El domingo pasado la Constitución de 1917 cumplió 95 años como norma fundamental de nuestro país. Más allá de las correspondientes ceremonias protocolarias, la distracción electoral hizo que la fecha pasara un tanto desapercibida en la opinión pública. Salvo algunos artículos y programas de televisión que aprovecharon esta fecha para abordar algún aspecto relacionado con la Constitución, el tema no despertó mayor atención.
Algo interesante, sin embargo, es que en la mayoría de ese puñado de opiniones se presentó un guiño –y, en algunos casos, un verdadero entusiasmo- a la idea de que el país necesita una nueva Constitución. En general, los argumentos que defienden la propuesta de un nuevo texto constitucional consisten en que el actual es abigarrado y carece de un lazo lógico capaz de atar con coherencia su articulado, que desde hace algunos años México sufre un proceso de desconstitucionalización donde la realidad se aleja cada vez más de lo que señala el texto constitucional, que la Constitución ha sufrido un abultado número de reformas y que no pocas de éstas son regulaciones propias de un reglamento y no de una norma fundamental, que la Constitución ha perdido legitimidad y es necesario un proceso constituyente que oxigene la narrativa constitucional, etcétera.
Estoy de acuerdo: varias de estas críticas son acertadas, pero la pregunta es si una nueva Constitución es la vía para solucionar los problemas que señalan. ¿Por qué el resultado de un proceso constituyente sería necesariamente en un texto lógico y coherente? ¿No hay posibilidad de que sea un texto todavía más abigarrado? ¿De qué manera se podría asegurar que en ese proceso constituyente no se incluyan regulaciones larguísimas y de técnica reglamentaria? ¿Acaso existía una constitucionalización de la realidad durante el régimen priista? ¿Cómo el mero hecho de tener una nueva Constitución implicaría mayor eficacia de las normas constitucionales? ¿De qué manera un nuevo texto constitucional va acabar con esa dinámica de reformar constantemente nuestro texto constitucional, cuando el pluralismo político que vive el país desde hace quince años no lo ha logrado? ¿No sería mejor apostar por una legitmidad de la Constitución fruto de su eficacia más que por el simbolismo de un nuevo proceso constituyente?
Me parece que redactar un nuevo texto constitucional, sin olvidar todos los riesgos que se abren al momento de definir las reglas de un proceso constituyente, en el mejor de los casos nos ubicaría nuevamente en el punto de arranque del reto que tenemos ahora: lograr que el texto constitucional sea capaz de asir la realidad de nuestro país. Por supuesto, sería mejor enfrentar este acertijo con un mejor texto constitucional –sin considerar las complicaciones políticas que implica definir qué es una “mejor” norma constitucional-. Pero más que resbalar en la tiránica lógica de la perfección, creo que deberíamos abocarnos en retos menos grandilocuentes pero que se encaminan a lograr precisamente la efectividad de la Constitución. Por ejemplo, legislar pronto y bien las leyes reglamentarias de las cuales depende el éxito de las últimas grandes reformas constitucionales como la de amparo, derechos humanos y del nuevo sistema penal; impulsar cambios institucionales que coadyuvarían a frenar perniciosas dinámicas políticas como es el tema del federalismo fiscal –el cual en buena medida no se sostiene ni siquiera de una ley, sino de contratos de adhesión entre la federación y las entidades federativas-; escrudiñar al poder judicial respecto la enorme agenda de temas que tiene enfrente, como darle cierta coherencia al texto constitucional en el nuevo sistema de control constitucional difuso, etc.
Algo más: varios de los que proponen redactar una nueva Constitución tienen una honesta preocupación sobre ciertos problemas institucionales del país. Algunos compartimos partes de ese diagnostico, pero diferimos enteramente en la manera de cómo enfrentarlos. Sin embargo, también hay que señalar que detrás de la propuesta de un nuevo texto constitucional de algunos abogados, existe un rancio tufillo de gremio que busca mantener en la discusión pública ciertos feudos. Apostar por un nuevo texto constitucional, no con el ánimo de mejorar las instituciones, sino de proteger una tribuna. Abogados que buscan organizar una fiesta, para convertirse en el alma de ésta. Y esto hay que tenerlo bien presente cada vez que se aborde esta discusión.
Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega