La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo interpuesto por la asociación Mexicanos Primero. Se trata de un caso histórico por abrir una rendija para atacar desde la trinchera ciudadana los diversos casos de corrupción que acontecen en nuestro país, pero también porque ofrece una buena batería de criterios jurídicos novedosos relacionados principalmente con el interés legítimo y que bien pueden ser exprimidos en el futuro por otras organizaciones de la sociedad civil. En el siguiente video, el abogado Luis M. Pérez de Acha, arquitecto de la estrategia jurídica de este juicio de amparo, explica precisamente en qué consistió esta estrategia y cuáles son algunos de los escenarios jurídicos futuros a partir de la victoria alcanzada con este asunto.
Corrupción
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El reto que viene: judicializar la corrupción
A partir de las casas de la esposa del presidente de la República y de otros funcionarios federales, han saltado en la prensa internacional varias estampas más que por lo menos ubican en una posición incómoda a la clase política mexicana en términos de opacidad, corrupción e impunidad. Esto ha desatado la protesta social e indignación de la ciudadanía. Sin embargo, vale plantear una pregunta no menor: ¿con qué otras armas cuentan los ciudadanos para enfrentar la rampante corrupción que envuelve al país? En el siguiente video, el abogado Pérez de Acha justamente ofrece una respuesta a esta interrogante y explica qué opciones existen desde la trinchera jurídica para tratar de combatir el amplio abanico de casos de conflictos de interés y corrupción.
Corrupción, un análisis de las iniciativas legislativas para combatirla
El desencanto actual con el proyecto democrático se explica en gran medida por el hartazgo social de la corrupción de la clase política. La casa blanca, la casa de Malinalco, las casas de los Murat, las deudas de Moreira, los departamentos de lujo de distintos miembros de la clase política, el caso de Oceanografía y los hijos de Martha Sahagún, los permanentes y ofensivos conflictos de interés; todo ello abona al creciente clima de desencanto con nuestra democracia. Combatir la corrupción no es sólo un mandato constitucional y una exigencia legal; es también una necesidad para reivindicar a la democracia y la credibilidad de nuestra vida pública.