La sentencia de la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, en la que la Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad e invalidez de diversas normas de la Constitución de la Ciudad de México, se refiere a dos temas de enorme relevancia para el federalismo de los derechos humanos, el principio de progresividad y su fuerza expansiva. Aun y cuando analiza otros temas igualmente importantes, en este texto solo analizaré la facultad de las entidades federativas para ampliar o reconocer derechos humanos, así como la posibilidad de establecer mecanismos de protección o control constitucional local.

Hace unos días se hizo público el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en donde propone declarar inconstitucional la totalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que emitió el Congreso de la Unión, el 5 de noviembre de 2018, precisamente, porque considera que las violaciones al procedimiento legislativo fueron graves. Y es que realmente fueron gravísimas.

A través del memorándum el presidente se arroga una legitimidad que simple y llanamente no tiene. Aunque haya ganado con más de treinta millones de votos no tiene la legitimidad política para desconocer una serie de reglas construidas por poderes políticos constituidos y facultados para legislar para todos nosotros. Esto es lo que hay detrás del memorándum del presidente: un debate político, sí, y una reacción estruendosa en contra de la arbitrariedad.

Si bien la marea parece haber cedido y no se perciben cambios sustanciales a corto plazo, la controversia sobre el destino de los refugios para víctimas de violencia de género en esta administración ha ayudado a visibilizar el papel que juegan estos espacios en la prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, me interesa abordar en las siguientes líneas un aspecto apenas percibido pero de enorme relevancia: la relación entre el derecho a la vivienda y los refugios para mujeres víctimas de violencia de género.

Por ello, es que las reformas al Código Penal Federal en materia anticorrupción, no son más que una reforma fantasma, que evidentemente requieren de un nuevo acto legislativo de reforma a su artículo transitorio para darle inicio a su vigencia, ya que de lo contrario, lo que se espera, son solo aprietos y malos momentos para fiscales y jueces, quienes no tendrán debida certeza de las normas que se aplican y recordemos que en materia penal no hay pena sin ley.

El pasado lunes 4 de marzo, tuvieron lugar ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores las comparecencias de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestas por AMLO, en razón del término del periodo de Margarita Luna Ramos. Esta es la segunda terna que el actual presidente de la República propone para ocupar un lugar en la Suprema Corte. La primera, y tan cuestionada, terna, que sustituía a José Ramón Cossío, tuvo como resultado la designación de Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro la Suprema Corte.

Pronto existirá en México un nuevo órgano con facultades constitucionales para perseguir a la delincuencia como no se había visto en nuestro país. Tendrá una fuerte intervención militar. Pero lo que ocurre antes de perseguir la comisión de un delito y, una vez concluida esta etapa, lo que sucede después con la judicialización y la sanción de las conductas, constituye la esencia de un sistema público capaz de dar respuesta a la grave situación de inseguridad.