Muchas son las discusiones y análisis que se han generado en torno a la reforma constitucional del Poder Judicial que no son tema de este espacio. La intención es reivindicar las ventajas de un sistema federal que, ante la reforma en cuestión, abre la posibilidad a las entidades de ser innovadoras en la procuración y administración de justicia. Si lo que la reforma judicial busca es “llevar justicia al pueblo”, sólo los estados y municipios, de los que depende la atención de los delitos de fuero común, podrán cumplir el objetivo. Es menester resaltar la importancia de revalorar el sistema de justicia local como verdadero mecanismo para reducir el crimen y la impunidad, muy por encima de las armas.
En México, nueve de cada diez delitos son tratados como de fuero común y depende de los estados y municipios su atención. Según Impunidad Cero, del total de delitos registrados, 93 % ni se investigan ni se castigan. Además, el estudio concluye que la ciudadanía percibe elevados niveles de corrupción en las instituciones de primer contacto: las fuerzas policiacas y los ministerios públicos, lo que mantiene un elevado rechazo a la denuncia. Así, los malos resultados, aunados a la drástica reforma judicial (a un poder que es el último eslabón del sistema de justicia), por controvertida que sea, abren una oportunidad extraordinaria para que los estados diseñen nuevos métodos disruptivos para atender a la población de manera más eficaz.
La ventaja de vivir en un sistema federal es que el modelo permite, por la autonomía que la Constitución les concede, que cada gobierno estatal y municipal aproveche su cercanía con la ciudadanía para diseñar instituciones y políticas públicas acordes a las necesidades y demandas de sus gobernados. El modelo otorga la facultad de impulsar la innovación en política pública estatal o municipal. Esto sólo sucede cuando hay gobiernos locales con la voluntad y competencia para desarrollar e implementar políticas alineadas, en lo general, con la visión federal, pero que se adapten y mejoren su aplicación en lo local.
Así, aunque la Federación tome medidas tan drásticas como “reconfigurar” por completo a uno de los tres poderes de la República, los estados tienen margen para interpretar y adaptar la reforma. Esto abre la posibilidad de encontrar al menos 32 maneras de aplicar los cambios para el fuero común. Como han explicado diversos analistas, si el modelo de Tribunal Constitucional buscaba imponer el ejemplo de arriba hacia abajo, el nuevo modelo abre la posibilidad (que no garantiza) de generar justicia a la inversa: de abajo hacia arriba. Ahí es donde el federalismo puede facilitar las cosas.
Para sorpresa de muchos, no fue Nuevo León ni la Ciudad de México, que solían ser líderes en cambios institucionales; fue Querétaro quien propuso su “nuevo modelo de justicia queretana”. El 30 de enero, y después en la celebración del aniversario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el gobernador Mauricio Kuri anunció a sus ciudadanos y ante las autoridades federales y de más de veinte estados su propuesta de reforma a la Constitución queretana con un modelo que, sin confrontar a la 4T, busca acercar la justicia a la gente.
Querétaro lleva varios años siendo líder en fortalecimiento institucional. A cuatro años de gobierno, Mauricio Kuri se mantiene en los primeros lugares de aprobación y su estado entre los seis con mayor índice de competitividad. Desde 2017, México Evalúa lo mantiene en primer lugar en sus evaluaciones del sistema penitenciario, lo que lo convirtió en un referente nacional en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. Mantiene, además, los índices más bajos de impunidad en la mayoría de los delitos medidos. En la misma línea, con las nuevas propuestas de reforma, Querétaro busca consolidar sus capacidades institucionales para optimizar los resultados de la elección de jueces y magistrados de 2027 y lanza una iniciativa constitucional para construir un nuevo sistema alterno de justicia que evite la saturación del sistema judicial y acerque la justicia a sus habitantes.
Con el nuevo sistema se busca fortalecer a las autoridades municipales con un sistema de mediación para atender conflictos que son jurídicamente conciliables y no requieren sentencia coercitiva inmediata. No sustituye al sistema judicial, pero pretende descargarlo con la implementación de un mecanismo de resolución de conflictos no graves, y aquellos en los que el interés es económico y las partes pueden negociar. Por ejemplo:
En materia civil se podrán resolver incumplimientos de contratos entre particulares, conflictos de arrendamiento, daños y perjuicios o cobranza de adeudos no litigiosos complejos.
En materia familiar, siempre y cuando no haya violencia, será posible resolver pensiones alimenticias (monto y forma de pago), regímenes de convivencia, custodia compartida o divorcios por mutuo acuerdo.
En materia mercantil, se propone un esquema de mediación que aplique a temas empresariales en menor tiempo y con menos costos, como en conflictos entre socios, incumplimiento de contratos comerciales, deudas entre empresas o controversias en la prestación de servicios.
En materia de justicia cívica y comunitaria se podrán resolver confrontaciones vecinales, infracciones administrativas menores, problemas de convivencia o daños leves.
En materia penal, el modelo se alinea con el modelo de justicia restaurativa del sistema penal acusatorio y sólo aplicará para delitos menores siempre que no haya violencia grave, no sean delitos de alto impacto o haya reparación del daño, como en delitos patrimoniales sin violencia, daño en propiedad o querellas entre particulares.
Quedarán a cargo del sistema de justicia los delitos graves o de alto impacto, violencia familiar, feminicidios, corrupción, asuntos constitucionales o casos donde haya desequilibrio extremo de poder entre partes. Para las empresas, la resolución de conflictos mayores podrá realizarse a través de un sistema de arbitraje.
El reto de Querétaro será, primero, la aprobación legislativa y, después, sobre todo, la implementación. Deberá ser capaz de asignar recursos suficientes para desarrollar instituciones accesibles a la población en todos los municipios y mantenerlas protegidas de la corrupción. Deberá, de manera tangible, ser capaz de resolver los conflictos cotidianos con menores costos en tiempo y dinero. Sólo con resultados podrá ganar la confianza de los ciudadanos para aumentar la denuncia y disminuir la impunidad. El éxito de las reformas es medible y, de lograrlo, servirá como ejemplo para que otros estados construyan sistemas equivalentes en su territorio a través del fortalecimiento de sus instituciones.
Si Querétaro logra su objetivo, habrá demostrado el verdadero valor del Estado de derecho y que las armas no son la solución ni a la violencia (en el más amplio sentido) ni a la impunidad, y mucho menos a la mala percepción pública sobre la aplicación de la ley o la reducción del crimen. Destacará la utilidad de invertir en instituciones de procuración y aplicación de justicia locales para reducir el delito, en vez de destruirlas o sustituirlas con el uso de las armas.
Alejandra Cullen
Economista experta en administración pública con experiencia en transformación digital, desarrollo institucional y creación de estructuras de negocio en sectores público y privado.