La gestión de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura ha estado marcada, desde el principio, por la dificultad de tener que habérselas con un presidente de la República cada vez más renuente a aceptar que su poder tiene límites.
Por un lado, la Constitución establece un sistema de pesos y contrapesos que distribuye competencias entre distintos poderes que se restringen unos a otros, para que ninguno se imponga sobre los demás y, de ese modo, puedan protegerse los derechos de las personas contra las arbitrariedades a las que siempre conduce la concentración excesiva del poder. Por el otro lado, López Obrador y su coalición toman decisiones como si el apoyo mayoritario que obtuvieron en las urnas fuera expresión inequívoca de la voluntad popular o el interés nacional, y como si sus presumidas buenas intenciones implicaran que no pueden hacer daño, de modo que resistirse a ellas o de plano rechazarlas les parece una afrenta no sólo contra la democracia sino incluso contra la moral.
Zaldívar ha tratado de desempeñar un papel conciliador para navegar el dilema de ser quien encabeza el poder encargado de salvaguardar la Constitución y, al mismo tiempo, ser un vocal aliado del “proyecto transformador” del presidente. Es una posición complicada, ingrata, deslucida. Y comprometedora, además, porque Zaldívar se empeñó en impulsar una reforma al interior del Poder Judicial para la que fue indispensable el apoyo del lopezobradorismo y, tarde o temprano, muchas de las reformas que ha impulsado a su vez el lopezobradorismo habrán de resolverse en la Suprema Corte de Justicia que preside el propio Zaldívar. El conflicto, en pocas palabras, es notorio y sustantivo.
Durante los últimos días el presidente aprovechó la plataforma de sus conferencias mañaneras para atacar a un juez de distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, que otorgó una suspensión provisional tras un amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. También envió una carta al ministro presidente quejándose de la determinación del juez y solicitando que se le investigue. El ministro presidente respondió admitiéndole la queja y ofreciendo darle trámite.
El episodio se inserta no sólo en el contexto de un potencial quid pro quo, sino en una secuencia de fiascos en los que la autoridad jurisdiccional ha actuado de un modo, por decir lo menos, desaseado o en desdoro de su independencia. Por ejemplo, suspendiendo al magistrado encargado de revisar las suspensiones contra el nuevo aeropuerto de Santa Lucía; aceptando la renuncia del ministro Medina Mora sin la debida motivación por causa grave; o cambiando la pregunta sobre la consulta popular que el presidente propuso para juzgar a los expresidentes. En todos los casos ha sido muy clara la voluntad de López Obrador y muy clara, a su vez, la disposición de Zaldívar de operar para encontrarle algún tipo de acomodo, más o menos forzado pero funcional. Al Poder Judicial le está lloviendo sobre mojado, pero el ministro presidente insiste en no mojarse.
Sería ingenuo pensar que los únicos destinatarios del desplante presidencial son Zaldívar y el juez Gómez Fierro. Porque el mensaje también va dirigido a todos los jueces que, en las próximas semanas, tendrán que procesar lo que promete volverse una avalancha de amparos contra una reforma francamente muy endeble. Al carecer de una sólido argumentación jurídica para sostenerla, López Obrador está apostando por ejercer presión política. Se entiende que el ministro Zaldívar trate de ser prudente, pero ante la magnitud de la ofensiva que ha lanzado el mandatario es imposible no interpretar esa prudencia como un titubeo, incluso como una manera discreta de renunciar a hacer una defensa más enérgica de la autonomía de los jueces y del valor de la función judicial. ¿Acaso la ocasión no lo amerita? ¿No le debe Zaldívar a los jueces un mensaje público en el que se ponga firmemente de su lado y les ofrezca certidumbre para que desempeñen su trabajo con profesionalismo e integridad, para que no se dejen amedrentar?
Hay un antecedente ilustrativo, el del ministro presidente Juan Silva Meza en 2012, a raíz de un caso en el que tuvo un papel protagónico el propio Zaldívar: el de Florence Cassez. El entonces presidente Felipe Calderón pronunció un discurso en el que reclamaba a los jueces que el debido proceso se convirtiera en una excusa para perpetuar la impunidad y pasar por encima de los “derechos de las víctimas”. En respuesta directa, Silva Meza pronunció otro discurso en el que, sin medias tintas, dijo: “Jueces, magistrados y ministros queremos un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia, basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad; no el abuso del poder que es paso previo al autoritarismo y a la impunidad, no la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho”. Si exigir respeto a la división de poderes no fue una imprudencia entonces, ¿por qué lo sería ahora?
Que el ministro presidente Zaldívar guarde silencio o conteste con meras formalidades podrá ser un gesto de astucia política, pero no deja de ser una forma de transigir ante quien está interfiriendo indebidamente con la labor de los jueces.
Carlos Bravo Regidor. Profesor asociado del CIDE. Twitter: @carlosbravoreg
El Presidente López Obrador es profundamente intolerante y autoritario, y esos razgos de su personalidad no van a cambiar, están más de las buenas razones, entiéndase es algo genético.