En este año que recién inició, la democracia en México estará enfrentando los mayores retos en su historia. En tan solo unos meses, millones de personas acudirán a las urnas para manifestar su voluntad conforme a la cual habrán de renovarse miles de cargos de elección popular a nivel local, estatal y federal. Por si la decisión de quién habrá de representar a la ciudadanía no fuera ya lo suficientemente compleja, ésta habrá de formularse en un contexto caracterizado por la crisis del modelo político en México que ha sido incapaz de procesar las prácticas de las fuerzas políticas, la debilidad institucional que estas han provocado, así como la violencia que sufre la población en todo el territorio del país y la desigualdad lacerante que solo ha ido en incremento después de la más reciente pandemia global.
La búsqueda de otros horizontes que prevengan un cinismo político ante la situación del país tampoco es muy alentadora. La crisis climática, de desplazamiento forzado y todos aquellos sufrimientos provocados por las guerras han evidenciado la necesidad de cuestionar los acuerdos políticos y sociales conforme a los cuales hemos construido nuestros sistemas democráticos. Más cuando pareciera que ya no existen voces respetables encargadas de tomar las decisiones que determinan el rumbo histórico de nuestras sociedades.
Este vacío de representación aleja a las personas de los compromisos necesarios para construir una vida en democracia y allana el camino para los mezquinos intereses que se valen de la corrupción, la fuerza y el engaño para imponer la voluntad de unos cuantos frente al bienestar colectivo.
Ante este panorama, que resulta desolador para quienes mantenemos la esperanza en el potencial de las posibilidades humanas, necesitamos encontrar mejores soluciones que nos permitan corregir el rumbo y reconocernos como parte de un proyecto de civilización en el que requerimos que los actos y decisiones de quienes ocupan puestos de poder empiecen a vivir realmente las consecuencias de lo que han provocado.
Al reflexionar acerca de estas situaciones, encuentro motivación en algunas ideas que sirvieron de inspiración y razón para dar forma a la oleada de democratización del siglo pasado, pero que con mayor frecuencia padecemos su ausencia de la discusión pública cotidiana. En especial, resulta alarmante que en la época que vivimos –la cual podría caracterizarse, entre otras cosas, como aquella en la que hemos logrado el mayor consenso acerca de que la razón del Estado es la de ser garante de los derechos de todas las personas– los discursos políticos exitosos son aquellos que utilizan las diferencias para polarizar y para denostar el valor de la diferencia que es el punto fundamental con base al cual pueden construirse gobiernos democráticos.
Por ese motivo, me parece importante retomar la idea de John Dewey de entender a la democracia no sólo como una forma de gobierno, sino como una forma de vida. La cual debe ser concretada y puesta en práctica en nuestra vida cotidiana. ¿Pero esto qué significa?
En primer lugar, esto significa pensar a la democracia como un modo ético de vida. Lo anterior sirvió de inspiración para el diseño de sistemas de gobierno en los que la voluntad popular fuese la razón conforme a la cual fueran adoptadas las decisiones públicas. Sin embargo, la esperanza democrática plasmada en las constituciones quedará convertida en letra muerta a menos de que encuentre forma en las actitudes que las personas manifiestan en sus interacciones y sus relaciones.
Por ejemplo, en los procesos electorales la renovación pacífica del poder público requiere que quienes contiendan para ocupar los cargos de gobierno deban ajustar sus conductas a las reglas establecidas previamente para el correcto desarrollo de la contienda electoral. El acatamiento de las reglas no sólo es muestra de una actitud responsable de alguien que entiende la necesidad de cumplir con los acuerdos de la comunidad expresados a través de leyes, sino que también es la manifestación real de la confianza y el respeto que se tiene a la ciudadanía.
El respeto a la ley lectoral significa que quien contiende confía en que sus propuestas y proyectos constituyen una plataforma que puede apelar al electorado y que esas serán las razones por las que una persona habrá de manifestar su apoyo a un planteamiento mediante su voto. Sin embargo, hemos atestiguado que el dinero indebido, la malversación de recursos públicos, las amenazas, el aprovechamiento de la necesidad y la violencia son las fuerzas conforme a las cuales una clase política sin escrúpulos busca hacerse del poder.
Esto nos condena a vivir, en palabras de Hanna Arendt, tiempos oscuros. El signo que identifica esa oscuridad es que las crisis reales están encubiertas por el discurso de las autoridades que utilizan la demagogia para ‘disculpar’ los hechos más desagradables y, así, evitar las consecuencias de sus acciones. La ruptura de la credibilidad y las mentiras públicas operan para que los discursos oculten los problemas del día a día, que padecen personas reales, pero que quedan desdibujados en narrativas que degradan toda verdad a una trivialidad sin sentido.
Con esto no quiero concluir que toda persona en una posición de poder público ha llegado a ella mediante la mentira y el engaño. Esa sería una posición que nos conduciría al cinismo y confirmaría su victoria frente a los principios conforme a los cuales debe construirse una comunidad democrática. Mi intención es más bien denunciar estas prácticas para alertar y provocar una sana desconfianza frente a quienes quebrantan constantemente las reglas de los procesos democráticos.
Quien tuvo que hacer trampa porque fue incapaz de confiar en que la ciudadanía habría de compartir sus propuestas, no ejercerá el poder para el bienestar comunitario.
Los compromisos éticos que exige la vida en democracia tienen razón en que son el resultado de la experiencia que nos ha enseñado lo que significa entendernos en nuestra otredad y la necesidad de organizar nuestras capacidades para construir vida en sociedad. Que nos han hecho conscientes de las consecuencias de desviar nuestro actuar y de los malestares que provoca el procurar únicamente los intereses particulares. Por ello, quienes recitan sofisticados discursos fundados en mentiras han perdido la capacidad de aportar a la comunidad, pues se han acostumbrado a vivir en mundos en los que sus razones son suficientes, sin que estas tengan asidero alguno en la realidad.
En segundo lugar, como refiere Bernstein, pensar a la democracia como una forma de vida significa un compromiso con su pluralidad. Entender que la diversidad de ideas y caminos de vida debe resolverse como un reto práctico y no como un obstáculo para el desarrollo. Este reto significa tratar de comprender a la otra persona y sus diferencias a través de un genuino diálogo crítico. No basta tolerar otras ideas o formas de vida, sino que es necesario una verdadera actitud de entendimiento capaz de reconocer que nuestros pensamientos e inclinaciones también son falibles y que sólo en la discusión auténtica podemos construir mejores ideas.
La fuerza que las políticas identitarias han adquirido en tiempos recientes es la consecuencia del empoderamiento de las personas que viven realidades que fueron negadas por discursos dominantes y que reclaman los espacios de participación que les corresponden como integrantes de la comunidad. Esta reivindicación no está exenta de fuertes tensiones provocadas por quienes se sienten amenazados al ver reducidos los espacios en los que ejercen influencia o tienen presencia.
No obstante, si la defensa de esos espacios se da a través de la violencia –que se manifiesta expulsando comunidades de sus territorios, a través de la comisión de crímenes de odio, invisibilizando las diferencias, entre otras prácticas— es porque nunca hubo justificaciones democráticas para ocuparlos. La resistencia a los cambios es una respuesta comprensible, pero no es razón suficiente para evitar corregir aquello que desde su origen fue un mal planteamiento.
Entonces, como tercer punto a destacar, vivir una vida democrática exige el ejercicio de la crítica. No cualquier tipo de crítica, sino aquella que pueda concretarse en prácticas políticas. Contrario a quienes viven una vida autoritaria, quienes reivindican a la democracia entienden que la vida en sociedad requiere una constante revisión de los acuerdos y modelos que articulan a la comunidad para alcanzar fines más altos. No existen verdades únicas y mucho menos autoridades con todas las respuestas.
Nuestra discusión pública pareciera haber reducido a la crítica como un sinónimo de ataque, perdiendo con ello uno de sus significados más importantes que es el de valorar. Es decir, criticar algo requiere entender para poder cuestionar.
Inicié enunciando algunas de las crisis que padecemos y que requieren reformas para su atención. No obstante, si esas reformas son el resultado de pasiones viscerales e ideológicas, entonces serán el resultado de una crítica que se ejerció como ataque y no como un verdadero entendimiento de los problemas que deben resolverse, así como una auténtica valoración de lo que hasta ahora hemos logrado.
En tiempos de campañas electorales es necesario exigir que las plataformas políticas sean verdaderas propuestas construidas con base en una crítica que reconoce los avances, que identifica lo que necesita cambiarse, y que es capaz de justificar con razones reales los cambios de ruta.
Sin esa crítica comprometida, cada propuesta de reforma sólo será el resultado de agendas e intereses que se valen de los discursos para ocultar las verdades complejas. Propuestas que serán incapaces de reconocer la pluralidad y de asumir el reto de la diferencia en la construcción de la vida en comunidad. Ataques que distraen nuestra atención y esfuerzos de aquello que debería ser prioridad y que seguiremos postergando como si los discursos pudieran ganarles a los apremios del tiempo.
En tiempos oscuros, en los que los ideales parecieran haber perdido sentido es cuando debemos reivindicar esos ideales con mayor firmeza. Hacer de la democracia una forma de vida no es más que el compromiso individual de actuar para defender lo que es valioso e incluir en esa defensa a quien tenemos al lado, entendiendo que las diferencias son las que nos llevan a pensar mejores respuestas. Siendo congruentes con nuestras decisiones y asegurando que quien se desvíe del compromiso democrático tenga que enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Y esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de los poderes del Estado en garantizar la permanencia y el fortalecimiento de nuestras instituciones, sin las cuales la democracia se torna en un espejismo.
La Constitución diseñó a estas instituciones para garantizar su funcionamiento pleno e independiente. Esa fue la visión del Constituyente. Y el Poder Legislativo está obligado a respetar nuestra norma fundamental. En el caso particular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales locales, el Senado ha violado la Constitución al no asumir su responsabilidad de nombrar a la totalidad de las magistraturas electorales en los ámbitos federal y local. Instituciones desintegradas facilita su cooptación por parte del poder político. Y esta captura de la justicia electoral con la complicidad de las y los senadores de la República, ponen en grave riesgo nuestra vida democrática.
Hoy faltan por nombrar 36 de las 107 magistraturas electorales locales y 7 magistraturas federales de los 25 cargos existentes. En el ámbito local hay tribunales que ya sólo están integrados por una magistratura legalmente nombrada por el Senado. Esta indebida conformación de los órganos de justicia fomenta si inestabilidad y su vulnerabilidad ante el poder político.
Esta realidad política nos lleva a otra reflexión: ¿cuál es la responsabilidad de quienes integramos estos órganos jurisdiccionales fundamentales para la democracia?
Regreso aquí a la primera reflexión de este artículo: pensar a la democracia como un modo ético de vida. Quienes integran las instituciones deben ser los pilares para garantizar a toda la ciudadanía una vida en democracia y deben regir su actuar apegadas y apegados a los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública. Estos implican honradez y transparencia en el manejo de recursos públicos, con la conciencia de que estos bienes no son propios. Un compromiso inalienable con el respeto a la Constitución y a la ley, en el análisis de los juicios. Un desempeño honesto en su quehacer cotidiano sin el más mínimo asomo de prepotencia y abusos.
Y finalmente regir el desempeño con repsonsabilidad y respeto. Responsabilidad hacia la colegialidad que implica la búsqueda del consenso interno sin permitir influencias externas y el respeto hacia los pares. Un órgano colegiado que no respeta su regimen interno levanta el sospechismo de poder respetar el orden jurídico. La colegialidad se basa en el diálogo, en la capacidad de construir acuerdos en torno a las diferencias internas. La colegialidad exige respeto hacia la investidura, hacia sus pares y hacia la sociedad y el Estado.
Para que una institución pilar en la construcción y consolidación de nuestra democracia sus integrantes deben cumplir plenamente los principios constitucionales que rigen su función, sólo así sólo así se grantizará la permanencia del orden democrático constitucional.
La democracia en México enfrenta sus mayores retos y para que sus postulados abandonen el plano de las ideas y se conviertan en prácticas políticas hacen falta demócratas. Personas que de forma cotidiana actúen con ética, que dejen de disculpar sus actos a través de discursos, que asuman sus responsabilidades públicas por encima de sus intereses personales y que sean capaces de reconocer su propia falibilidad y encuentren fuerza en la pluralidad.
En esa esperanza radica la mayor advertencia. La democracia como forma de vida que requiere ser concretada y puesta en práctica necesita agentes que sean demócratas, si no ésta habrá de convertirse en un discurso más que sólo servirá para distraer nuestra atención de un autoritarismo que se instaló aprovechando que dejamos de ser consecuentes con nuestra responsabilidad.
Janine M. Otálora Malassis. Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
José Manuel Ruiz Ramírez. Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.