Un siglo de John Rawls

Este 21 de febrero se cumplieron cien años del nacimiento de John Rawls, el notable filósofo norteamericano que hiciera, con su justificación intelectual del concepto de justicia, uno de los principales aportes al pensamiento moral y político de nuestra época y, con ello, revitalizara la filosofía política del siglo XX. El discreto profesor, fallecido en 2002, desplegó su carrera académica en las universidades de Princeton, Cornell, MIT y Harvard, culminándola en esta última como titular de la cátedra James Bryant Conant.

Ilustración: Oldemar González

La suya fue una trayectoria típica del trabajo filosófico del siglo XX y lo que ha corrido del XXI; un trabajo que se realiza, casi sin excepción, desde los espacios universitarios y sujeto a cierta introspección disciplinaria. Pero algo excepcional hubo en su obra, pues desde ese emplazamiento esotérico se convirtió no sólo en un referente para la filosofía de otras latitudes, sino también para debates de primer orden en disciplinas como el derecho, la economía o la sociología. Incluso, sus principios de justicia han gravitado sobre argumentos de la Corte Suprema estadounidense y sobre las agendas de un buen número de programas políticos. En esta época de especializaciones disciplinarias inclinadas a la auto-referencia, sigue siendo asombroso que el discurso filosófico de Rawls, analítico por su estilo y altamente cifrado por sus referentes teóricos, alcanzara tamaña influencia social y política. No es gratuito que, cuando en 1999, el presidente Clinton le otorgara la Medalla Nacional de las Artes, dijera que Rawls “había revivido la filosofía política y la ética con su argumento de que una sociedad en la que los más afortunados ayudan a los menos aventajados no sólo es una sociedad moral sino también lógica”. A decir verdad, ha sido esta exigencia igualitaria anidada en el liberalismo de Rawls la que le dio la capacidad persuasiva que aún guarda.

Acaso lo que mejor explica la influencia intelectual y política de Rawls es la elección de su objeto de estudio: la justicia. Con Rawls, como dijo Alan Ryan, volvió la “gran teoría” a la filosofía política, luego de un largo debilitamiento disciplinario que, en la primera mitad del siglo XX, parecía condenarla a tareas de mera analista de enunciados o de solemne vigilante de contradicciones y paradojas lingüísticas. Con raras excepciones como la de Isaiah Berlin, la filosofía anglosajona en que Rawls se formó, en general había renunciado a reflexionar sobre los grandes objetos normativos de la política. En su lugar, abrazaba como únicas tareas válidas el análisis lógico de los conceptos y la crítica de los grandes enunciados, a los que veía como meras formulaciones retóricas o ideológicas sin dimensión científica o cognoscitiva: las formas de gobierno, la ciudadanía, la legitimidad, la obligación política y, desde luego, la justicia. En contraste, Rawls, desde los años cincuenta —su trabajo Justice as Fairness (Justicia como imparcialidad), que data de 1958— decidió apostar por un propósito filosófico de largo aliento: definir las condiciones que hacen justo al marco de instituciones definitorias de una sociedad. Dicho en su lenguaje especializado: buscó justificar los principios de justicia que configuran la estructura básica de la sociedad y hacen de ésta una realidad ordenada de manera correcta (a well ordered society).

Sin abandonar un vocabulario de corte analítico que delataba su contexto de formación, Rawls, sin embargo, no sólo recuperó de manera fructífera la tradición intelectual del contrato social cuyo florecimiento se dio en los siglos XVII y XVIII en las obras de Hobbes, Locke y Rousseau, entre otros, sino que afilió su punto de vista moral al pensamiento del más ilustre de los filósofos ilustrados, Inmanuel Kant, llegando a definir su método de argumentación como “constructivismo kantiano”. Pero, sobre todo, Rawls regresó a la gran teoría en filosofía política al reinstalar, como objeto de reflexión central, el mismo concepto con el que Platón había fundado la filosofía política en el siglo V a. c.: la justicia. Gracias a Rawls, el concepto de justicia es, hoy por hoy, un legítimo objeto de reflexión del pensamiento político. Los discursos sobre la comunidad, el multiculturalismo, el cosmopolitismo, la no discriminación, el género, la desigualdad económica y la interseccionalidad, entre otros, se hacen al abrigo de ese campo disciplinario fundado por Rawls y que llamamos teorías de la justicia.

Este año, también se cumple medio siglo de la publicación de su obra más influyente, discutida y reconocida: A Theory of Justice, aparecida en 1971. Es difícil exagerar la influencia de esta obra en el mundo académico contemporáneo. Baste recordar, por ejemplo, que Isaiah Berlin sostuvo que desde la publicación de Sobre la libertad de John Stuart Mill en 1859, ninguna obra de filosofía política había tenido tanta influencia como la de Rawls; o lo escrito por Robert Nozick en 1974: “… ahora los filósofos tienen que trabajar según la teoría de Rawls, o bien, explicar por qué no lo hacen”.

Dos grandes ideas definen, en mi opinión, la teoría rawlsiana de la justicia, llamada “justicia como imparcialidad” (justice as fairness).  La primera es compleja y poderosa: las personas que poblamos una sociedad contemporánea somos capaces de identificar dos principios de justicia que han de determinar el modo en que se definen y organizan las principales instituciones del orden social: desde la constitución hasta el sistema legal, pasando por el modelo de propiedad. El primer principio es el de libertad: toda persona ha de tener derecho al más amplio esquema de libertades básicas, siempre que este esquema sea compatible con un esquema similar para los demás. Estas libertades no son otra cosa que las libertades modernas: libertad de expresión y de reunión, de conciencia y de pensamiento, libertades políticas, integridad de la persona, derecho (limitado) de propiedad privada y protecciones del Estado de derecho como aquellas contra el arresto arbitrario y la confiscación. El segundo principio es relativo a la tendencia a la igualdad: sólo han de aceptarse las desigualdades que beneficien a todos (no las que sólo favorecen a los privilegiados) y las oportunidades a los cargos y empleos han de estar realmente abiertas para todos.

El primer principio establece una distribución equitativa de las libertades (nadie debería tener menos libertades que otros), mientras que el segundo conduce al llamado principio de diferencia: sólo debemos aceptar desigualdades que beneficien de entrada a los menos aventajados, quienes deberían poder vetar las distribuciones que no les favorecen. De allí que este principio limite y corrija las asimetrías al defender una política radicalmente distributiva que, por un lado, iguala oportunidades mediante recursos como la educación y la salud públicas, y por otro, compensa a los menos aventajados por la desigualdad inmerecida mediante redistribuciones del ingreso y la riqueza; por ejemplo, mediante una política fiscal progresiva que grave las grandes fortunas. Rawls no cree en la meritocracia ni en el poder absoluto del mercado; confía en la capacidad reguladora del acuerdo social.

Rawls sostiene que estos principios no provienen de la mente del filósofo, sino que son el resultado de la historia política moderna, con sus luchas y sus transformaciones. Lo que hace el trabajo filosófico es mostrar que éstos son los principios que una persona racional escogería si, en condiciones de juicio equitativo (lo que él llama “posición original”) se desentendiera temporalmente de sus desigualdades contextuales y su biografía específica (velo de la ignorancia) y sólo pensara como una persona libre e igual a las demás. Ese es el núcleo del llamado método neocontractual.

La segunda gran idea de Rawls refrenda su profundo compromiso liberal: cada persona debe poder orientar su vida y proyectos conforme a su idea particular de bien o felicidad: su salvación, su realización, su moral o su perfección sólo a ella conciernen y el Estado no debe imponer o promover ideas particulares de bien. Al Estado le toca organizarse conforme a los principios de justicia, que expresan lo justo o lo correcto, mientras que el bien o la felicidad individuales han de ser parte de lo que Mill llamó “la soberanía del individuo”. Tengo para mí que esta segunda idea es la que, al proyectarse al debate doctrinario de finales del siglo XX, se convirtió en el argumento central de la otra gran obra de Rawls: Political Liberalism (El liberalismo político) de 1993. En ella, Rawls sostuvo que, en las sociedades pluralistas de nuestra época, cualquier doctrina religiosa moral o filosófica particular (siempre que sea razonable y no autoritaria) debería poder constituirse en el horizonte de felicidad, realización o perfección para sus integrantes, pero a la vez, debería tener impedido ser impuesta desde el poder público como el modelo de justicia válido para toda la ciudadanía. La concepción de la justicia ha de ser el resultado de un consenso político de la ciudadanía acerca de principios públicos, más allá de sus diferencias doctrinarias.

Los temas que instaló Rawls en la reflexión académica no son exclusivos de su país. En nuestra América Latina, Rawls ha sido muy estudiado porque su filosofía apuntó a algunos de nuestros problemas estructurales y ancestrales: la falta de libertades, las ominosas desigualdades que nos fragmentan y el desafío de las doctrinas religiosas y morales promovidos como discurso del Estado por gobernantes de inclinación integrista.

Los alcances de Rawls significaron también su límite. Aunque al final de su vida manifestó apertura a los temas de género y raza, es decir, de discriminación, ya no alcanzó a alinear su poderosa teoría con las nuevas agendas de derechos y justicia de nuestra época. Redondeó su modelo de justicia distributiva, pero sus silencios y omisiones nos invitan a estudiar con seriedad esos otros desafíos para la justicia.

Jesús Rodríguez Zepeda. Profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.