Duele que la población más excluida social, política y económicamente sea la que haya perdido su vivienda, su medio de vida, su comunidad y, en el peor de los casos, la vida, durante las inundaciones recientes en el estado de Tabasco.
No pretendo ser una especialista en un sistema con tal nivel de complejidad. Mi entendimiento de las presas realmente es básico, con un conocimiento superficial que aprendí desde niña por venir de una familia de ingenieros. A grandes rasgos, entiendo que las presas se construyen con estos fines: controlar las descargas de agua; generar energía eléctrica y manejar el agua con el fin de salvaguardarla para tiempos de sequía y proveerla al sector agricultor. Se trata de mantener un equilibrio suficiente en el nivel de agua. En este caso, el nivel era demasiado alto y, de acuerdo con las declaraciones del presidente López Obrador, se toma la decisión de dejar salir agua por la compuerta hacia la Chontalpa, hogar de algunas de las comunidades más pobres de nuestro país.
La decisión se describe como un ejercicio que resulta de un profundo análisis y, a través del cual, no hay otra salida más que afectar a una zona que representa un bolsillo de pobreza en el territorio tabasqueño. No obstante, esta decisión no es más que parte de una discriminación sistémica. Es decir, una forma de discriminación que forma parte de las entrañas del Estado mexicano, de tal forma que a lo largo de los cuatro últimos sexenios que han visto pasar desastres como éste, una y otra vez, la decisión del ejecutivo federal deriva en que es mejor afectar la zona marginada, pero con menor número de habitantes y de la cual no depende la actividad económica del Estado. El resultado no se puede seguir maquillando: se violan los derechos humanos de comunidades enteras.
Ilustración: Patricio Betteo
Una vez ocurrido el desastre, la sociedad se pregunta: ¿se pudo haber evitado la tragedia que cobró la vida y el sustento de las personas que de por sí hemos marginado y excluido desde la construcción del México moderno? La lección que nos deja la afirmación —más que incómoda, dolorosa— del presidente es que ya no podemos recaer en promesas y declaraciones vacías. No importa donde esté tu afiliación política, o hacia qué extremo de la brújula política lata tu corazón, ya es hora de dejar de permitir que los más vulnerables sufran de manera desproporcional los efectos del cambio climático -fenómenos meteorológicos de mayor intensidad y frecuencia- cuando son quienes menos aportan al mismo.
La Agenda 2030, adoptada en 2015 por la Asamblea General de la ONU -que mucho se comenta y poco se implementa en países como el nuestro- incluye diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs)1 y 169 metas representa un plan de acción para lograr una relación virtuosa entre las personas, el planeta y la prosperidad económica. El objetivo central es proteger a las personas al garantizar una multiplicidad de derechos humanos, al tiempo que se promueve el desarrollo económico sin agotar los recursos naturales y afectar los procesos biofísicos de la tierra que permiten a los humanos subsistir de manera segura. Los objetivos no pueden desvincularse uno de otro, ya que se construyeron de tal forma que funcionan como un sistema. Esto significa que el avance de un objetivo trastoca, invariablemente, la efectiva implementación de otro. En ocasiones, la relación entre uno y otro -o varios- es positiva. Por ejemplo, encaminar el cumplimiento de proteger, restaurar y manejar los ecosistemas terrestres de manera sostenible, el objetivo número 15, tiene consecuencias positivas para el fortalecimiento de la acción climática, el objetivo número 13.
Los objetivos comprenden el compromiso global de terminar con la pobreza, reducir las desigualdades, asegurar la salud y el bienestar de las personas, gestionar el agua de manera sostenible, y proteger los ecosistemas terrestres. Tabasco nos demuestra el gran camino que aún tenemos por recorrer en la implementación de estos objetivos que nacieron como respuesta, en gran medida, ante las amenazas provocadas por el cambio climático y a la urgencia de actuar.
De nuevo, no se trata de que como sociedad civil realicemos un análisis de la situación hidráulica de la región, ya que muchos de nosotros no contamos con esos conocimientos. No obstante, es tiempo de exigir investigaciones que resulten en acciones concretas y visibles para la sociedad mexicana, pero, particularmente y de manera contundente, para las personas que han sido afectadas por esta decisión. Esto incluye medidas de no repetición, como resultado de la violación a derechos.
Tabasco es un caso emblemático de una obligación pendiente y una estrategia impostergable de cumplir con la Agenda 2030 por la necesidad de reducir la gran desigualdad socioeconómica, la inminente obligación de proteger el medio ambiente y buscar soluciones que busquen la adaptación a las aportaciones de agua con lluvias irregulares que derivan del cambio climático. Aún en tiempos recientes, el estado ha visto el auge de la industria petrolera; el crecimiento urbano desmedido y la informalidad de la vivienda que resulta en el incremento de la vulnerabilidad social; el abandono del campo por inundaciones y el desplazamiento de las personas que solían trabajarlo, así como la deforestación de la selva para otorgarle más tierra a la industria ganadera. Las acciones del Estado aún no permean en la construcción de comunidades resilientes ante los desastres, en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los habitantes de las primeras y la protección a ecosistemas terrestres.
En 2015, junto con otros 193 países, el Estado mexicano se comprometió a cumplir la Agenda 2030 y, por ende, dirigir sus leyes y políticas públicas a la implementación de los diecisiete Objetivos. El propio Senado cuenta con la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México.2 Sería importante que desde ahí se examinara qué sucedió en Tabasco, no desde un ánimo punitivo —eso no va a salvar más vidas—, sino desde un enfoque preventivo que permita construir una estrategia con soluciones a futuro, además de hacer frente a los compromisos internacionales que ha contraído el Estado mexicano. Por ahí podemos reforzar nuestra capacidad de construir un país más justo, no solo para las zonas pobladas y económicamente relevantes.
Jimena Suárez Ibarrola. Fundadora de PlanetA – Centro de impacto social y ambiental. Twitter: @jimenalak.
1 Ver Objetivos de desarrollo sostenible, ONU.
2 Ver Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México, Senado de la República.