La propuesta de iniciativa de reforma constitucional en materia electoral por fin se conoció. En ella se tratan diferentes aspectos del sistema electoral, los cuales van desde la reconfiguración del sistema de representación en la Cámara de Diputados y el Senado, la constitucionalización de las acciones afirmativas, y las nuevas reglas de financiamiento y acceso a medios, la fiscalización electoral, que implica el involucramiento cotidiano de las instituciones financieras –con atención particular a los activos digitales–, los cambios en la logística de los cómputos distritales, y el impacto de constitucionalizar la promoción de la democracia directa por funcionarios públicos, mientras se desmantelan las capacidades locales de educación cívica. Asimismo, destaca la propuesta por su intención por regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en contenidos vinculados con el proceso electoral, incorporando a concesionarios y “plataformas digitales” como entes obligados, en su verificación.
Desde el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine) nos dimos a la tarea de hacer un análisis de cada uno de los aspectos de la propuesta, todo desde una perspectiva de integridad electoral, y bajo la convicción de que cualquier modificación a las reglas del juego democrático debe ser sometida al más amplio diálogo público y partiendo de una lógica de continuidad y perfeccionamiento, que permita que las elecciones sean apegadas a los principios democráticos, que respeten plenamente los derechos políticos y electorales y que las elecciones sean legítimas y creíbles.
Bajo la directriz del principio de progresividad, establecido en el 1º constitucional, realizamos un análisis de las implicaciones de la iniciativa, incorporando además un contraste entre las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo Federal y las propuestas que se expusieron por distintas vías a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, para ello sistematizamos y analizamos esta información a fin de identificar las demandas ciudadanas de mayor consenso. Al respecto encontramos que lo sostenido en la mayoría de las propuestas que se plantearon es que se requieren instituciones electorales autónomas, paridad real, acciones afirmativas eficaces –que disminuyan la simulación-, sistemas de representación que rompan el poder cupular de los partidos, una fiscalización sin fugas y herramientas modernas para participar más allá del voto.
A continuación, se detallan los hallazgos técnicos sobre los impactos de esta reforma en el ecosistema democrático.
Reconfiguración del Sistema de Representación y Pluralidad
Este es uno de los temas principales de la reforma y en el que la presidenta ha puesto más énfasis. La iniciativa propone mantener 500 curules en la Cámara de Diputados, pero transforma radicalmente la asignación de las 200 de representación proporcional (RP). Se plantea un modelo dual:
- Lista A (100 posiciones): Asignadas mediante un ranking de candidaturas que obtuvieron los porcentajes más altos de votación en sus distritos sin haber ganado (los “mejores perdedores”).
- Lista B (100 posiciones): Elegidas por “voto preferente” en cinco circunscripciones regionales, integrando el voto de residentes en el extranjero.
En el Senado, la reforma sugiere reducir la integración de 128 a 96 escaños, eliminando por completo la lista nacional de RP. Esto dejaría una representación territorial: dos representantes de mayoría relativa y uno de primera minoría por entidad federativa.
La propuesta implica un cambio importante en las condiciones de la competencia, pues representa una forma nueva de definir a las y los diputados plurinominales y la eliminación total de las senadurías de representación proporcional. Desde una perspectiva técnica advertimos que estos cambios presentan riesgos de regresión:
- Riesgo de Hegemonía: La eliminación de la RP en el Senado aumenta la probabilidad de que el partido mayoritario logre la mayoría calificada y suprime la voz de minorías con presencia nacional dispersa.
- Evasión de Límites de Sobrerrepresentación: El modelo de “mejores perdedores” podría facilitar mecanismos para evadir el tope constitucional del 8 % de sobrerrepresentación si no se implementan controles estrictos de militancia efectiva.
- Debilitamiento de la Democracia Interna: Al eliminar la lista nacional, el poder de postulación se concentra en las dirigencias estatales y gubernaturas, debilitando los perfiles de visión nacional.
Acciones Afirmativas y Derechos de Minorías
Si bien la iniciativa eleva las acciones afirmativas a rango constitucional, su redacción técnica presenta deficiencias que vulneran el principio de universalidad. Al mencionar sólo a los pueblos indígenas y afromexicanos, se invisibiliza a otros colectivos (discapacidad, diversidad sexual, juventudes y migrantes) que han ganado espacios por vía jurisdiccional.
Además, el sistema de “mejores perdedores” impone un criterio de competitividad que ignora las brechas estructurales de desigualdad, pues estas candidaturas suelen carecer de la estructura financiera y el respaldo partidista de los perfiles tradicionales, lo que las coloca en desventaja de origen. Asimismo, la propuesta de listas binarias (hombre-mujer) en la Cámara de Diputados representaría un retroceso para el reconocimiento de identidades no binarias. Por último, el mecanismo propuesto resulta en una barrera para el cumplimiento natural del principio de paridad de género, esto implica que, tanto para el cumplimiento de acciones afirmativas de grupos de atención prioritaria, como para la paridad de género, la autoridad electoral administrativa tendrá que realizar ajustes, lo que resultará en una profunda incertidumbre sobre la integración final, hasta la entrada en funciones de las personas legisladoras, siendo pues, una afectación a su legitimidad de origen.
Financiamiento y acceso a medios de comunicación
La reforma propone reducir el financiamiento público ordinario de los partidos, en un 25 %, lo cual en el discurso ofrece ahorros para el erario. Sin embargo, aunque es cierto que el financiamiento de los partidos es generoso, sin controles estrictos sobre los ingresos y ante la (cada vez mayor) laxitud de las autoridades en las sanciones que reciben por las irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones de fiscalización, se considera que existen riesgos de potenciar los incentivos para la obtención de mayores cantidades de recursos de procedencia ilícita, sobre todo de fuentes públicas, pues la experiencia de los últimos procesos comiciales indica que el uso de recursos públicos ha sido la constante.
También es de destacar que ante la reducción de financiamiento no se busca una mayor equidad en la distribución de los recursos, pues no se modifica la fórmula (30 % igualitario y 70 % proporcional), por lo que los partidos mayoritarios conservan su ventaja estructural a pesar del recorte general.
En cuanto al modelo de comunicación, se plantea reducir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo del Estado para fines electorales. Este recorte de casi el 30 % afecta principalmente a partidos pequeños y candidaturas independientes que dependen del tiempo gratuito para competir frente a la cobertura orgánica de los partidos grandes. Simultáneamente, se faculta a servidores públicos para promover la participación ciudadana (Art. 134), lo que genera una asimetría comunicativa entre el aparato gubernamental y el árbitro electoral, rompiendo la neutralidad estatal.
Fiscalización y desafíos tecnológicos
La iniciativa transita hacia un modelo de fiscalización digital proactiva, prohibiendo aportaciones en efectivo y obligando al uso del sistema bancario y el reporte de activos virtuales. Aunque el reconocimiento de activos digitales es un avance alineado con estándares internacionales, la reforma debilita el sistema al eliminar la posibilidad de cancelar registros de candidaturas por violaciones graves de fiscalización. Esto reduce la fiscalización a un mero trámite administrativo donde el costo de violar la ley es simplemente el pago de una multa con recursos públicos, por lo que el incentivo para violarla es grande, no se entiende que esta falta de consecuencias pudiera partir –como se ha dicho sobre la iniciativa en su totalidad– del interés ciudadano.
Cómputos, educación cívica y democracia directa
Sin mayor justificación se propone que los cómputos de la votación inicien la misma noche de la jornada electoral. La medida aunque se ha señalado que no genera mayor impacto y tampoco se desprende su necesidad de los análisis técnicos remitidos por las autoridades electorales, lo cierto es que dadas las diferencias estructurales y geográficas que existen en el país, sumado a las modificaciones que se plantean en el sistema de RP, la propuesta de iniciar los cómputos distritales la misma noche de la elección podría aumentar los errores humanos, saturar a los funcionarios electorales y vulnerar la cadena de custodia de los paquetes, dado que la llegada de estos a las juntas distritales es escalonada, lo cual generaría un impacto en la certeza.
Educación cívica
Un retroceso sistémico identificado es la eliminación de la educación cívica de las facultades de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Desmantelar esta infraestructura territorial ignora décadas de experiencia en formación ciudadana adaptada a contextos locales y culturales específicos, además resulta, por decir lo menos, sospechoso, en correlación con medidas como la habilitación de funcionariado público en labores de promoción de la participación ciudadana.
Democracia directa
La propuesta busca estandarizar mecanismos como la revocación de mandato mediante herramientas tecnológicas. No obstante, imponer un modelo único desde la federación puede asfixiar las innovaciones orgánicas de los estados. Además, en un contexto de brecha digital, centrar la participación en el voto electrónico sin inversión suficiente podría excluir a zonas rurales e indígenas y poner en riesgo los costosos mecanismos para garantizar la seguridad informática asociada al uso de tecnología para ejercicios democráticos.
Regulación de la Inteligencia Artificial (IA)
La reforma introduce la necesidad de etiquetar contenidos alterados por IA en procesos electorales. El riesgo identificado reside en delegar a concesionarios y plataformas privadas la responsabilidad de identificar y evitar su difusión. Esto otorga a entes privados un poder de control sobre el debate público que podría derivar en censura previa o en una limitación de la libertad de expresión, que, dicho sea de paso, la ambigüedad en la redacción propuesta sugiere que todo contenido relacionado con las elecciones bajo el uso -parcial o total- de IA, deba estar sujeto a esta norma, cuya vigilancia es, materialmente imposible. Además, la atribución a la autoridad electoral de monitorear para efectos de verificar el uso adecuado de la IA, representa una carga novedosa y que implica una carga adicional de trabajo.
La iniciativa de reforma electoral de 2026 presenta una dualidad crítica. Por un lado, incorpora avances necesarios como la constitucionalización de acciones afirmativas y la modernización de la fiscalización financiera. Por otro lado, introduce cambios que erosionan las garantías democráticas fundamentales, pues las propuestas tienden a concentrar el Poder Legislativo en el bloque mayoritario, habilita la intervención gubernamental en la promoción de procesos de democracia directa y, propone reducciones presupuestarias. Al concentrarse en una reingeniería administrativa y presupuestal, la reforma arriesga debilitar la estructura institucional sin saldar las deudas más profundas que nuestra democracia electoral todavía carga.
No se puede dejar de decir que se deja pasar la oportunidad de atender problemas que siguen sin resolverse en la gobernanza electoral mexicana. No hay mecanismos efectivos para frenar la sobrerrepresentación legislativa, no se ofrecen respuestas integrales frente a la violencia política que golpea los procesos electorales, se ignora la complejidad técnica asociada a la elección judicial y no propone ningún mecanismo para democratizar la vida interna de los partidos políticos ni para reducir el control que sus dirigencias ejercen sobre candidaturas y recursos.
Arturo Espinosa Silis
Especialista en temas electorales, consultor y director del think tank Laboratorio Electoral, quien forma parte del Opine
Francisco Rojas Choza
Especialista en temas electorales, exconsejero electoral en Aguascalientes, y colabora con el Opine