La invasión militar unilateral con la que Estados Unidos realizó la extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, es el suceso internacional más relevante desde que inició el año 2026. Con justificada razón, este hecho y los subsecuentes han generado una notoria polémica por su impacto global y regional y, desde luego, para nuestro país.
Un análisis completo y correcto de lo ocurrido el 3 de enero debe ir más allá del ingenuo debate sobre si los medios justifican los fines. Ciertamente, no fue la forma en que se espera que termine un régimen dictatorial —que, ahora lo sabemos, persiste, aunque con ciertos cambios importantes—. Lo deseable no era la captura de Nicolás Maduro a través de una intervención militar extranjera, sino mediante un proceso electoral —como hubo varios, pero con notoria falta de integridad— cuyo resultado hubiera sido reconocido por el régimen y, con ello, se diera paso a una transición política civil. Específicamente, si se hubiera reconocido el triunfo de la oposición, encabezada por Edmundo González y María Corina Machado, en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. De haberse dado ese escenario, el proceso de cambio político en Venezuela habría sido respaldado por la comunidad internacional y los organismos multilaterales. Pero el “hubiera” no existe en política y lo que tenemos a la vista es la captura de Maduro sin una brújula precisa para el desmantelamiento del régimen.
Desde que inició el presente siglo, el chavismo fue sacando provecho, mezquinamente, de las deficiencias de la histórica democracia venezolana —sin idealizarla, dado que ciertamente había llegado a un punto crítico— para construir un régimen autoritario demagógico-populista, concentrador de poder en una camarilla, que fue socavando la institucionalidad democrática pluralista que le había permitido al mismo Hugo Chávez llegar a la Presidencia.
De entonces a la fecha, el régimen paulatinamente ha limitado cada vez más libertades y polarizado política y socialmente a la ciudadanía. Ha perseguido y encarcelado a los líderes de la oposición política, capturado las instituciones —incluyendo, por supuesto, el Poder Judicial y el órgano electoral— y cometido múltiples y constantes violaciones a los derechos humanos, las cuales están documentadas en un sinfín de informes y testimonios. Por si fuera poco, al tiempo que avanzaba la consolidación de la dictadura, la economía se enfiló hacia una decadencia económica imparable —a pesar de ser una de las naciones con más recursos energéticos de Latinoamérica— y la población se fue pauperizando. Todo esto orilló a millones de venezolanos a un exilio forzado.
A continuación, algunas de las claves que me parecen más relevantes para tratar de entender el complejísimo proceso político que está iniciando ahora Venezuela y las repercusiones en el ámbito regional y global.
Nuevo rol internacional de Estados Unidos
Estados Unidos, como cualquier otra nación, juega en la arena internacional con el claro propósito de maximizar beneficios. Más que amigos o aliados, tiene intereses, aunque no deja de ser cierto que históricamente —sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial— gobiernos tanto demócratas como republicanos actuaron más allá de dichos intereses, lo que originó diversos beneficios a la comunidad internacional, especialmente a sus naciones aliadas. Pero, en este momento, el liderazgo de la primera potencia mundial no oculta que sus únicas prioridades son la maximización de sus propios beneficios económicos y su seguridad interior, actuando en el orden internacional con una sola intención: el avasallamiento.
Noam Chomsky señalaba a Estados Unidos como ejemplo de un “Estado forajido” por no someterse cabalmente al orden internacional que decididamente había contribuido a construir. Ello nunca había quedado tan claro como en este segundo mandato de Donald Trump. Las muestras han sido varias y de diversa índole. De entrada, desde que inició su gobierno, la “guerra de los aranceles” ha herido de muerte al orden global en materia comercial, violando un sinfín de tratados y convenciones internacionales.
Desde luego, la más grave violación del derecho internacional ha sido la intervención en Venezuela, aunque no es la primera acción militar unilateral en lo que lleva de su segundo mandato: ahí está la “Operación martillo de medianoche”, en junio de 2025, contra instalaciones nucleares del régimen teocrático iraní (a las que se podrían sumar las amenazas de una nueva intervención en el actual ciclo de protestas en desarrollo en la nación persa), así como ataques aéreos y navales contra posiciones hutíes en Yemen, bombardeos contra los restos que quedan del ISIS en Siria y —de relevancia también en la región latinoamericana— la destrucción de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente transportaban drogas hacia Estados Unidos. A todo ello hay que sumar la pasmosa pretensión de que Groenlandia se convierta en territorio estadounidense, lo cual ha producido airadas reacciones no solo de Dinamarca, Estado soberano al que pertenece el territorio groenlandés, sino de varios países europeos, lo cual puede ser el inicio de una seria fractura dentro de la OTAN.
Queda, pues, muy clara la intención de Trump de hacer trizas el orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial, sin una idea clara de cómo sustituirlo. ¿Tal vez con una reinterpretación de una política imperialista en la que Estados Unidos, Rusia y China impongan sus respectivas influencias en zonas geopolíticamente bien diferenciadas (una suerte de Conferencia de Yalta tácita)?
Intervención sin interventores
En el caso venezolano, Estados Unidos parece que ha aprendido de sus errores y vivencias previas. Desde luego, de las experiencias catastróficas durante el periodo de la “Guerra Fría”, Corea y Vietnam y, posteriormente, en Irak y Afganistán, donde, aunque incursionar militarmente fue, al inicio, relativamente fácil, terminó pagando un altísimo costo por permanecer y, a la postre, retirarse abrupta y desordenadamente, con enormes costos en vidas humanas y recursos empleados.
Así que el sello distintivo por ahora, en la intervención militar en Venezuela, es una menor inversión de recursos militares, pero dejando claro —mediante amenazas— que el control político queda en sus manos, avanzando así en la agenda de sus intereses. La precisión quirúrgica de la intervención tuvo varios propósitos y efectos: 1) hacer patentes los enormes alcances de la inteligencia y el poderío militar estadounidense; 2) generar una reinterpretación de la Doctrina Monroe (“Donroe”, como maliciosamente ya la identifican algunos), para que quede muy clara cuál es el área de influencia y dominación de Estados Unidos —todo el continente americano—; y 3) en la competencia geopolítica, comercial y tecnológica con China, contrarrestar la influencia del gigante asiático en América Latina.
Saldo pírrico
Culpar a un individuo de los males de toda una nación atenta contra los principios de la más elemental lógica. Sin embargo, es incuestionable que hay personajes que, por su toxicidad y capacidad destructiva, generan tal crispación entre la población que lleva a una percepción de fatalidad política y social. Nicolás Maduro ha sido uno de esos personajes siniestros. En esa lógica, no se puede dudar que su derrocamiento, per se, es una muy buena noticia, a pesar de las circunstancias y el contexto en que se produjo.
Como ha quedado claro, para Trump no es prioridad el respeto a las normas del Derecho Internacional, ni el mantenimiento de las organizaciones y alianzas multilaterales —que incluso ha amenazado con abandonar—, lo que inevitablemente profundiza la crisis del orden internacional vigente en las ocho décadas previas.
Pero no hay que obviar que los organismos multilaterales mundiales y regionales más relevantes, como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como otros mecanismos regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, habían sido notoriamente incapaces de imponer medidas para contener —ya no digamos resolver— la escalada de fechorías perpetradas por la autocracia chavista durante un cuarto de siglo, y particularmente impotentes para lograr el reconocimiento del triunfo de Edmundo González en las elecciones de 2024 para, con ello, propiciar la deposición del dictador y el inicio de la transición democrática.
A la condenable ruta —sin ambages— de la intervención estadounidense, hay que agregar el descaro sobre los motivos de su actuar. En la conferencia de prensa de Trump el mensaje fue contundentemente —muy lamentablemente—, y diáfano: vamos por el petróleo y no nos importa la restauración democrática, desestimando la enorme lucha de la oposición venezolana y, especialmente, de María Corina Machado, principal referente de la resistencia a la dictadura y de la defensa de los derechos humanos.
Un apunte sobre el tema petrolero. Desde el boom que la convirtió en “Venezuela Saudita”, históricamente ha sido necesaria la inversión extranjera para explotar la riqueza petrolera, dado que la tecnología y los recursos domésticos son notoriamente insuficientes. Las empresas energéticas multinacionales han estado ahí desde los inicios del boom petrolero. Empresas que, desde luego, se han mantenido en el juego ajustándose a los cambios de reglas según los tiempos políticos que corran, incluyendo las dos “nacionalizaciones” de la industria petrolera venezolana: la de 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y la “re-estatización” con Hugo Chávez.
En la época previa al chavismo, la renta petrolera sirvió como palanca que permitió la construcción de hospitales, escuelas, carreteras y un largo etcétera para fomentar la infraestructura y el desarrollo del país. En esa lógica, es inverosímil que durante los gobiernos de Chávez y Maduro se haya deteriorado progresivamente la economía y pauperizando a la población venezolana. Según la OPEP, Venezuela tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo: 303 miles de millones de barriles. Siete veces las de Estados Unidos, y sin poder sacarles provecho adecuadamente. Como era de esperarse dadas las nuevas condiciones, el gobierno sustituto, encabezado por Delcy Rodríguez, ya está tomando las medidas dictadas por Washington para flexibilizar la legislación en la materia y permitir así una mayor inversión de las empresas petroleras estadounidenses (y no sólo de ese país, cabe aclarar).
Juego a dos puntas
En el tablero sobre los destinos de Venezuela hay tres jugadores relevantes: Estados Unidos —con una posición notoriamente dominante—, el régimen chavista —que, con todo, se mantiene— y la oposición encabezada por María Corina Machado. Tanto la dictadura chavista como la oposición saben que Washington es quien inclina la balanza. Trump, por ahora, se ha decantado por la continuidad del régimen con la nueva encargada de despacho. Esto ha permitido que, en estos primeros días, se cumplan los objetivos de Washington de forma menos cruenta. Delcy Rodríguez ha colaborado, dócil y pragmáticamente, dejando de lado posturas y desplantes ideologizados, a los que era tan proclive Nicolás Maduro, quien se presumía impune e intocable.
Está claro que, si bien Trump opta por la continuidad del régimen chavista, tampoco desdeña la interlocución con la líder opositora venezolana. En esa lógica, se entiende el respaldo que dio a María Corina Machado para generar la logística que le permitió salir de la clandestinidad en Venezuela, llegar a Europa y recibir el Premio Nobel de la Paz, así como sostener encuentros de respaldo político a la causa, entre ellos la visita al papa León XIV en el Vaticano y al propio Trump en Washington. Desde luego, ha tenido que hacer gestos que se explican en el contexto de la encrucijada política, destacando la bochornosa farsa de la entrega de la presea del Nobel de la Paz, que tanto ha codiciado Trump, condimentada con repetidas —y, la verdad sea dicha, poco dignas— alabanzas. Lo cierto es que, para el mantenimiento de la causa opositora venezolana, ¿qué mejor estrategia podría desplegarse frente a un narcisista impredecible como el actual inquilino de la Casa Blanca?
Lecciones para poner las barbas a remojar
Como en las relaciones internacionales cada vez es más cierto aquello de con quién te juntas y para defender qué agenda, es lamentable que, por dogmatismo ideológico o intereses políticos o económicos, un arco de gobiernos con tendencias demagógicas y autoritarias, que se auto perciben como “progresistas”, hayan navegado a conveniencia entre principios de no intervención interpretados a modo, o directamente respaldando con júbilo al régimen chavista, en vez de hacerse cargo de su responsabilidad en la tragedia venezolana.
La contundencia de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es una demostración de fuerza frente al mundo y, desde luego, para todos los países de Latinoamérica. Particularmente relevante para Colombia, históricamente un aliado estratégico de Washington en Sudamérica, así como para México. Las implicaciones de la enorme frontera territorial que comparten nuestros dos países, el que sea la relación bilateral más importante para México y la pertenencia al bloque comercial de Norteamérica, son algunas de las prioridades que México tiene que considerar ante la presión cada vez más exigente por parte de Trump. En lo que va de su gobierno, han sido reiterados desde los ofrecimientos para realizar operativos militares conjuntos hasta los avisos o amenazas de una posible intervención en territorio mexicano para detener a los cárteles que, a su juicio —con elementos de verdad—, controlan al país. Hasta ahora, el gobierno mexicano ha sorteado los embates de Trump; sin embargo, la paciencia parece estar llegando a un límite, ante la insuficiencia de resultados en el combate a carteles mexicanos declarados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.
Ante las amenazas y la lección ejemplificadora que dio Estados Unidos en Caracas, puede decirse que no todas las naciones de la región corren el mismo riesgo. Aquellos países latinoamericanos con democracias sólidas, división efectiva de poderes, adecuado Estado de derecho e impartición de justicia, menores niveles de corrupción y mayor certidumbre jurídica para las inversiones, son —o tendrían que ser— menos proclives a los embates de Trump.
Reflexiones finales
Lo que viene para Venezuela es un desafío monumental. Derrocaron a Maduro, sí, lo que no es un logro menor, pero persisten otras estructuras y liderazgos políticos y militares chavistas, algunos de los cuales son también reclamados por la justicia estadounidense. Hoy, Washington ha permitido que inicie un tercer ciclo del chavismo, de la mano de Delcy Rodríguez. Lo deseable es que sea un episodio fugaz y no otra etapa tan largamente destructiva como las de Chávez y Maduro.
Lo más apremiante para la recuperación de Venezuela es avanzar en un proceso de transición para desmontar el legado destructivo del chavismo, establecer las condiciones adecuadas para los venezolanos que quieran regresar —la diáspora ronda los ocho millones de personas— y sentar las bases para la recuperación económica, social y política del país. La liberación (a cuentagotas) de presos políticos abona al sentido correcto de las cosas, pero se requiere, en algún momento —y ojalá sea pronto—, la convocatoria a elecciones libres, lo que no está por ahora en la agenda de Washington y menos aún en la de los chavistas. Hay algo que la administración Trump debería considerar, a pesar de que, de momento, no le ha dado la menor importancia: el respaldo ciudadano, la legitimidad, el camino para reconstruir el Estado de derecho y una democracia constitucional pluralista, el beneplácito de la comunidad internacional y la esperanza para sacar a Venezuela del infierno al que ha sido condenada en lo que va del siglo, sólo puede venir de la mano de María Corina Machado. ¿Era imaginable una transición en Sudáfrica en la que la reconstrucción del país no fuera liderada por Nelson Mandela?
Horacio Vives Segl
Profesor del Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM