El Ejecutivo federal devolvió al Senado de la República el decreto que expide las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción, desechando diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, relacionados con la obligación de los particulares de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. El ejercicio del veto presidencial presenta una buena oportunidad para entender sus alcances y la vía que debe seguir el Congreso para desahogarlo.