¿Acaso, entonces, Zaldívar cedió su autonomía en la narrativa de las instituciones que representa, a cambio de mantener el control de dirección del proceso de reforma judicial? Es posible. Pero lo importante ahora es desmenuzar esta iniciativa que plantea cambios a siete artículos constitucionales, propone la expedición de dos nuevas leyes federales, así como reformas a cinco ordenamientos. Ofrecemos a continuación un primer análisis de diversos aspectos de la iniciativa en cuestión.

La Cámara de Diputados ha incumplido con el plazo constitucional para la aprobación del PEF. De igual forma, la presidencia de la mesa directiva ha decretado recesos que violentan las disposiciones que buscan aplicarse para asimilar los efectos de una sesión permanente y aprobar “en tiempo” el PEF 2020. El respeto al procedimiento parlamentario importa.

“Somos un Poder Judicial que tiene que estar integrado por juezas y por jueces, por juristas que entiendan el dolor de la gente, por juristas que entiendan el sufrimiento de la corrupción de la gente y por juristas que entiendan que tenemos el alto compromiso de cambiar para bien este país que está harto de corrupción, de privilegios y de impunidad”, declaró hace algunos días el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La decisión del presidente López Obrador de enviar una iniciativa de Ley de Amnistía al Congreso no es trivial. Es quizá uno de los pocos actos que realmente empatan con el ideario de izquierda que este gobierno dice enarbolar. No me centraré en los méritos o deficiencias técnicas de la ley, porque otros ya lo han hecho. Lo que quiero resaltar es lo que hay detrás de una ley de este calado.

El 25 de julio de 2019, el Congreso de la Unión aprobó el dictamen de Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformas a diversos ordenamientos, lo que podría ser la norma aplicable a nivel nacional tanto para la federación y las entidades federativas para aplicar este procedimiento.

Dada la relación tan íntima existente entre el pueblo y las instituciones, resulta sano que haya momentos en los que nos preguntemos si el gobierno está funcionando y va a la par de lo que necesita el pueblo, aunque el apostar a priori por la supresión de todo lo que le parezca lejano a este conglomerado humano puede no ser positivo. Se requiere de análisis profundos y detenidos sobre la pertinencia de la subsistencia de estas instituciones, apostando por su subsistencia y mejoría.

Lo que hizo el Congreso de la Unión para emitir la Ley Federal de Remuneraciones no solo se trata de una práctica desleal hacia la ciudadanía que expresa su voto periódicamente para renovar a sus representantes y cumplir con sus deberes cívicos, sino que se trata de un fraude a la Constitución y a su cámara hermana en el diseño constitucional de nuestro país.