El voto preferencial —o el voto de preferencia dentro de listas— parte de una premisa democrática atractiva: que la ciudadanía elija a quién va a ser candidato dentro de un partido. Sin embargo, la literatura comparada en Ciencia Política ofrece evidencia consistente de que este mecanismo no resuelve los problemas de representación que pretende corregir y, en varios casos, los agrava. Diversos estudios realizados en diferentes contextos han mostrado que los sistemas que exigen el “voto personal” generan incentivos sistemáticos que distorsionan la relación entre representantes y representados, favoreciendo el personalismo –por encima de la representación programática– y debilitando a los partidos políticos.
Los hallazgos principales sostienen que este tipo de sistema ha generado una serie de inconvenientes:
Favorece a las candidaturas que tiene recursos y que son incumbentes
El voto preferencial convierte la elección en una competencia de visibilidad y financiamiento entre personas que están dentro de un mismo partido. La evidencia muestra que quienes más se benefician son los candidatos ya conocidos –los que ya están en el poder y otras figuras mediáticas– y no necesariamente a los más representativos para el electorado. La ventaja incumbente se confirma en contextos muy distintos. Tanto en Ecuador, Honduras o Indonesia, como en Finlandia, los análisis han demostrado que las candidaturas ubicadas al inicio de la boleta obtienen de forma sistemática más votos preferenciales y que el efecto de la posición en la boleta se vuelve más fuerte conforme aumenta la complejidad del entorno electoral, evidenciando que el electorado sigue atajos cognitivos y sesgos de todo tipo en lugar de ejercer una preferencia informada.
Fragmenta los partidos y genera clientelismo
El voto preferencial crea incentivos estructurales para el clientelismo, el patronazgo y los vínculos informales, en detrimento de agendas programáticas colectivas. Esto debilita los vínculos de cooperación entre las personas que compiten y que son miembros de un mismo partido. Esa competencia debilita de manera interna a los partidos políticos. Los sistemas de lista abierta y los del voto preferencial generan una intensa competencia entre la militancia y la dirigencia dentro de un partido. Esta conexión causal entre lista abierta o voto preferencial y clientelismo está documentada en Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y otros países que emplean este tipo de sistema. El estudio de Barry Ames sobre el legislativo brasileño ha sido clave para nuestro conocimiento sobre cómo los legisladores desarrollan estrategias de “atrincheramiento” territorial para asegurar votos personales en áreas geográficas específicas, consolidando redes clientelares en lugar de representación de intereses generales.
Incentiva la corrupción política
Uno de los hallazgos más citados y replicados es la asociación entre voto preferencial y corrupción. El mecanismo causal es preciso: los candidatos necesitan financiamiento personal para competir con sus propios compañeros de lista, lo que los impulsa a buscar fuentes ilícitas. Es tanta la dispersión que se genera en la competencia –debido a que cada candidato compite solo y no necesariamente con el apoyo del partido– que se multiplican las oportunidades de emplear recursos no formales o ilegales para financiar la candidatura. Por eso, la competencia es mucho más personalista e individualista y mucho menos cooperativa.
Perjudica la representación de las minorías
Contra la intuición de que dar más poder de elección al votante beneficia a los grupos subrepresentados, la evidencia teórica y empírica apunta en dirección contraria. La experiencia muestra que existe una relación negativa clara entre el número de votos preferenciales que los votantes pueden emitir y la representación de las minorías en los Congresos. En términos prácticos, este resultado implica que los sistemas con boletas largas y múltiples preferencias son los más perjudiciales para los grupos minoritarios o subrepresentados de nuestras sociedades. Es más, también sabemos que el voto preferencial no funciona bien con medidas de acción afirmativa. Con la aprobación del voto preferente, las cuotas para los grupos subrepresentados dejarían de ser eficientes porque aún cuando las boletas se armen respetando lo que dice la ley, en la práctica, el electorado “romperá los candados” que se coloquen desde el diseño institucional.
Perjudica la representación de mujeres
La evidencia sobre el efecto del voto preferencial en la representación de las mujeres es negativa de manera consistente. La Ciencia Política ha realizado muchas investigaciones durante las últimas décadas que evidencia que las mujeres obtienen mejores resultados electorales cuando compiten en listas cerradas y bloqueadas, donde su posición en la lista es determinada por el partido y, en su caso, donde existen mecanismos de exigencia paritaria y la ley establece formas claras de dónde deben ir ubicadas en las listas. El mecanismo es doble: los partidos en sistemas cerrados tienen incentivos para ubicar a mujeres en posiciones elegibles –y aún más donde la ley les obliga a hacerlo–, mientras que en sistemas abiertos el sesgo del votante opera libremente. La ventaja incumbente se potencia en sistemas con voto preferencial, dado que la mayoría de los cargos que están en el poder son de hombres. Tanto los partidos como los votantes colocan y premian de forma estratégica a los hombres.
Erosiona la cohesión partidaria y la representación programática
El voto preferencial no sólo afecta a quién gana, sino cómo legisla quien gana. Los representantes tienen incentivos para priorizar demandas locales o sectoriales por encima de proyectos colectivos. Esto significa que el voto preferencial puede crear incentivos para que los partidos acomoden candidaturas con posiciones divergentes, diluyendo la representación programática.
Debilita la democracia interna
Los actores que impulsan la aprobación de reformas con voto preferencial lo hacen bajo una promesa: democratizar partidos y crear vínculos directos con los candidatos. Los resultados de las experiencias donde se aprobó el voto preferencial en América Latina fueron catastróficos: guerra interna partidaria, personalización extrema, clientelismo, campañas carísimas y exclusión de mujeres. Además de, por supuesto, debilitamiento de los partidos que pretendían democratizar. Esa anhelada idea de mejorar la democracia interna no funcionó.
El voto preferencial sustituye el control oligárquico de las cúpulas partidarias por el control de quienes tienen capacidad de movilización, recursos económicos y visibilidad pública. La representación no mejora porque el problema de fondo —la desigualdad de poder entre las y los ciudadanos— no se resuelve cambiando sólo el mecanismo de selección dentro de la lista. La literatura comparada es consistente: el voto preferencial tiende a favorecer a incumbentes, fomentar el clientelismo, incentivar la corrupción, perjudicar a minorías, penalizar y reducir la representación de las mujeres. Sin reformas complementarias en financiamiento de campañas, cuotas de género y diseño de distritos, el voto preferencial opera como una promesa de democratización que profundiza las asimetrías que declara corregir.
Flavia Freidenberg
Politóloga, investigadora en el IIJ, UNAM. Sus líneas de investigación son el análisis de elecciones, sistemas de partidos, reformas electorales, e instituciones informales