Llevamos años señalando, como estribillo, que en México el acceso a la justicia es un derecho gravemente vulnerado, especialmente para las mujeres y los grupos históricamente discriminados. Justo por ello lo responsable es pronunciarnos desde otro lado, distinta a la cantaleta de estos días, y, así, no sólo cambiar de estrofa sino reescribir el ritmo y reescribir las letras de lo que entendemos como justicia.
En EQUIS Justicia para las Mujeres, tras más de 12 años de trabajo e investigación, hemos identificado serias deficiencias y puntos ciegos en los poderes judiciales del país que perpetúan las injusticias y la desigualdad en la sociedad. Y, por ello, es indispensable poner el foco en identificar las formas en que las instituciones judiciales refuerzan esas barreras de acceso a la justicia y perpetúan las desigualdades de género, clase y raza para poder hacer propuestas efectivas, que transformen de raíz nuestro sistema de justicia. Nuestra propuesta es, por supuesto, un modelo de justicia abierta feminista.
Hay dos situaciones que se cruzan y se retroalimentan, la desconfianza y la desinformación. La Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021)1 revela que 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia en algún momento de su vida, pero la mayoría no busca ayuda debido a la desconfianza en las instituciones y el miedo a la revictimización. Sólo 27 de cada 1000 mujeres víctimas de violencia de pareja solicitan ayuda, cifra que empeora en el caso de violencia comunitaria, donde únicamente 8 de cada 1000 solicitan ayuda. Este grave déficit de confianza no es un dato menor, es una crisis estructural en el sistema judicial.
Esto se explica y se retroalimenta cuando vemos que la ciudadanía percibe a los jueces y juezas como la segunda autoridad más corrupta después de la policía de tránsito. Las mujeres son quienes más tienen esta percepción (67.6% mujeres frente a 64.5% de los hombres).2 Esta percepción parece normal porque el sistema judicial, a pesar de las reformas de transparencia, aún muestra reticencias a la publicación de sentencias, que sigue siendo insuficiente y arbitraria -¿cómo escudriñar el actuar público sin información?-. En 2021, sólo seis poderes judiciales reportaron la publicación de todas sus sentencias y; en 2022, la calidad y completitud de los registros seguían siendo cuestionables.3.
Con el informe No es justicia de EQUIS4 evidenciamos que las sentencias judiciales a menudo ignoran o minimizan la violencia de género. Es un claro ejemplo de cómo los patrones patriarcales y misóginos no son simplemente opiniones y pueden violentar derechos. El análisis de más de 100 sentencias mostró que un 47% de jueces/juezas invisibilizan las violencias, un 69% no protegen a las mujeres y un 86% no reparan integralmente los daños. Hemos encontrado ejemplos de sentencias que incluyen comentarios tan intolerables como "Debe tomar terapia para adecuarse el rol de madre tradicional mexicana" o "Es imposible que una mujer no sepa que está embarazada", evidenciando un sesgo patriarcal de base en las personas que emiten las sentencias.
Porqué muchas mujeres quedan fuera del sistema
La falta de información desagregada sobre diferentes ejes de interseccionalidad que atraviesa a las mujeres nos deja sin datos sobre las mujeres indígenas, lesbianas, bisexuales y trans, lo que se traduce en vacíos y barreras para el acceso a los derechos. Esta falta de datos y análisis desagregados sobre cómo la diversidad de mujeres accede, o no, a la justicia refleja un sistema que ni las ve, ni las incluye, ni protege adecuadamente.
En general apenas existen datos que evidencien si se trata de mujeres indígenas. Por ejemplo, tampoco no existen estadísticas claras sobre cómo se resuelven los casos de mujeres indígenas en tribunales agrarios, cuando el acceso a la tierra es vital en comunidades rurales y campesinas. Sólo sabemos que 7 de cada 10 personas con territorios son hombres, y en estados como Yucatán, meramente 13 de cada 100 ejidatarios son mujeres,5 lo que muestra una profunda brecha de género en el acceso a la tierra.
En nuestro reciente ejercicio de Auditoría Judicial Ciudadana sobre el Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas, realizado de manera participativa con colectivos de mujeres indígenas y colectivos de mujeres LBT (por publicarse), concluimos que todo es incierto sobre nosotras frente a la justicia judicial. No hay información. No existe estadística sobre la resolución de casos, ni procesos; no hay información sobre sentencias, ni análisis de éstas. En resumen, no hay datos que nos permitan medir el acceso a justicia de estos grupos sociales frente a los tribunales. Estamos muy lejos de que la justicia sea tan universal, que nos alcance a todas, tan igualitaria que nadie se quede atrás, y muy lejos de que la justicia sea para nosotras.
Otro punto importante es la criminalización de la pobreza. No sólo algunos grupos sociales quedan fuera del sistema y del acceso a derechos, sino que además son colectivos criminalizados. El encarcelamiento de mujeres ha aumentado un 22% en los últimos seis años,6 afectando principalmente a mujeres jóvenes, con baja educación y en situación de pobreza. Muchas de ellas son víctimas de violencia familiar y viven en condiciones de extrema vulnerabilidad antes de su encarcelamiento. Un tercio de las mujeres en prisión están allí por delitos de robo, y la mayoría tiene responsabilidades de cuidado familiar. Esto revela cómo la pobreza y la desigualdad estructural son penalizadas por el sistema judicial.
Los datos nos ayudan a entender el contexto en el que se producen los conflictos con la ley, y cómo los factores de desigualdad operan a nivel estructural para criminalizar la pobreza. Toda esta vulneración de derechos, toda esta falta de garantía de oportunidades por parte del Estado, es penada por las y los jueces cuando se aplican fórmulas penales a rajatabla, sin considerar las causas y factores por las cuales se involucran en delitos, en medio de un contexto de garantías y derechos básicos negados a determinados grupos poblacionales. Cuando la justicia no se hace cargo de los contextos de desigualdad termina castigando y criminalizando a las víctimas y sobrevivientes de este sistema desigual.
Porqué la reforma judicial de AMLO busca control político más que justicia
Las propuestas actuales de reforma judicial en marcha (Plan C) deberían enfocarse en mejorar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, no sólo centrarse en mecanismos de control para la elección de magistrados/as y jueces y la reducción de salarios. Además, particularmente, la propuesta de votación popular para jueces, magistrados/as y ministros/as plantea riesgos significativos debido a la falta de información y comprensión de la ciudadanía sobre las funciones judiciales.
En la misma línea, de poca resolución y mucho control, la participación real no se está potenciando. La mayoría de los poderes judiciales carecen de mecanismos efectivos de participación ciudadana. Según el informe (In)Justicia Abierta de 2019,7 de EQUIS, sólo 2 de 32 poderes judiciales contaban con mecanismos de participación ciudadana reales y significativos. Desde nuestra visión, la participación ciudadana tendría que ir dirigida a mejorar la calidad de los servicios y políticas que garanticen el acceso a la justicia, en donde actoras sociales puedan, de manera activa y permanente, colaborar. Esto implicaría la posibilidad de constituirse como observatorios ciudadanos e, incluso, de integrar consejos consultivos o directivos con capacidad de toma de decisiones, los cuales de incorporaran a las propias estructuras orgánicas de los poderes judiciales. Cuando esto suceda, estaremos hablando de una democratización del sistema de justicia. Para lograrlo, el voto no es suficiente. Es preciso meternos a las entrañas de los problemas y, a su vez, a la construcción de soluciones de justicia.
¿Para qué proponemos un modelo de justicia abierta feminista?
Nuestra propuesta es la construcción conjunta de un modelo de justicia abierta feminista. Un modelo que busca, en efecto, democratizar los poderes judiciales, garantizar una justicia accesible en todos los territorios, para todas las personas, y asegurar que las políticas judiciales estén basadas en evidencia y diseñadas con la participación ciudadana. ¿Por qué queremos esto? En principio, para lograr lo siguiente:
Para democratizar el Poder Judicial. Para favorecer la participación ciudadana es necesario implementar mecanismos que incluyan a la sociedad civil, la academia y el sector privado. Crear consejos consultivos plurales y diversos para supervisar y evaluar las políticas judiciales. Estos consejos deben tener voz y voto en la toma de decisiones y estar integrados en los organigramas judiciales. En México existen ejemplos de poderes judiciales que han comenzado a implementar prácticas de justicia abierta y colaboración con la sociedad civil.
Para que la justicia llegue a todos los territorios. Es crucial que los servicios judiciales lleguen a todas las regiones del país. Ya existen prácticas de justicia itinerante creadas con el objetivo de llegar principalmente a comunidades indígenas donde apenas hay instituciones del estado. Proponemos institucionalizar estas prácticas de justicia itinerante y fortalecer los vínculos con autoridades comunitarias. La clave, en este caso, es que estos servicios sean una política establecida, no una iniciativa voluntaria o buena práctica que no sea sostenible en el tiempo.
Para asegurarnos que las designaciones sean transparentes y representativas. Para conseguir que la selección de jueces/juezas sea acorde a la representatividad social debemos asegurar procesos de selección transparentes y participativos para jueces/juezas y magistrados/as. Evaluar su desempeño de manera cualitativa, basado en la calidad de las resoluciones y el respeto a los derechos humanos, no sólo en la cantidad de casos resueltos. Crear mecanismos efectivos de participación ciudadana en los procesos de selección y permanencia, y asegurar que estos reflejen la diversidad social del país.
Para que los procesos judiciales sean accesibles y comprensibles. Es clave simplificar y hacer comprensibles los procesos judiciales. Eliminar tecnicismos innecesarios y adaptar los procedimientos para ser culturalmente pertinentes y accesibles para todas las personas. Es urgente revisar los códigos procesales para priorizar la sustancia sobre la forma y el análisis contextual sobre la rigidez temporal.
Para diseñar políticas judiciales basadas en evidencia. La recopilación y análisis de datos desagregados por género, etnia, orientación sexual y otros factores es clave para tener una fotografía más real de la situación, que nos permita diseñar políticas judiciales inclusivas y efectivas. La falta de datos específicos ha sido una barrera significativa para entender y abordar las desigualdades en el acceso a la justicia.
Para asegurarnos que todo se haga realidad: Presupuesto autónomo y progresivo. Debemos definir criterios para garantizar que los poderes judiciales cuenten con los recursos necesarios para operar de manera eficiente y autónoma. Es indispensable asegurar que el presupuesto sea suficiente, bien ejecutado y sometido a mecanismos de rendición de cuentas claros y públicos.
Para contar con profesionales a la altura de las circunstancias, más formación continua y evaluación de impacto. Necesitamos fortalecer los programas de formación para jueces/juezas y personal judicial, evaluando su impacto en la calidad de las resoluciones. Incluir perspectivas de derechos humanos, de género y justicia interseccional en todas las capacitaciones. Evaluar, no sólo la cantidad de formación recibida, sino también su efectividad en la práctica judicial.
Para crear de entornos laborales justos. Necesitamos rediseñar políticas para crear espacios laborales en los poderes judiciales que sean justos, igualitarios y libres de violencia y discriminación. Abordar de manera efectiva las violencias internas, como el acoso laboral y sexual, y asegurar que las personas integrantes del poder judicial trabajan en un ambiente respetuoso y seguro.
Ahora bien, este modelo de justicia abierta feminista no es una solución cerrada, ni centrada únicamente en las mujeres, sino un proceso continuo de diálogo y participación que nos permitirá construir un sistema judicial inclusivo y equitativo, capaz de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, colectivos y pueblos. Sin dejar a nadie atrás. Es hora de transformar radicalmente nuestras instituciones judiciales para que realmente sirvan a la sociedad y para mejorar la vida de cada una de las personas, particularmente de aquellas que, históricamente, hemos sido excluidas del acceso a la justicia. Lo que pasa en los tribunales nos afecta a todas. La justicia abierta feminista es una apuesta y una aportación política a las justicias de toda la población.
Fátima Gamboa. Directora de EQUIS Justicia para las Mujeres
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. INEGI. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023), INEGI, México., 2023. Disponible en: ENVIPE 2023.
3 EQUIS Justicia para las Mujeres AC. Justicia Abierta: Ranking 2021, EQUIS Justicia para las Mujeres AC, México., 2021. Disponible en: equis.org.mx/wp-content/uploads/2022/10/Justicia-Abierta-Ranking-2021.pdf
4 EQUIS Justicia para las Mujeres AC. No es Justicia: Análisis de sentencias y resoluciones judiciales del país, EQUIS Justicia para las Mujeres AC, México., 2021
5 Registro Nacional Agrario (RAN)
6 Elaboración propia, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México, 2021. Disponible en: ENPOL 2021.
7 EQUIS Justicia para las Mujeres AC.(IN)Justicia Abierta: Ranking de la opacidad judicial en México S EQUIS Justicia para las Mujeres AC, México, 2019