La semana pasada, la Suprema Corte inició el análisis de la acción de inconstitucionalidad 41/2013 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala. El meollo de este asunto es que en el Código Penal del estado de Tlaxcala se señalaba que el aborto no sería punible si: 1) el embarazo había sido producto de una inseminación artificial no consentida y 2) si producto presentara malformaciones de las que aun llevando el embarazo a término no habría posibilidad alguna de sobrevivencia.