El 19 de enero de 1917, durante la 50.ª sesión ordinaria del congreso constituyente, el diputado José María Rodríguez y Rodríguez presentó la iniciativa para adicionar la fracción XVI del artículo 73 y crear el Consejo de Salubridad General.
Pandemia
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La reforma sobre violencia política de género
A mediados de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma sobre violencia política de género que comprende a diversas leyes en México, y que tendrá un impacto significativo en la vida político-electoral del país, particularmente en los procesos electorales por venir. Probablemente debido a la cantidad de información relacionada con la pandemia por el COVID-19 y la crisis internacional por los precios del petróleo, el tema tuvo poca difusión en los medios de comunicación.
¿Garantizar la salud castigando? El punitivismo en tiempos de COVID-19
A falta de políticas públicas, derecho penal. Esta ha sido la respuesta ante diversas problemáticas en nuestro país. Surge un caso de maltrato animal: se comienza a debatir la pertinencia de un nuevo delito. Los vecinos tienen la música muy fuerte: queremos que vayan a la cárcel. Los índices de contaminación suben: aumentemos las penas. En general, somos una sociedad punitiva que ve en la cárcel una solución y no un problema. El contexto de la pandemia por COVID-19 no ha sido la excepción. Ante la crisis sanitaria han surgido diversas medidas punitivas impulsadas como un mecanismo de prevención de contagio de la enfermedad.
El Tribunal Constitucional de Alemania y el derecho de reunión en tiempos de COVID-19
Pese a que el Tribunal Constitucional reconoció la existencia de un alto número de contagios en Stuttgart, estimó que esa situación no impedía la realización de manifestaciones, porque éstas debían ser producto de una “práctica concordancia”, entre la protección del derecho a la vida y el derecho de reunión. Por tanto, ordenó a la autoridad administrativa pronunciarse sobre la viabilidad de la manifestación y, en caso de que no emitiera alguna decisión, la manifestación se llevaría a cabo en el lugar planeado originalmente por el solicitante.
El triaje frente al COVID-19 y el derecho a la igualdad
El 13 de abril de 2020, se publicó la “Guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica” (Guía) con el propósito de facilitar la toma de decisiones de triaje ante la pandemia de COVID-19. El esfuerzo por establecer y publicitar previamente criterios es positivo, dada la obligación de transparencia que atañe a las autoridades, y por intentar responder a una pregunta de la mayor relevancia: ¿con base en qué criterios decidirá el personal médico cuando la demanda de pacientes con COVID-19 sea mayor a la oferta de recursos médicos y humanos?
¿Por qué es urgente aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares?
La pandemia nos obliga a observar medidas de sana distancia y eso incluye el desempeño de la tarea judicial, para efecto de tutelar la vida, la salud y la integridad física de todos los que trabajan en nuestros tribunales. La única manera de hacerlo es si logramos introducir herramientas tecnológicas para el desahogo de los juicios. Necesitamos contar con herramientas como los juicios en líneas, las audiencias virtuales, el uso de programas de inteligencia artificial, notificaciones por WhatsApp, entre otras cuestiones que pueden permitir que la justicia sea más ágil, que se imparta con mayor celeridad y que no ponga en peligro de contagio a quienes acuden ante nuestros jueces a reclamar sus derechos.
Federación o estados: ¿quién decide qué derechos se suspenden en la pandemia?
Este breve ensayo tiene como finalidad, a propósito de los recientes decretos de los gobiernos de Jalisco y Michoacán, responder las siguientes interrogantes: ¿pueden las entidades federativas emitir actos que restrinjan derechos? Y, en su caso, ¿el orden jurídico y la declaratoria de emergencia sanitaria les permiten a las autoridades estatales, actuar como lo están haciendo? Además, ¿tiene el Consejo de Salubridad General facultades para suspender derechos y garantías? Y finalmente, ¿cuándo debe actualizarse el artículo 29 constitucional, es decir, el proceso de suspensión de garantías?
La prensa en tiempos de Covid-19: noticias falsas y sanciones administrativas
El 15 de este mes, la Secretaría de Gobernación informó que iniciaría procedimiento administrativo sancionador contra dos periódicos (El Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua) por difundir información falsa en sus ediciones del 14 de abril … Los hechos son de interés por varias razones: a) la posible información falsa, su difusión por la prensa y las posibles consecuencias; b) si tal tipo de acciones son susceptibles de ser sancionadas administrativamente; c) si la libertad de expresión comprende la posibilidad de difundir noticias falsas, y d) si el inicio del procedimiento administrativo depende de la discrecionalidad administrativa.
El principio de legalidad y la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica
Si bien la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, que había circulado en días recientes, después de diversas controversias, fue retirada del página web del Consejo de Salubridad General, lo cierto es que lo más probable es que pronto el sistema de salud necesite una guía de este tipo para priorizar los escasos recursos médicos y sanitarios. En este contexto, el siguiente texto plantea una pregunta medular: ¿cuáles deben ser las exigencias para un documento de estas características respecto el principio de legalidad?
¿Por qué la mayoría de los poderes judiciales locales no pueden reanudar actividades vía remota?
Si bien toda la actividad jurisdiccional —local y federal— fue catalogada como esencial por el acuerdo, del 31 de marzo de 2020, en que se establecieron las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la mayoría de los poderes judiciales locales no tienen la posibilidades de emular a la Suprema Corte en el corto plazo. La realidad es que la mayoría de poderes judiciales locales no tienen la habilitación jurídica y tampoco la estructura técnica aprovechen las tecnologías de información y comunicación que mitiguen los riesgos de contagio pero que les permita continuar sus responsabilidades.