparencia hasta la desigualdad en el acceso a la justicia.
Si bien la implementación de estas reformas requerirá un compromiso político firme y una cooperación interinstitucional coordinada, su adopción podría marcar el inicio de un México más justo, seguro y equitativo, donde todos los ciudadanos, independientemente de su origen o situación económica, tengan acceso a una justicia imparcial y efectiva.
La reforma propuesta no solo busca resolver las deficiencias actuales, sino sentar las bases para un nuevo sistema de justicia, más transparente, accesible y humano. Sin duda, estamos ante un momento crucial en la historia de las instituciones de justicia en México, donde el cambio, aunque difícil, es no solo necesario, sino urgente.
Aplaudo que se reconozca la complejidad del sistema de justicia en México, un sistema que, a pesar de las reformas constitucionales y legales de las últimas décadas, sigue lejos de cumplir con las expectativas de justicia social y reparación que la sociedad demanda.
Desde una perspectiva feminista, se debe recordar que toda política de seguridad pública y de justicia debe incluir la seguridad de las mujeres en los espacios públicos, la garantía de acceso a la justicia sin estereotipos de género, y la protección frente a las fuerzas del Estado que, en muchos casos, son las perpetradoras de violencia. La justicia debe reconocer las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres, y en brindar soluciones centradas en las víctimas.
Es esencial que las reformas no solo busquen mayor celeridad en la resolución de los conflictos, sino que también se desmantelen las lógicas punitivistas que castigan la pobreza y realizan perfilamiento racial. Desde una mirada feminista, el sistema de justicia en México sigue siendo una deuda histórica con las mujeres. Las reformas propuestas son un primer paso, pero deben ir acompañadas de un compromiso real por cambiar las estructuras de poder y garantizar que todas las personas, especialmente las que están en contextos vulnerables, encuentren en el Poder Judicial un aliado y no un perpetuador de su sufrimiento. La justicia en México no será una realidad hasta que sea feminista, interseccional, y verdaderamente pronta y expedita.
Melissa Ayala. Coordinadora de documentación y litigio en GIRE.