En ejercicio de sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determine la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Según la propia CNDH, no se oponen a que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas, sin embargo, señala que dicha regulación debe garantizar el respeto y protección de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.

La futura administración tiene el reto de conjugar la legitimidad democrática con la legitimidad constitucional, pero siempre teniendo la claridad de que los procedimientos democráticos sólo son posibles si se garantiza la vigencia de las precondiciones y condiciones de la democracia. Es decir, la esfera de lo indecidible. Pareciera que se perdió el rumbo con la inclusión de una opción –el NAIM en Texcoco- la cual ha contravenido ominosamente la esfera a la que alude Ferrajoli, y parece que la decisión no correspondía a un parámetro de legitimidad democrática sino a uno de garantía de derechos humanos.

No hay esquema federal posible sin una corresponsabilidad política de las autoridades locales. Si el correctivo de AMLO sirve para cambiar la relación y los obliga a reestructurar sus obligaciones, servirá de mucho. Esa medida, aunada a la austeridad presupuestal que se ha anunciado, debería de llevar a los gobiernos estatales a repensarse en términos financieros y políticos.

¿Qué debemos entender por federalismo en el siglo XXI? ¿Cómo opera realmente nuestro sistema federal en México? ¿Cuál ha sido la lógica subyacente a ciertas reformas centralistas? ¿Se justifica el correctivo de AMLO con los superdelegados? ¿Qué otras vías podemos explorar para mejorar nuestro federalismo? Hoy, más que nunca, tenemos que cuestionar todo.

En el caso del tren Maya, aunado a las problemáticas que la consulta envuelve en sí mismo, el mayor reto del Estado mexicano estará centrado en las violaciones del derecho a la consulta y consentimiento previo. Estos problemas van en conexión con el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas que se verán afectadas por dicho proyecto.