Uno de los cambios significativos de la reforma constitucional de 1994 fue que se pasó de 26 a 11 ministros. Los primeros días de 1995, el presidente Ernesto Zedillo envió 18 propuestas para ser votadas por el Senado, de entre los cuales, los miembros de la LVI Legislatura seleccionaron a los nuevos 11 que integrarían el Pleno de la Suprema Corte. La votación en la Cámara fue el día 26 de enero de 1995. Debido a que la Corte se renovó en su totalidad, se optó por alargar algunos nombramientos hasta por 20 años para lograr una salida escalonada. De aquéllos 11, hoy todavía cuatro continúan en funciones: Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. El próximo 30 de noviembre, Ortiz y Aguirre dejan su función como jueces constitucionales, por lo que en los próximos dos meses el Senado recibirá[1] dos ternas proponiendo a sus sustitutos. ¿Quiénes son los ministros que dejan la Corte?

Sergio Salvador Aguirre Anguiano

Fue elegido con 112 de 113 votos posibles en el Senado. Estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y optó por la carrera de notario. Fungió además como Regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara. Aguirre se ha caracterizado por ser el ministro más conservador de la Corte, en temas límite como interrupción legal del embarazo (acción de inconstitucionalidad 146/2007), militares con VIH (voto particular en el amparo en revisión 307/2007) matrimonio entre personas del mismo sexo (acción de inconstitucionalidad 2/2010), píldora del día siguiente (controversia constitucional 54/2009), ha dejado muy clara su postura apegada a la idea de un “derecho natural”, en contra de los derechos sexuales y reproductivos y de una visión estática de las instituciones civiles y sociales. En las discusiones en el Pleno ha mostrado escepticismo por las cuestiones de género y ha dejado claro que su canon interpretativo parte de la moral cristiana (ver, por ejemplo, la discusión de la acción de inconstitucionalidad 62/2009). Es el único ministro que ha aceptado abiertamente una militancia panista.

Si hay algo que no puede reprochársele al ministro Aguirre es incongruencia, pues en temas relacionados con los derechos fundamentales, por lo general, se sabe cómo votará y por dónde irán sus argumentos. Es un hombre de convicciones arraigadas y representa un punto de vista compartido por un gran número de mexicanos. Muchas veces ha sido él quien ha hecho ver discrepancias en los criterios de sus compañeros.

La postura del ministro Aguirre Anguiano es de suma importancia en los debates, fundamentalmente cuando se trata de casos difíciles, pues la competencia de las ideas y la contienda de los argumentos es un ingrediente indispensable en la legitimación de las decisiones de la jurisdicción constitucional.

Aguirre no cree que la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 haya implicado algo novedoso para el constitucionalismo mexicano, así lo dijo en su segundo informe como Presidente de la segunda Sala y se niega a aceptar la jurisdicción de instancias internacionales, como las decisiones de la Corte Interamericana, como lo ha dejado claro en las discusiones sobre el caso Radilla y fuero militar.

Su visión constitucional es también rígida, entiende la jerarquía normativa como una pirámide cerrada, que parte única y exclusivamente de la supremacía constitucional, la que puede ser modificada por el poder revisor. Sin embargo, estuvo a favor de la revisión del procedimiento de reformas a la Constitución a través del juicio de amparo y de la controversia constitucional. Así mismo, considera que es procedente la revisión a través de la acción de inconstitucionalidad (ver esta tabla).

En enero de 2012 presentó un proyecto sobre una contradicción de tesis (21/2011) relacionado con la existencia del bloque de constitucionalidad y la jerarquía entre Constitución y tratados. En la discusión se manifestó por una jerarquía en donde la Constitución es la única norma suprema y “debajo” de ella se encuentran los tratados –y las demás normas- y totalmente en contra de la existencia de un bloque conformado por normas ajenas al texto constitucional.

Si fuera posible utilizar sin matices en México las corrientes interpretativas de los Estados Unidos, el ministro Aguirre ocuparía un lugar en las filas originalistas, sobre todo en el ala del significado original de las normas constitucionales, pues recurre en ocasiones al llamado espíritu del Constituyente de ‘17.

Resultan ilustrativos sus votos en las acciones de inconstitucionalidad sobre interrupción del embarazo y matrimonio entre personas del mismo sexo, ambas sobre reformas realizadas por la Asamblea Legislativa del D.F.

De acuerdo con el proyecto Monitor Judicial, en el periodo 2007-2010, sus proyectos de sentencia en casos relevantes tuvieron un porcentaje de efectividad del 83% y en casos no relevantes del 85%, el ministro votó el 78.4% de las veces a favor del PAN, mismo porcentaje que el ministro Ortiz Mayagoitia.

Guillermo Ortiz Mayagoitia

Proveniente de una carrera dentro del Poder Judicial, fue electo con 89 votos de 113 posibles, estudió en la Universidad Veracruzana y ocupó desde su juventud cargos dentro del poder judicial del estado de Veracruz y del federal. Antes de ser electo como juez constitucional, Ortiz ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Federal Electoral.

Como ministro, Ortiz se ha alineado en varias ocasiones con Aguirre, en especial para temas límite como interrupción legal del embarazo o matrimonio entre personas del mismo sexo, ambas resoluciones debatidas bajo su presidencia.

Es difícil encontrar el hilo argumentativo al comparar sus diversas intervenciones. Su postura, más que acudir a fuentes del derecho natural o de la teoría de la supremacía constitucional absoluta y la interpretación formal de la ley (como Aguirre), acude a los dogmas. Sin embargo, al contrario que el ministro Aguirre, el voto de Ortiz no es predecible, de hecho a veces parece que vota con la corriente y forma completamente su opinión en el Pleno. Sus cambios de criterio y bandazos argumentativos han sido frecuentes.

Por ejemplo, en el tema de control de convencionalidad y vinculatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana: como Presidente, realizó la consulta al Pleno que desembocó en el expediente Varios 912/2010 conocido como caso Radilla, Ortiz votó a favor de que los criterios de la Corte Interamericana son únicamente orientadores, pero que existe la obligación de realizar el control de convencionalidad ex officio. Aunque en la discusión dejó en claro su criterio de que los tratados se encuentran “por debajo” de la Constitución. Posteriormente, en un voto concurrente a la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011 propone un “test” de revisión constitucional que busca concretizar la resolución conocida como Caso Radilla y racionalizar el llamado control de constitucionalidad y convencionalidad. En él, plantea que el test de ponderación debe considerar los derechos reconocidos tanto en los tratados como en la Constitución y toma en consideración las resoluciones de la Corte Interamericana. En la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007 adoptó una postura sensata sobre la supremacía constitucional y la cuestión de una contradicción entre la Constitución y un tratado. Sin embargo, en la discusión de la primera Sala para el amparo directo en revisión 517/2011 (Amparo Cassez) argumentó en contra del principio pro personae y del control de convencionalidad, en lo que basó su voto para considerar improcedente el amparo.

En otra ocasión, cuando el ministro Ortiz Mayagoitia fue el ponente del proyecto del amparo conocido como “Amparo de los Intelectuales”, sorpresivamente cambió su voto y se unió a la mayoría para sobreseerlo.

En las controversias constitucionales de reconocimiento a la personalidad del no nacido, Ortiz representó, junto con la ministra Luna, una interpretación insólita del derecho a decidir consagrado en el artículo 4º, pues plantearon que, según la versión liberal de este derecho, podría desprenderse la posibilidad de decidir entre interrumpir un embarazo o matar (literalmente) al hijo mayor para “decidir el número y espaciamiento de los hijos” –lo cual, sería, dijeron, inconstitucional-.

En cuanto a la revisión de las reformas o adiciones a la Constitución, está a favor en lo que se refiere a su procedimiento, por medio del recurso de amparo; pero no por medio de una controversia ni por medio de una acción de inconstitucionalidad.

Respecto de los dictámenes derivados del ejercicio de la facultad de atracción, Ortiz consideró que en los casos Lydia Cacho y Guardería ABC no hubo violaciones graves a los derechos humanos.

El ministro Ortiz no se caracterizó por presentar votos particulares, y participó en pocos minoritarios y concurrentes, a diferencia del ministro Aguirre que fue mucho más activo en este rubro.

Fue el cuarto presidente de la Corte (de la novena época), cargo que ocupó en el periodo de 2007 a 2010 y para el que se registraron seis candidatos: Sergio Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y Sergio Valls Hernández. Entonces, los ministros Azuela y Góngora ya habían ocupado la Presidencia, los ministros Cossío y Luna no se apuntaron y el ministro Juan Díaz Romero concluía su periodo el 1° de diciembre de 2006, quien sería relevado por el ministro Fernando Franco el día 12 del mismo mes.

Ortiz Mayagoitia obtuvo 7 de los 11 votos posibles. Su administración logró acercar a la Corte a la sociedad, pues es innegable la creciente relevancia de la labor de la Corte en los medios y la opinión pública en los últimos años. Sin embargo, minó la autoridad del más alto tribunal con los cuatro casos en que ejerció la facultad de investigación (Lydia Cacho, Oaxaca, Atenco y Guardería ABC), pues de cara a la opinión pública, aunque el pronunciamiento fuera favorable, no fueron capaces de lograr justicia.

De especial relevancia fue la labor de transparencia y acercamiento de la Corte a la opinión pública, entre otras acciones: la publicación de los proyectos de sentencia; el portal que se abrió con el caso de la interrupción legal del embarazo, así como la renovación de la página web de la Corte; la posibilidad de la participación de instituciones científicas y académicas en el debate o la posibilidad de que la sociedad civil se pronuncie a través de los informes Amicus Curiae.

Es criticable la falta de orden y liderazgo en la conducción de las sesiones pues en varias ocasiones se observó cómo el debate se perdía en cuestiones que tenían poca relación con el fondo del asunto o que los ministros se repetían entre ellos o divagaban en sus opiniones.

Otro logro de su periodo que no debe olvidarse fue la elaboración del llamado “Libro Blanco” que sistematiza y sintetiza los resultados de la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano con acciones a realizar.

Podría decirse que ambos ministros salientes representan lo más conservador de la Corte tanto en lo que se refiere a la interpretación de los derechos humanos como en el entendimiento de la supremacía constitucional y el modelo interpretativo de las normas fundamentales; por otro lado, uno de ellos proviene de carrera judicial y otro de la práctica notarial. Uno deja la primera Sala, el otro la segunda. Ambos vienen de universidades del interior de la República. Los dos ministros rondan los 70 años de edad.

¿Qué requisitos deberán cumplir los candidatos que pronto se propondrán para sustituirlos? ¿Debe respetarse el actual equilibrio en la integración del Pleno y nominar a dos conservadores? ¿Debe nominarse a una persona que provenga de carrera judicial y a otra que no? ¿La edad, el género, el origen y la especialidad deben jugar también un papel en la nominación?

La transparencia y la justificación de decisiones tanto en el envío de las dos ternas por parte del Ejecutivo, como en las comparecencias y votaciones en el Senado, son requisitos indispensables para legitimar estos importantes nombramientos. Es responsabilidad de todos vigilar que así sea.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] En rigor, el envío de ternas –antes del 30 de noviembre- corresponde al Presidente Calderón. Sobre ello se ha especulado que: el Presidente Calderón envíe las dos ternas, pero una de ellas sea una elección del Presidente electo Peña Nieto; que el Presidente Calderón decida la integración de las dos ternas y la mayoría priísta en el Senado las rechace provocando que Peña las envíe después de haber tomado posesión o que de plano, el Presidente Calderón no envíe las ternas antes de concluir su mandato, pues no existe un momento en que deban enviarse para sustituir a los ministros salientes. La primera versión parece la más plausible.

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