Roe v Wade reconoció a las mujeres una libertad amplia para decidir sobre su cuerpo, instituyó un derecho constitucional al aborto seguro en los Estados Unidos y prohibió a las legislaturas locales limitarlo en los dos primeros trimestres de gestación (cuando la vida del feto fuera del útero es inviable). El polo liberal que impulsó esta decisión ahora contempla su (casi segura) reversión en la ruta pendular que marca la reacción conservadora. En efecto, en enero de este año se cumplieron 49 años de la aprobación de Roe v. Wade, y parece que sus efectos no llegarán al medio siglo.
Pocas decisiones han incidido tanto y tan profundamente en la vida y la política estadounidense como ésta. Gracias a ella, el aborto se permitió en los 50 estados que componen la unión americana. Sin embargo, debemos reconocer, como sostuvo la justice Ginsburg, que la sentencia tuvo el inesperado efecto de aletargar el debate —y quizá, la movilización— a favor del derecho a decidir de las mujeres norteamericanas. Su aprobación polarizó las posturas partidistas, e hizo que evangélicos y conservadores de extrema derecha se atrincheraran a fin de revertir la que consideraron una imposición judicial. Revertir Roe v. Wade se convirtió entonces en una bandera política más que redituable del partido republicano (algo de lo que el propio Trump tomó ventaja).
En parte como consecuencia de dicha polarización, y al amparo de leyes cada vez más restrictivas, la tasa de abortos en Estados Unidos ha descendido de forma más o menos constante desde los años 90. En 2011, por ejemplo, se promulgaron 92 leyes destinadas a limitar el aborto, (exigiendo, entre otras estrategias, permisos parentales o periodos de espera obligatorios).1 La habilidad de la derecha estadounidense para limitar a través de políticas públicas aquello que su tribunal constitucional había reconocido en lo jurídico es indiscutible. Tal estrategia ofrece una interesante perspectiva para aquilatar las limitaciones institucionales de los tribunales en la protección de los derechos. En efecto, lo que ocurre en los Estados Unidos nos invita a reconsiderar el papel de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos pendientes de definir “desde abajo” —en la opinión y voluntad electorales de las personas.
El caso que ha puesto a Roe v. Wade en la picota es una ley de Mississippi de 2018 que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo —un tercio menor al reconocido actualmente. La Corte Suprema estadounidense, en este sentido, debe decidir si revierte o modifica el criterio de viabilidad según el cual resulta inconstitucional cualquier prohibición legal al aborto antes de las 23 o 24 semanas de embarazo. Como distintas voces hicieron notar en su momento, el mero hecho de que se admitiera este asunto a discusión hace un año —en lugar de aplicar directamente el precedente— era signo de que los alcances del derecho a decidir serían modificados. Así lo planteó, precisamente, el abogado general de Mississippi al argüir de que era hora de reconocer que el criterio de viabilidad fue un error.2
Ahora, de acuerdo con el proyecto de resolución del justice Alito —dado a conocer en una filtración que carece de precedentes en la historia contemporánea de este tribunal—, si la Constitución norteamericana es muda en torno al aborto —como afirma él que lo es—, corresponde a las entidades federativas decidir el tema y, por ende, el precedente debe revertirse. En el lado opuesto, la justice Sotomayor exige asepsia ideológica y; por tanto, respeto ante un precedente que, según ella, no debería ser modificado al son que tocan las creencias políticas de la mayoría conservadora (la que, desde el nombramiento de Amy Coney Barret por Trump en 2020, parece irrefrenable). Para esta justice, si las personas creen que todo es político; si no hubiera nada más que política en las decisiones de la Corte, entonces, no habría credibilidad posible para dicha institución.
De acuerdo con un estudio de opinión de 2020, la mayoría de los norteamericanos (59 %) apoya el aborto legal (aunque con mayores restricciones a las existentes); la misma proporción considera que debe permitirse por regla general en el primer trimestre de gestación; sólo uno de cada 10 estima que debería considerarse prohibido en cualquier caso.3 La opinión pública es, sin embargo, bastante menos clara en relación con las leyes “de latido” promulgadas recientemente en distintos estados conservadores. Prácticamente la mitad de los norteamericanos (49 %) está a favor de prohibir el aborto en las condiciones que dichas leyes establecen (a partir de que se detecta el primer latido del corazón de un feto, es decir, alrededor de la sexta semana de gestación). De sustituir el criterio de viabilidad por el del “latido”, el periodo en el que una mujer podría decidir libremente se vería reducido de 24 a 6 semanas.
Al respecto, para la profesora Joan C. Williams,4 es momento de que la izquierda norteamericana reconozca que perdió el debate en torno al aborto. Que el 90 % de los municipios estadounidenses carezcan de una clínica en la que pueda realizarse este procedimiento, es un signo claro de ello (más allá de lo que decida la Corte). El problema, según Williams, es que se perdió en el discurso y en la política lo que Roe v. Wade había concedido en una sentencia.
Así, lo que parece un hecho es que ha llegado el momento de dar la batalla a favor del derecho de las mujeres a decidir más allá del ámbito jurisdiccional. Como sucedió en el caso irlandés, las feministas y el polo liberal deben reemprender la lucha fuera de la arena judicial, casa por casa, a fin de convencer a las madres y abuelas sobre el poder y la justicia que subyacen en el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Es ahí donde lo que hoy parece perdido puede renacer y triunfar de manera definitiva.
Si la decisión de la Corte estadounidense se confirma —como parece que ocurrirá—, cerca de 20 estados impondrán graves limitaciones al aborto de forma casi inmediata (comenzó ya, por ejemplo, Oklahoma). Con ello, el derecho a decidir dependerá del lugar en el que se viva, por lo que un gran número de mujeres tendrá que trasladarse para acceder a un aborto seguro. Muchísimas volverán, pese a todo, a luchar por el reconocimiento de su libertad, reactivando así la aletargada batalla a favor de sus derechos reproductivos y sexuales.
El péndulo ideológico latinoamericano en relación con el aborto se mueve con un ritmo y dirección distintos a lo que pasa en Estados Unidos. Los triunfos a favor del derecho de las mujeres a decidir son claros en Argentina, Colombia y, en menor medida, México. Debemos, sin embargo, aprender del movimiento pendular norteamericano, reconociendo que lo ganado ante una corte difícilmente permanece si no consigue, además de dicha decisión de los jueces, el apoyo que otorga el voto de la ciudadanía en las urnas.
Dulce Alejandra Camacho Ortiz. Académica en la Universidad de Guanajuato.
1 Kliff, S. “How Roe v. Wade changed abortion rights”, The Washington Post, 22 de enero 2013.
2 Liptak, A. “Supreme Court to Hear Abortion Case Challenging Roe v. Wade”, The New York Times, 1 deddiciembre 2021.
3 Eunjung Cha, A., y Guskin, E. “Most Americans want abortion to remain legal, but back some state restrictions”, The Washington Post, 22 de enero 2020.
4 Williams, J. C. “The Case for Accepting Defeat on Roe”, The New York Times, 29 de septiembre 2020.