¿Se puede politizar a la Suprema Corte?

La relación del poder ejecutivo con el poder judicial, especialmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido más tensa durante esta administración de lo que ha sido, probablemente, en varias décadas. Tanto el presidente López Obrador como los legisladores oficialistas han hecho propuestas relacionadas para enjuiciar políticamente a los ministros o cambiar la designación de los integrantes de la Corte por elección popular.

Un claro ejemplo es el caso de los planes A y B de reformas en materia electoral. Uno de los argumentos de la administración contra las decisiones de la Suprema Corte, como lo explica Javier Cruz, es que atentan contra la voluntad popular. Cruz analiza varios casos clave de la Suprema Corte de Estados Unidos en los que la voluntad popular estaba en contra de ciertas decisiones de la Corte estadounidense, pero que, a todas luces, la voluntad popular estaba del lado incorrecto desde una perspectiva de derechos humanos. Entre ellos están los casos Brown v. Board of Education y Miranda v. Arizona. En estas decisiones, la Corte Suprema norteamericana eliminó la segregación racial en las escuelas públicas y estableció el derecho de los detenidos contra la autoincriminación. En respuesta de tales asuntos, los políticos atacaron a esta Corte por subvertir la voluntad popular.

Cruz concluye diciendo que “[c]uando las Cortes incomodan al poder político, éste siempre responde igual.” Independientemente de si en estos casos las decisiones de los jueces fueron las correctas —y me parece que lo fueron, al igual que con el plan B de la reforma electoral— me parece interesante la idea de que las cortes incomoden al poder político, como si las cortes no fueran parte del poder político. La idea de que los jueces son árbitros neutrales separados de la política es común. Es también lo que está detrás del argumento de que elegir a los integrantes de la Suprema Corte sería politizar esta institución, como lo han sugerido, entre otros, el excandidato presidencial Ricardo Anaya y la diputada panista Noemí Luna. Sólo se puede politizar aquello que no es político.

La idea de que las cortes están más allá de la política me parece, no sólo incorrecta, sino ingenua. El diseño institucional de prácticamente cualquier República democrática constitucional moderna se construye alrededor de los principios separación de poderes, así como de frenos y contrapesos. Cada uno de los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— tiene un ámbito primario de operación, pero también tiene cierta injerencia en las funciones del resto, de forma que ninguno tenga un control desmedido sobre algún área.

De entrada, esta especie de trinidad que forman los poderes debería ser suficiente para dudar que uno de los tres poderes fuera radicalmente distinto del resto. ¿Cómo es posible que uno de los elementos esenciales de una entidad fundamentalmente política, el gobierno, esté más allá de la política? La respuesta más obvia, a mí parecer, es que no es posible. Las cortes son tan políticas como las otras ramas sin importar la naturaleza de sus funciones del día a día e independientemente de cómo sean elegidas.

Para ilustrarlo, volvamos al ejemplo norteamericano. A diferencia de México, muchos cargos judiciales en Estados Unidos son elegidos por voto popular, no a nivel federal pero sí en las entidades federativas.

Un reciente caso muy prominente fue la elección de la jueza Janet Protasiewicz a la Suprema Corte de Wisconsin. La elección sucedió poco tiempo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el precedente establecido en el caso Roe v. Wade, eliminando la protección federal a favor del aborto. Protasiewicz convirtió el tema del aborto en uno de los ejes principales de su campaña, y los niveles de participación muestran que ello fue un factor decisivo en su victoria. Lo anterior parece sugerir que, efectivamente, las elecciones politizan al poder judicial, pero otros casos muestran lo contrario.

Uno de los temas más politizados en Estados Unidos es la portación de armas de fuego. Illinois y California son dos de los estados más consistentemente demócratas. El primero de estos selecciona a sus jueces por elección popular, el último por designación del gobernador. En ambos estados, las cortes de manera reiterada han permitido regulaciones restrictivas sobre la posesión de armas. Dos casos recientes en Illinois autorizaron el requerimiento de permisos especiales y la prohibición de ciertas armas largas; la Suprema Corte de California ha decidido de forma similar.

En Alabama, donde la corte es electa por voto popular, en un caso de 2015 afirmó el derecho de los ciudadanos de portar armas abiertamente incluso en propiedades ajenas. En 2020, la Suprema Corte de Oklahoma prohibió que se sometiera a consulta una pregunta para anular el derecho de portar armas sin permiso. Oklahoma y Alabama son dos de los estados más conservadores.

En cada uno de estos casos, se utilizaron argumentos legales, no éticos o políticos. En el caso de los permisos en Illinois, por ejemplo, la corte simplemente se negó a decidir sobre la constitucionalidad de los permisos, de facto permitiéndolos. En Oklahoma, la Corte argumentó que la pregunta no era suficientemente clara y, por lo tanto, no era legalmente permisible. De nuevo, el efecto real fue mantener el statu quo que permite la portación sin licencia.

Estos son cuatro casos en dos estados conservadores y dos liberales, con dos cortes seleccionadas por designación y dos por elección. Pero lo que tienen en común las decisiones en el mismo sentido es la inclinación política general del estado, no el método de selección —más o menos político— de los jueces.

Es imposible que la ley sea del todo clara sin que deje ningún lugar a interpretaciones. Estas posibles interpretaciones, necesariamente se informan por las convicciones éticas y políticas de los jueces, y eso no está mal. Las cortes forman parte del sistema político y no podemos esperar que la política no informe sus decisiones.

Si no hubiera ambigüedad política en la interpretación de algunas leyes, las cortes ni siquiera serían necesarias.

Evidentemente sí hay ciertas cosas que están más allá de la política. Nadie esperaría que la Corte Suprema decida de pronto que la esclavitud es constitucional, pero en cuestiones legales más ambiguas es evidente que habrá desacuerdos y estos desacuerdos tendrán tintes políticos.

En México, un ejemplo evidente fue el caso de Florence Cassez. Este caso fue sumamente divisivo y esa división tenía claros tintes políticos. Cualquiera que hubiera sido la decisión de la Suprema Corte mexicana, habría propiciado argumentos sobre porqué la corte decidió incorrectamente o porqué decidió “conforme a derecho”.

Cae en los jueces encontrar argumentos legales y constitucionales para defender sus convicciones éticas de la misma forma que los legisladores aprueban leyes para avanzar sus posturas políticas intentando que estas queden dentro del marco constitucional.

Esto no quiere decir que no haya motivos para criticar, por ejemplo, la propuesta de seleccionar a los ministros de la Suprema Corte por elección popular —puede haber muchos. Pero el argumento de la politización no solamente falla, sino que malentiende la naturaleza del poder judicial con una versión de éste que es, en el mejor de los casos una idealización, y en el peor, una ingenuidad.

Néstor de Buen. Maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago, especializado en filosofía política.