Lo verdaderamente interesante es averiguar si al emitir el PEF se respetó el orden constitucional. Para ello, nuestro sistema jurídico cuenta con un procedimiento en forma de juicio conocido como controversia constitucional, a través de la cual los inconformes —en este caso, Banxico, IFT, Cofece e IFE— pueden plantear argumentos orientados a demostrar que, al emitir el PEF, la Cámara de Diputados violó la Constitución. Será nuestro tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que determine si en este caso la política ha usurpado o no el lugar que corresponde al derecho; es decir, si se ha respetado la regularidad en el ejercicio de las competencias constitucionales.