Le haríamos un flaco favor a la democracia mexicana si permitimos que sean los criterios políticos y los intereses particulares lo que determinen quiénes serán los siete magistrados que integrarán a la Sala Superior en los próximos años. De hecho, si esa fuera la lógica que prevalece, ¿por qué no nos ahorramos los costos y complejidades del sistema y regresamos las decisiones electorales a la casona de Bucareli?