En la segunda mitad del año pasado, la mira punitiva del actual gobierno federal apuntó hacia las llamadas empresas factureras dedicadas la expedición y venta de comprobantes fiscales para simular operaciones y obtener indebidos beneficios fiscales. Esta vez, la mayoría legislativa probó una ruta alternativa para incorporar a los factureros a la lista del derecho penal del enemigo sin tener que reformar la Constitución. Así, el 18 de noviembre de 2019, se publicó un paquete de modificaciones que catalogaron a la compraventa de facturas como un delito que pone en riesgo a la seguridad nacional. En respuesta, la CNDH presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de estos ajustes legislativo.