Y sigue la mata dando: el asalto a la ley desde el gobierno federal

La esencia populista del gobierno federal se acredita todos los días con un discurso cada vez más vacío y alejado de la realidad. Quedará para la historia el terrible manejo de la pandemia, manipulando y mintiendo a mansalva; el criminal desabasto de medicamentos; el desastre que significa la desaparición de fideicomisos indispensables para atender innumerables necesidades; la indolencia frente al crimen organizado.

Desde 2019, Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizaron un recuento de algunos atentados contra la economía, los derechos humanos y la democracia.¹ Se alertó sobre 20 acciones abiertamente ilegales, y siete de dudosa legalidad. En este sentido, se señalaron diversas violaciones a la extralimitación de facultades y la división de poderes, violaciones a los derechos fundamentales, y al uso discrecional de los recursos públicos.

A principios de 2020, MCCI publicó un artículo que dio cuenta de 15 acciones abiertamente ilegales y seis probablemente ilegales.² Se destacaron acciones del Ejecutivo Federal que representan probables violaciones a nuestra Constitución, como poner en duda el principio de legalidad, atentar en contra del derecho a la salud y pasar por alto la presunción de inocencia.

Como complemento a este listado, Causa en Común presentó un cuadro de ilegalidades cometidas de enero a agosto de 2020, en los que destacaron 39 actos u omisiones en contra de los derechos humanos, la democracia y la economía.³ Por su lado, MCCI publicó otro artículo que dio cuenta de las ilegalidades cometidas durante la pandemia, destacando acciones u omisiones que atentan contra el derecho a la salud y el mal manejo de los recursos públicos.⁴

Como continuación de este repertorio de ilegalidades, Causa en Común presenta en este artículo un recuento de algunas de las acciones que violan o probablemente violan la Constitución, mismas que fueron identificadas durante el último cuatrimestre de 2020 (septiembre a diciembre) y el periodo de enero a junio de 2021. Se da cuenta de, al menos, 26 acciones u omisiones del gobierno, probablemente ilegales, divididas en violaciones a: i) derechos humanos; ii) las reglas del sistema económico; y iii) nuestra democracia. Asimismo, se detalla el impacto que estas acciones han tenido para el derecho a la salud, el funcionamiento del sector económico, y la seguridad jurídica en general.

Ilustración: Víctor Solís

1) En contra de los derechos humanos

Se registraron, al menos, 15 decisiones u omisiones de la autoridad en contra de los derechos humanos.⁵

En octubre de 2020, el presidente presentó ante el Senado una propuesta de iniciativa de consulta popular para “enjuiciar” a expresidentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó el texto propuesto en la iniciativa y aprobó una versión que no hace mención a un expresidente en específico. El 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria a esta consulta popular. Estas determinaciones pudieran violar los artículos 1°, 14, 16, 17, 20, 35 y 133 de la Constitución, ya que se podría afectar la obligación de las autoridades a impartir justicia pronta y expedita, garantizando los derechos humanos y la seguridad jurídica, así como los derechos de las víctimas. También vulnerarían la obligación constitucional de respetar los derechos de seguridad jurídica que prevén diversos tratados internacionales.

En noviembre de 2020, se publicó en el DOF un decreto con reformas que eliminan diversos fideicomisos en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, desarrollo de ciencia y tecnología, y el fondo de apoyo a ex trabajadores migratorios. La desaparición de los fideicomisos vulneraría el artículo 1° constitucional, el cual prevé que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La desaparición de diversos fondos compromete la vida, la seguridad, la economía, la cultura, y diversos derechos que prevé la Constitución.

En ese mismo mes, se publicó en el DOF el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, el cual no contempla recursos para el desarrollo de las policías locales, y estipula la desaparición del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg). Esta acción representaría una violación a los artículos séptimo transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de 2019 y al artículo 21 constitucional, por no asignar recursos suficientes para el desarrollo de las policías locales.

La disminución de recursos a las instituciones de corte civil para la seguridad pública, así como la desaparición de fondos federales para la seguridad y el aumento en los recursos para las fuerzas armadas, profundizan aún más el proyecto militarista del gobierno federal.

En este mismo sentido, en diciembre de 2020, se publicaron en el DOF diversas reformas con la finalidad de trasladar todas las atribuciones en materia de administración de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (Semar). Esto pudiera vulnerar el artículo 129 de la Constitución, ya que las fuerzas armadas, en tiempos de paz, pueden realizar actividades exclusivamente relacionadas con la disciplina militar.

En cuanto a la salud, aún persiste la omisión de proporcionar insumos de protección al personal sanitario que enfrenta la crisis sanitaria por covid-19. Son ya miles de muertes de personas que atienden en la “primera línea”. Esto representa una posible violación a los artículos 1°, 4° y 123 constitucionales, por afectar el derecho a la salud, la progresividad de los derechos humanos del personal médico y los derechos laborales del personal sanitario.

El 23 de abril, fue publicado el decreto que ordena el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), pues violaría derechos fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales.

El 20 de mayo de 2021, fue publicado en el DOF el decreto por el que se expide la nueva Ley de la Fiscalía General de la República. El nuevo ordenamiento estipula que la FGR no tendría la obligación de apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas, además de que condicionaría su participación en comisiones, sistemas y mecanismos de derechos humanos relevantes, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, entre otras. El 22 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el impulso de las organizaciones de la sociedad civil, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, a fin de proteger derechos tales como seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, libertad de trabajo; así como los principios de legalidad y presunción de inocencia, que este ordenamiento podría violar.

2) En contra de la economía

En cuanto a la economía, destacan, al menos, seis acciones ilegales o probablemente ilegales.⁶

Entre estas acciones se encuentra el denominado “decreto Nahle” y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. El decreto violaría los artículos 28 y 133 de la Constitución, por afectar la libre competencia económica y la obligación del Estado mexicano de proteger los tratados internacionales a los que se encuentra obligado. La reforma, que fue aprobada por el Senado de la República en marzo, violaría los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, ya que afectaría los principios de eficiencia, competencia, libre acceso al sistema, sustentabilidad y libre mercado, además de obstaculizar la generación de energía a partir de fuentes renovables.

El 16 de marzo de 2021, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), anunció que el Ejército recibirá todos los recursos obtenidos de la operación del Tren Maya, además de que todas las vías y el ferrocarril serán propiedad de la Sedena. Esto violaría el proceso constitucional a través del cual se asigna el presupuesto a las secretarías de Estado. Esta acción se suma a la lista de beneficios que el presidente le ha otorgado a las Fuerzas Armadas.

3) En contra de la democracia

En cuanto a nuestro sistema democrático, destacan, al menos, cinco acciones ilegales o probablemente ilegales, violatorias de algún derecho político-electoral o que alteren el equilibrio de poderes o el sistema de contrapesos que definen a nuestra democracia.⁷

En septiembre de 2020, el presidente utilizó en un spot, imágenes y frases religiosas para justificar la labor de su gobierno. La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó dejar de transmitir dicho spot, el cual habría violado los artículos 24 y 40 constitucionales.

También en septiembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del municipio de Delicias, en Chihuahua, debido a las protestas ocasionadas por el conflicto del agua en la presa La Boquilla. Esto pudiera violar los artículos 14 y 16 constitucionales, que contienen el principio de legalidad; y los artículos 19 y 20, por afectar la presunción de inocencia.

Durante 2021, el gobierno federal ha utilizado la estrategia nacional de vacunación contra la Covid-19 como parte de la propaganda electoral de Morena. El uso de los «servidores de la nación» con este propósito, violaría el artículo 134 de la Constitución, que establece que los servidores públicos tienen la obligación de impartir con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

El 15 de abril de 2021, el Congreso de la Unión aprobó la reforma del Poder Judicial, a la cual, de último minuto, se le agregó un artículo transitorio que establece la ampliación del mandato del actual presidente de la Suprema Corte y de los actuales Consejeros de la Judicatura Federal. Esta ampliación no sólo es una clara violación del párrafo cuarto del artículo 97 constitucional, donde se establecen los parámetros para ocupar el cargo de presidente de la Suprema Corte, sino que además es una clara intromisión a la autonomía y la independencia del Poder Judicial, pues la misma norma establece que, en atención a la autonomía de poderes, serán las y los integrantes del pleno de la Corte quienes deben determinar quién ocupa ese cargo.

Reflexión final

Este artículo es una llamada para alertar sobre el peligro que significa un proyecto político que llegó al poder por la vía legal, pero que sólo sabe actuar a contracorriente de la legalidad y las instituciones.

A lo largo de dos años y medio, son evidentes dos características esenciales, que también son propósitos: la ampliación de los márgenes para un ejercicio arbitrario del poder; y un populismo ramplón, repartidor de cheques y mentiras.

Las crisis de salud, económica, ecológica y de seguridad, han lacerado la vida de todos los mexicanos, muy especialmente la de los más débiles, aquellos a quienes se prometió poner en primer lugar. Y, mientras tanto, desde el poder solo se escucha autovictimización y autoelogio. Farsa y tragedia.

Causa en común. Organización de la sociedad civil enfocada a la defensa de los derechos y libertades, las víctimas y la democracia y sus instituciones, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad

ANEXO

Probables violaciones al Estado de derecho por parte del Gobierno Federal

¹ María Amparo Casar y José Antonio Polo, “Sí o sí: Me canso ganso”, nexos, 1° de julio de 2019, https://bit.ly/30PtqH0.

² María Amparo Casar, “La ilegalidad y el presidente”, nexos, 1.° de marzo de 2020, https://bit.ly/3tqEhDx.

³ Causa en Común, “El asalto a la Ley 2020”, agosto de 2020, https://bit.ly/3qNMYGg.

⁴ María Amparo Casar y Gerardo Carrasco, “La ilegalidad presidencial en tiempos del coronavirus”, nexos, 1.° de junio de 2020, https://bit.ly/3qTKzd5.

⁵ Ver “ANEXO”.

⁶ Ver “ANEXO”.

⁷ Ver “ANEXO”.