El fin del proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Atrás han quedado los actos preparatorios de la elección, las precampañas y campañas, la jornada electoral y el cómputo de los votos en los consejos distritales. Los últimos resultados de la elección presidencial, según informa el Instituto Federal Electoral (IFE), son los siguientes: Enrique Peña Nieto obtuvo 19,226,784 votos (38.21%), Andrés Manuel López Obrador 15,896,999 (31.59%), Josefina Vázquez Mota 12,786,647 (25.41%) y Gabriel Quadri 1,150,662 (2.29%). Los votos nulos ascendieron a 1,241,154 (2.47%) y los de candidatos no registrados a 20,907 (0.04%).

Las anteriores cifras, sin embargo, no son definitivas, pues falta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones que se presenten contra la elección presidencial, para después realizar el cómputo final de la elección y, en su caso, emitir la declaración de validez de la elección y de presidente electo.

¿Qué tan importantes son las etapas restantes? En el contexto actual, se puede afirmar que serán por demás relevantes. Desde el 2 de julio –un día después de la jornada electoral– el candidato de la Coalición Movimiento Progresista anunció que impugnaría los resultados de los comicios y, recientemente, dejó en claro que solicitaría la nulidad o invalidez de toda la elección. Por lo anterior, no sorprende que el debate sobre la posible  anulación se haya instalado rápidamente en nuestra conversación pública. Sucede, sin embargo, que todavía tenemos un alto grado de incertidumbre sobre lo que viene, pues la Coalición aún no ha dado a conocer los términos en los que presentará su demanda, además de que será la primera vez que el TEPJF califique una elección presidencial con el marco normativo creado por las reformas de 2007 y 2008. Tomando en cuenta estas limitaciones, en las siguientes líneas me propongo hacer una apretada síntesis de las normas constitucionales y legales que regulan las impugnaciones y nulidades de la elección presidencial. Ello, con el propósito de proporcionar una guía, necesariamente breve, que abone para el debate que viene.

Actos susceptibles de ser impugnados

Lo primero: ¿qué actos se pueden impugnar? De acuerdo con los artículos 49 y 50 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), el juicio de inconformidad es la vía procedente para controvertir los resultados de los cómputos distritales: a) por errores aritméticos, b) por nulidad de la votación recibida en casillas específicas y c) por nulidad de toda la elección presidencial. El primer tipo de impugnaciones sirve para corregir posibles errores en los cómputos realizados por los consejos distritales. Su funcionamiento, en ese sentido, es relativamente sencillo. En cambio, conviene detenerse en las reglas relacionadas con la anulación de casillas específicas y, especialmente, de toda la elección presidencial.

Nulidad de las casillas

¿En qué casos procede anular la votación de alguna de las 143,435 casillas que se instalaron en todo el territorio nacional? El artículo 75 de la LGSMIME establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando de actualice cualquiera de las siguientes causales de nulidad:

a) Que la casilla se instale, sin causa justificada, en un lugar distinto al que se haya determinado.

b) Que el paquete que contiene los expedientes electorales se entregue a los consejos distritales del IFE, sin causa justificada, fuera de los plazos legalmente previstos.

c) Que el escrutinio y cómputo de los votos se realice, sin causa justificada, en un lugar diferente al establecido.

d) Que la votación se realice en una fecha distinta a la fijada para la elección.

e) Que la votación sea recibida por personas u órganos diferentes a los legalmente previstos.

f) Que exista dolo o error en el cómputo de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

g) Que se permita el voto de ciudadanos sin credencial para votar o cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de electores, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción legalmente contemplados.

h) Que se expulse o impida el acceso a los representantes de los partidos políticos, sin causa justificada.

i) Que se ejerza violencia física o presión sobre los electores o sobre los miembros de la mesa directiva de la casilla, siempre que dichos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

j) Que se impida a los ciudadanos, sin causa justificada, el ejercicio del derecho al voto, siempre que esto sea determinante para el resultado de la votación.

k) Que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables, durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Cuando se acredita alguna de las 11 causales referidas, toda la votación de la casilla se anula y, consecuentemente, se restan los votos que cada candidato haya obtenido en ella.

Nulidad de la elección presidencial

Ahora bien, ¿cuáles son las causales por las que se puede anular la elección presidencial en su conjunto? La LGSMIME, en su artículo 77 Bis, contempla tres causales por las que se podría anular toda la elección presidencial:

1) Si en el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional se actualiza alguna o algunas de las causales de nulidad de casillas, sin que hayan podido corregirse durante el recuento de los votos ante los consejos distritales.

2) Si en el territorio nacional no se instala el 25% o más de las casillas previstas y, consecuentemente, no se recibe la correspondiente.

3) Si el candidato ganador de la elección resulta inelegible.

¿Puede anularse la elección presidencial por algún otro motivo? Si nos atenemos a lo que dice la Constitución, la respuesta sería negativa, pues el artículo 99 constitucional señala claramente que las salas del TEPJF “sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”.[1] Y, como se ha referido, la LGSMIME sólo contempla tres causales de nulidad para los comicios presidenciales. Ello implicaría, entre otras cuestiones, que no es posible anular la elección presidencial por la denominada “causal genérica”, contemplada en el artículo 78 de la LGSMIME, según la cual

Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.[2]

Cómputo final y declaración de validez de la elección

Según el artículo 58 de la LGSMIME, la Sala Superior tiene hasta el 31 de agosto del año de la elección para resolver los juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial. Hecho lo anterior –siempre y cuando las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad no hayan tenido como efecto la nulidad de la elección[3]– se procederá a formular el dictamen sobre el cómputo final de la elección y la calificación de la elección y la de presidente electo. Dicho dictamen deberá contener, según indica el artículo 122 del Reglamento Interno del TEPJF, lo siguiente:

I. El cómputo final de la elección presidencial […];

II. La declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si se cumplen las formalidades del proceso electoral, y

III. La declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, una vez analizado si el candidato que obtuvo el mayor número de votos, reúne los requisitos de elegibilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Constitución.[4]

Con esta resolución concluye, asimismo, el proceso electoral federal.

El debate que viene

¿Qué podemos esperar de las últimas etapas del proceso electoral? Con la información disponible, es poco lo que podemos decir sobre la suerte de las impugnaciones que eventualmente se presenten. Como se había apuntado, todavía no conocemos aspectos fundamentales del litigio, como los argumentos torales y las pruebas concretas que presentará la Coalición Movimiento Progresista. Sin embargo, creo que hay dos cosas que, desde ahora, nos permiten ser optimistas. Lo primero es que, hasta el momento, las inconformidades con el resultado de la elección presidencial están siendo atendidas en las vías institucionales. Algo hemos hecho bien, pues la jurisdicción electoral fue creada, precisamente, para que los conflictos poselectorales se resolvieran en los tribunales y no en las calles; para que la validez de una elección dependiera de argumentos jurídicos y no de negociaciones políticas. El segundo motivo de optimismo es el debate mismo que se ha generado en torno a nuestro sistema electoral. Roberto Niembro ha señalado, en este mismo espacio, que los sistemas políticos deben estar sujetos a la crítica permanente por parte de la ciudadanía. Más allá de lo que finalmente resuelva el TEPJF, creo que estas elecciones han evidenciado algunas de las insuficiencias más importantes de nuestro andamiaje electoral, en general, y de nuestro sistema de nulidades, en particular. Ojalá que las críticas sirvan, además, para construir propuestas de cara a la reforma electoral que seguramente vendrá.

 

Javier Martín Reyes @jmartinreyes. Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE y pasante de la Licenciatura en Derecho de la UNAM. Actualmente labora en la Sala Superior del TEPJF. Por supuesto, todo lo aquí expresado sólo refleja la opinión del autor.


[1] Énfasis añadido.

[2] Énfasis añadido.

[3] Véase el artículo 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

[4] Énfasis añadido.

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