PRESENTACION. El juego de la Suprema Corte

El arribo de la democracia a México desencadenó un conjunto de cambios que rebasaron la dimensión electoral. El nuevo pluralismo político propició significativas transformaciones en la dinámica de diversas instituciones. Algunas de éstas se circunscribieron, afortunadamente, a una deseable lógica democrática. Este es el caso de la Suprema Corte de Justicia, que se erigió en el árbitro encargado de interpretar las imprescindibles reglas para desahogar los conflictos propios de la diversidad política y social: la Constitución.

La Suprema Corte, efectivamente, en los últimos diez años ha adquirido una enorme relevancia en el diseño y organización institucional del país. Se trata del lugar que le corresponde a un tribunal constitucional en una democracia moderna: dirimir conflictos entre poderes, fijar los alcances de las libertades fundamentales, definir la autonomía de los poderes privados… Trazar, pues, los linderos de la estructura estatal.

Durante el régimen priísta, como se sabe, la Constitución fue un ramillete de buenos deseos: útil como instrumento legitimador de un sistema de dominación política, pero irrelevante para resolver las diferencias sociales. México vivió una siesta constitucional durante décadas. Y no despertó sino hasta que la Suprema Corte se consolidó como tribunal constitucional (1995) y el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados (1997). A partir de ese momento, el pluralismo exigió un piso común, un conjunto de dispositivos normativos capaz de resolver los acertijos propios a la nueva circunstancia. Y, por ello, ante la enorme necesidad de darle vida al texto constitucional, resultó inevitable el surgimiento de la Corte como institución medular para el país.

Lo curioso, sin embargo, es que si bien hoy en día es indudable la relevancia de la Suprema Corte, también es claro que ésta resulta un poder un tanto exótico para diversos medios de comunicación, algunos de los otros órganos estatales e, inclusive, para ciertos sectores académicos e intelectuales. En los últimos años, ciertamente la opinión pública se ha interesado más por esta institución, ahora se escudriña con mayor frecuencia varios de los aspectos que giran alrededor de su desempeño. Y no sólo cuando se presenta un asunto atractivo en términos mediáticos. Mas no hay que olvidar que este interés aterriza en un país con una cultura judicial inocua, donde la dinámica política, económica y social consideraba hasta hace muy poco el trabajo de este órgano jurisdiccional como una extensión más del poder ejecutivo federal.

¿Qué existe detrás del adornado lenguaje judicial y del singular sentido de la moda de nuestros ministros? ¿Se trata sólo del último peldaño en la pirámide jurisdiccional encargada de aplicar abigarradas fórmulas constitucionales? ¿Es efectivamente un órgano de decisión estrictamente jurídica o se trata más bien de una institución de carácter político en el sentido más amplio del término? ¿Cuáles son los ingredientes que deben nutrir el quehacer de una corte constitucional y, a partir de los cuales, se debiese evaluar la labor del máximo tribunal mexicano? Estas son apenas algunas de las preguntas que urge que se inserten en el debate público, siguiendo puntualmente los asuntos que resuelve la Suprema Corte, y sin olvidar la discusión que se suscita en otros países sobre estos temas.

Así, este nuevo contexto: la Corte como institución clave en la vida democrática del país, junto con la urgente tarea de insertar su labor en la discusión pública y de coadyuvar al desarrollo de una cultura judicial, es el resorte que impulsa a la revista Nexos a lanzar una sección enfocada a nuestro tribunal constitucional: El juego de la Suprema Corte. Un espacio en formato enteramente on-line cuya ambición consiste en exprimir el potencial informativo de los recursos de multimedia para promover un nuevo periodismo judicial. Uno que de manera ágil traduzca las decisiones jurisdiccionales de un lenguaje barroco a uno mucho más accesible y que desmenuce el sentido de las sentencias así como los argumentos que las sostienen; que se preocupe por analizar las consecuencias sociales, económicas y políticas de las resoluciones de la Suprema Corte con el apoyo de juristas pero también de expertos en otras parcelas del conocimiento; y que observe a través del ojo de la literatura ese extraño mundo de solemnidades de nuestros jueces constitucionales y, en general, del sistema mexicano de justicia.

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Ahora bien, ¿por qué El juego de la Suprema Corte? El nombre de la sección encuentra su origen en la obra más conocida de Johan Huizinga: Homo ludens, el juego y la cultura[1]. La idea que recorre las páginas de este texto es que el juego, más que una manifestación cultural, es la semilla de la cultura misma. Es el juego, y no la reflexión o el trabajo, el ingrediente decisivo para el caldo cultural. Y de ahí la imposibilidad de retratar al hombre mediante estampas como homo sapiens u homo faber. Simplemente la cualidad lúdica se encuentra en el lenguaje, la poesía, la guerra, el arte… Y en el derecho.

Para Huizinga, efectivamente, el derecho y, en concreto, los procesos jurisdiccionales no escapan de la esfera del juego. En un ágil recorrido desde los antiguos procesos para resolver conflictos hasta el derecho moderno, el sociólogo holandés encontró que detrás de la solemnidad propia de las esgrimas legales, el trabajo de un tribunal es siempre una juguetona danza que se expresa en la competencia de las partes frente a los jueces, la disputa entre diferentes estrategias verbales y en la inevitable dosis de incertidumbre al momento de resolver un caso. Huizinga, de esta manera, nos facilita el lente adecuado para entender la labor de nuestra Suprema Corte: se trata de una arena de juego única en el entramado institucional en el que compiten diferentes proyectos y visiones del mundo. Una cancha privilegiada para el peloteo de los valores que integran la pluralidad de las democracias contemporáneas. Y donde el juego consiste en definir los valores que protege la Constitución y la forma idónea de protegerlos.

El forcejeo, vale subrayarlo, no sólo se da entre las partes que buscan una resolución favorable a sus intereses. Más aún: la verdadera pugna por formalizar mediante sentencias ciertas ideas y concepciones se da entre los mismos ministros. Es ahí donde la cualidad lúdica brota en su mayor expresión. El momento en que nuestros jueces constitucionales, a través de diferentes estrategias, logran mayorías para que prevalezca cierta lectura de las libertades y de las competencias estatales. Esto agrega otro aspecto lúdico: la creatividad. Pues, finalmente, aquellas visiones e ideas formalizadas jurídicamente no son inmutables. Por un lado, la minoría de los ministros puede eventualmente revertirlas en el futuro y, por el otro, es necesario someterlas a una constante relectura en relación con los cambios de la sociedad. El juego es permanente. Esto significa que, más allá de los procedimientos y requisitos formales, el aspecto más importante de nuestro máximo tribunal es esa disputa racionalizada por la definición de los valores y proyectos de nuestra democracia. Y ese es el juego que Nexos seguirá a través de este nuevo espacio.

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Pero si El juego de la Suprema Corte busca acercar al centro de la opinión pública a nuestro tribunal constitucional, el siguiente paso es establecer una trinchera para criticar su desempeño. No hay que olvidar que en una democracia, como señaló Jorge Cuesta, cualquier autoridad es una autoridad imperfecta expuesta necesariamente a la crítica; una autoridad siempre bajo escrutinio sin la posibilidad de alcanzar nunca la consagración definitiva[2]. Y, por ello, nuestros dardos críticos tendrán como guía la máxima de George Orwell: decirle al poderoso lo que no quiere escuchar.

En este sentido, consideramos que ante la enorme relevancia que han adquirido sus decisiones, la Suprema Corte no ha respondido con una reflexión clave y urgente: qué tipo de tribunal constitucional se necesita para sortear el complejo proceso de consolidación democrática del país. No hay, claro está, una respuesta unívoca. Pero, sin duda, la discusión que se generaría a partir de esta cuestión sería el detonante para un profundo proceso de autocrítica respecto los múltiples aspectos que integran la función jurisdiccional.

¿Es razonable, por ejemplo, que la extensión de no pocas sentencias siga rebasando las quinientas páginas cuando en otros países rara vez exceden las cien páginas? ¿Es oportuno diseñar un sistema de búsqueda de jurisprudencia conforme las nuevas tecnologías y desechar el actual sistema que es risible de lo obsoleto? ¿Sería provechoso nutrirse de la experiencia de otros tribunales constitucionales del mundo en vez de seguir resolviendo con un orgulloso autismo jurisdiccional? ¿Se podría hacer más eficiente la estructura administrativa al eliminar la recurrente duplicidad de funciones? ¿Es posible apuntalar la legitimidad de la institución meramente con comunicados de prensa que inclusive tienen errores de sintaxis? Estas preguntas y muchas más siguen sin siquiera formularse al interior de la Suprema Corte. Ante la compleja circunstancia del país, nuestro tribunal constitucional trabaja con una injustificada autocomplacencia. Una vanidad que se regodea de un status quo que refleja una inercia terrible: las cosas se hacen bien porque así se han hecho desde siempre. Pero como dijo la filósofa española María Zambrano: “La vanidad es una hinchazón de algo que no ha logrado ser y se hincha para recubrir su interior vacío”[3]. Es cierto: detrás de esa vanidad no hay nada, más que un provinciano celo por proteger feudos, fruto de la más grotesca lambisconería y nepotismo.

El ejercicio crítico, sin embargo, exige subrayar matices, señalar excepciones y no ceder ante los coqueteos del maniqueísmo. En este sentido, es necesario mencionar que también ha habido avances importantes. En los últimos años, la Suprema Corte ha impulsado una política de transparencia en la función jurisdiccional, se han realizado algunos ejercicios de reflexión -aunque muchas de las propuestas que resultaron de éstos no se han implementado, inclusive en temas donde la Corte no depende de la colaboración de los poderes Legislativo y Ejecutivo[4]– y se han adoptado un puñado de decisiones que robustecen los derechos fundamentales y organizan mejor las facultades estatales. Las asignaturas pendientes, no obstante, siguen siendo mayúsculas. Existen ministros y funcionarios administrativos, también hay que apuntarlo, cuya preocupación ciertamente es mejorar la función jurisdiccional y tienen una visión de cómo lograr ese objetivo. Lo cual, independientemente de que estemos de acuerdo con ésta, es la condición indispensable para aguijonear el urgente debate sobre el rumbo que debe seguir la Corte. El problema es que se trata de una minoría. Es más: una minoría excéntrica en un poder fatuo de la falta de autocrítica institucional.

Es, por ello, que El juego de la Suprema Corte estará también pendiente del proceso de renovación de los ministros. Una oportunidad que ocurre cada dos años, donde se sustituyen dos de los once ministros que integran la Suprema Corte, y que no ha sido sometido al escrutinio que amerita. Se trata de la única oportunidad de cambiar realmente a la Suprema Corte, elevando el nivel de sus integrantes. Y, de esta manera, empezar a modificar el sello de casa de nuestro tribunal constitucional: vanidad, mediocridad y patrimonialismo.

Saúl López Noriega. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

[1] Huizinga, Johan, Homo ludens. El juego y la cultura, FCE, 2008 (primera edición en holandés 1938).

[2] Cuesta, Jorge, “La muerte de la democracia” en Ensayos políticos, UNAM, México, 1990 (primera publicación del ensayo 1963, periódico El Nacional), pp. 96-7.

[3] Zambrano, María, Hacia un saber sobre el alma, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 41.

[4] Me refiero aquí en concreto al encomiable e interesante esfuerzo que implicó la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, que resultó en el llamado Libro Blanco de la Reforma Judicial (www.scjn.gob.mx) cuyas conclusiones e interpretaciones estuvieron a cargo de José Antonio Caballero Juárez, Sergio López Ayllón y Alfonso Oñate Laborde.