“Aquel que no espera vencer, ya está vencido”.
—Benito Juárez, presidente de México 1858-1872
Territorio, población, gobierno, tamaño y características de la economía, poder militar, recursos naturales, seguridad alimentaria y posición geopolítica: todos estos son factores que definen el lugar que ocupan los Estados en el sistema internacional. Con variaciones, México se encuentra dentro de los primeros 15 lugares mundiales en extensión, habitantes y tamaño de Producto Interno Bruto; destaca por su biodiversidad, producción agrícola y recursos minerales; tiene costas en dos océanos y pertenece tanto a Norteamérica como a América Latina y al Caribe.
Ilustración: Augusto Mora
En la mayoría de los casos, las características y posición geográfica de México ofrecen oportunidades comerciales, atracción de turismo e intercambios culturales. Pero también suponen retos complejos: somos un país de origen y tránsito de personas migrantes hacia una economía en el norte con una constante necesidad de mano de obra, que a la vez alberga un mercado insaciable en el consumo de sustancias ilícitas y es el centro de producción y distribución de cerca de 40 millones de armas al año. Ello, aunado a otros factores como la desigualdad en nuestra población, ha dado como resultado una situación de inseguridad que, de múltiples formas, contiene el enorme potencial de desarrollo que tiene el país y atenta contra el bienestar de todas y todos los mexicanos.
Existen dos factores adicionales en la determinación del desempeño de los Estados, que tienen cierta independencia de cuestiones materiales: la interpretación que tienen de sí mismos y, con base en ésta, la forma en que actúan en la arena internacional para resolver sus problemas. Así como en las personas, la identidad de un país define cómo interpreta la realidad y, por lo tanto, cómo reacciona ante ella. Por ello, la manera en la que un país se percibe a sí mismo determina lo que considera permisible en sus interacciones con otros actores y los objetivos que persigue.
Cuando México se constituyó como Estado independiente, encontró un ambiente internacional sumamente hostil. Desde el principio enfrentó amenazas, pérdida de territorio e intervenciones de potencias extranjeras. En política, los orígenes marcan y la experiencia de México en sus primeras décadas de existencia se imprimió en su percepción del sistema internacional y la identidad que ha reproducido sobre sí mismo a partir de entonces. Cierto es que ello llevó a nuestro país a defender sus intereses por vía del derecho y a convertirse en un actor recurrente de métodos jurídicos de solución de controversias, así como constante arquitecto del derecho internacional, como lo sigue siendo hoy día. Pero aún con estos y otros matices, durante siglos México no había aceptado plenamente el papel que le corresponde en lo internacional. Los resultados se han traducido en una calidad de vida subóptima para sus habitantes y expectativas limitadas para el futuro en general.
Desde 2018, México cuenta con una política exterior motivada por el imperativo de cumplir con una transformación; se busca una modificación profunda y permanente del estado de cosas previo, así como de los valores y estructuras que encauzan sus acciones e interacciones. Queremos dejar de ser un país que se conforma con mantener equilibrios que no fomentan su desarrollo, para convertirnos en uno que crea las oportunidades que permitan a su población tener proyectos de vida y conseguirlos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha defraudado la promesa de transformación. Basta ver en los últimos tres años el papel que ha jugado la política exterior en la obtención de vacunas necesarias para enfrentar la pandemia y en insistir sin cansancio en una distribución justa de aquellas entre todas las naciones; en la relación con Estados Unidos y el alto nivel y resultados de los reactivados diálogos sobre economía y seguridad; en la relevancia de México en América Latina y el Caribe, promoviendo el diálogo entre países y, en algunos casos, al interior de ellos; en materia de asilo al recibir a grupos de personas que necesitaron abandonar su país; y, en el ámbito cultural, en la recuperación de piezas históricas invaluables que forman parte de nuestro patrimonio, entre otras acciones. Estas iniciativas no corresponden a las de un país que se limita a reaccionar. Son acciones de uno que crea oportunidades para sí y para otros en condiciones similares, y al que se le escucha por su autoridad moral y política.
La demanda que presentó el gobierno de México, por medio de la cancillería, en contra de productores y distribuidores de armas en Estados Unidos por prácticas comerciales negligentes e ilegales que promueven el tráfico de armas a nuestro país, es una de las acciones más contundentes de la política exterior de la transformación de México (el equipo legal de la SRE ha descrito diferentes aspectos de su contenido en este espacio en entregas el 12 de agosto, 31 de agosto, 7 de septiembre y 28 de septiembre).
Durante décadas, las empresas demandadas han obtenido ganancias millonarias a costa de la vida y la seguridad de los mexicanos. Dotan de armas al crimen organizado al facilitar su tráfico ilegal, al tiempo que exportan legalmente armas a las fuerzas armadas mexicanas. ¿Por qué entonces no cuestionar el interés de una industria que se beneficia económicamente de la muerte, las heridas y la constante sensación de miedo que vivimos en nuestro país? La falta de vigilancia y seguridad de sus sistemas de distribución, así como la recurrencia a prácticas comerciales laxas y sin control —como ferias de armas y ventas caseras— crean una infraestructura que provee permanentemente al crimen organizado de armas de alto poder. Como consecuencia, varios de estos grupos poseen equipo similar al del ejército estadunidense.
El desgaste para las fuerzas del orden, la procuración de justicia y las instituciones del gobierno mexicano son mayores. Los efectos directos son lesiones, pérdida de movilidad y productividad de las personas, costos de tratamiento y rehabilitación de las víctimas, aumentos en el gasto en materia de seguridad, por mencionar algunos. Entre las consecuencias indirectas vemos incremento en seguridad privada y en el costo del comercio y de pólizas de seguro, reducción en la esperanza de vida, afectaciones a industrias y sectores económicos —incluyendo el agrícola—, disminución del valor de inmuebles, contracción de la inversión nacional y extranjera, anomalías en patrones de consumo y ahorro, deserción escolar y violencia intrafamiliar, entre otros. Así, los cuantiosos recursos que México destina a atender estas consecuencias dejan de invertirse en proyectos de desarrollo, lo cual limita el crecimiento económico y el bienestar de nuestra población. Las consecuencias del tráfico ilícito de armas comprometen el futuro de nuestro país.
Durante muchos años y sobre todo en los últimos, México ha emprendido acciones unilaterales, bilaterales y multinacionales ambiciosas para combatir el tráfico de armas. El único eslabón que faltaba era revisar las acciones de empresas privadas y, con ello, atender las causas de origen del fenómeno. Por ello, en lugar de procurar y desplegar mayor poder de fuego frente la amenaza del crimen organizado, lo cual supondría una espiral de violencia que nadie desea, recurrimos nuevamente al derecho y a las cortes. Y lo hacemos de forma estratégica.
La demanda ha recibido muchas críticas, la mayoría de ellas con fundamentos endebles. Argumentan que México busca deslindarse de su responsabilidad en materia de seguridad, que la causa de la violencia en el país es la negligencia de sus instituciones e, inclusive, que tal cantidad de armas de fuego en circulación es culpa de nuestras fuerzas estatales y de la deserción de policías y militares. Han dicho también que el litigio no tiene posibilidades de ganarse, que México reclama a las empresas lo que debiera exigir al gobierno estadunidense, que las armas vienen de otros países, que es una intervención en asuntos internos de Estados Unidos. La mayoría de estos pronunciamientos provienen de las empresas demandadas, sus representantes o grupos afines y buscan desprestigiar la iniciativa mexicana, para mantener el estado de cosas que les propicia ganancias millonarias. El resto deriva del desconocimiento sobre el litigio, así como de una mentalidad acostumbrada a que México desempeñe un papel secundario en el sistema internacional y en su propia historia, impregnada por las experiencias traumáticas del siglo XIX. La demanda es una oportunidad de abandonar esta interpretación de la realidad y de nosotros mismos, de ver a México como un país que se defiende legítimamente ante cualquier injusticia o abuso; un país que practica y hace valer la igualdad jurídica de los Estados, piedra angular del derecho internacional.
¿Cuántas de las hazañas más grandes en la historia se hubieran llevado a cabo si la decisión de emprenderlas se hubiera basado en las adversidades o posibilidades de fracasar? Además de ser un derecho del gobierno mexicano, presentar la demanda es una responsabilidad moral; por los policías y miembros de las fuerzas armadas asesinados con armas que no debieron estar en manos criminales, por tantos ciudadanos —padres y madres de familia e hijos— que se han convertido en daños colaterales, por los años que se han restado a la esperanza de vida de los mexicanos, por los negocios y sueños que se han truncado, por pueblos abandonados y lugares que ahora son intransitables, por el miedo que permea en la vida cotidiana en muchas regiones del país.
Como muchas otras acciones de política exterior lideradas por el Canciller Marcelo Ebrard, la cuestión no era si se presentaba o no la demanda, sino cómo y cuándo.
A partir del día lunes 22 de noviembre —fecha en que las empresas demandadas presentarán su respuesta a la demanda—, la reacción de éstas contra el gobierno de México será mayor, pues estará alimentada por el poder económico y político de una de las industrias más poderosas del mundo; pero pocos ataques tendrán el efecto deseado en contra de un país que confía en sí mismo y que defiende causas justas. México sabe que las acciones se convierten en precedentes y, si se repiten, en prácticas y estructuras. Con iniciativas como ésta, México seguirá defendiendo sus intereses, tal como lo hizo al llevar el caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia, utilizando todas las herramientas y recursos a su alcance, sin subordinar sus acciones a las molestias que podrían causar a quienes han tomado por sentado a nuestro país.
Alejandro Celorio Alcántara. Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinador del litigio en contra de las empresas estadunidenses cuyas prácticas comerciales negligentes facilitan el tráfico ilícito de armas a México.