El pasado 1º de julio se dio a conocer el nombre del siguiente presidente de México: Andrés Manuel López Obrador. Mucho se ha hablado de su arrasadora victoria electoral, la fuerza que tendrá Morena en el Congreso federal, así como del impacto de este mismo partido político en varias gubernaturas y legislaturas locales. Sin embargo, no se ha discutido el enorme poder que recaerá en el nuevo presidente de la República al participar, de una u otra manera, en la designación de los integrantes de instituciones clave del Estado mexicano.

La administración de Andrés Manuel López Obrador recibe un país roto en materia de derechos y libertades. A pesar de la constante creación de institucionalidad, las vulneraciones han alcanzado en los últimos 12 años un carácter generalizado y sistemático que atiende a diversas y múltiples causas como la guerra contra las drogas, el aumento de la violencia, la incapacidad estatal, así como la impunidad constante dentro del sistema de procuración de justicia.