Discutir y analizar sistemas de control de la constitucionalidad a partir del siglo XX, es departir sobre órganos de naturaleza jurídica; sin embargo, poco nos detenemos a reflexionar sobre su homólogo de esencia política. En 1836, en nuestro país, se instauró un poder supremo con esta naturaleza; un reducidísimo puñado de estudiosos nos invita a discurrir este pasaje del constitucionalismo mexicano.