La Suprema Corte de Justicia, a través de la acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, interpuestas por el PRD, Morena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), discutirá a partir del día de hoy si es constitucional y convencional el decreto por el que se expidió la Ley reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución en materia de derecho de réplica, que además reformó el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.1

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Estas acciones de inconstitucionalidad constituyen un juicio a dicha ley para verificar si sus artículos respetan la Constitución y los tratados internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión y los límites a su ejercicio.

El derecho de réplica en palabras de la Suprema Corte se encuentra ineludiblemente ligado a los derechos fundamentales de libertad de expresión y de acceso a la información, y se despliega en dos dimensiones: el ámbito individual y el colectivo. Así, en su dimensión individual garantiza el respeto a los derechos de terceros vinculados, principalmente, con la honra y la dignidad, que al ser valores universales construidos con base en la opinión, percepción o buena fama que se tiene de las personas, pueden verse afectados por información falsa, inexacta o calumniosa difundida a través de los medios de comunicación social. Por su parte, respecto su dimensión social o colectiva, tiene como fin garantizar la veracidad de la información que se difunde a través de esos medios y ofrecer mayores elementos de juicio sobre temas de interés general, lo que resulta de vital importancia en una sociedad democrática como la nuestra.

En este sentido, el PRD, MORENA y la CNDH señalan que varios artículos de esta ley sobre el derecho de réplica, restringen injustificadamente a este derecho así como a la libertad de expresión,2 por las siguientes razones:

1. Excluyen la información agraviante como objeto de reproche, limitándose a información falsa o inexacta.

2. Se condiciona el ejercicio de este derecho a la acreditación de un perjuicio, lo que resulta excesivo, pues la divulgación de información falsa o inexacta, por sí misma, causa perjuicio a la persona aludida e incluso a la sociedad. Esto en atención a que el derecho a la libertad de expresión garantiza la oportunidad de emitir, difundir, buscar y recibir información plural, oportuna y veraz.

3. Tratándose de información agraviante, el perjuicio debe ser calificado por un juez en cada caso concreto, siendo inconstitucional que el legislador limite en abstracto la procedencia del derecho de réplica bajo supuestos reducidos o acotados.

4. Al mencionar como sujetos obligados a “cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”, sin precisar quiénes tendrán ese carácter, genera incertidumbre jurídica. Puesto esta ambigüedad podría resultar en que cualquier persona que difunda información por cualquier medio –incluyendo espacios personales o redes sociales- esté obligada a garantizar el derecho de réplica en los términos de la ley, con la consecuente responsabilidad que ello implica. Lo cual se traduce en una restricción indirecta a la libertad de expresión, toda vez que ante la posibilidad de ser sujetos a un procedimiento judicial, y eventualmente sancionados con una multa, se desalienta a que las personas emitan opiniones o difundan información.

5. Dicha ley sólo incluye dentro del concepto de «medios de comunicación» a la radio y televisión restringida, omitiendo considerar a la radio y televisión abierta.

6. Los artículos 18 y 19 establecen supuestos3 en que los sujetos obligados pueden negarse a respetar el derecho de réplica, dotándolos de una facultad discrecional que genera incertidumbre jurídica y restringe el derecho de réplica de quienes se ven afectados por la información falsa o inexacta que se emite en su perjuicio, así como el derecho de libre acceso a la información.

7. El procedimiento administrativo sancionador en ejercicio del derecho de réplica, previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, resulta más garante en tiempos electorales que el procedimiento ante los sujetos obligados y eventualmente ante el juez de distrito que regula la ley del derecho de réplica.

8. El procedimiento establecido ante los sujetos obligados y, eventualmente ante el juez de distrito, resulta muy dilatorio al establecer plazos no breves, sin perjuicio de una segunda instancia (apelación) y el establecimiento del cobro de gastos y costas.

A partir de estos argumentos presentados por los demandantes, el ministro Pérez Dayán, encargado del proyecto de resolución, presentó en su propuesta las siguientes consideraciones de respuesta a los puntos planteados por los partidos políticos y la CNDH –mismas que organizó siguiendo básicamente la estructura de la ley de derecho de réplica:

Requisitos para el ejercicio del derecho de réplica:

a) La LDR resulta inválida al excluir la «información agraviante», pues ésta también es motivo y objeto para ejercer el derecho de réplica. Sobre todo si se considera que éste se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual es parte el Estado mexicano.

b) Es inválido que la LDR considere al agravio/daño económico, como objeto de protección a través del derecho de réplica, siendo motivo de daño moral o alguna acción penal o diversa, pero no materia del derecho de réplica.

c) Se declara la validez de acreditar un daño actual o inminente para ejercer el derecho de réplica (bajo un interés jurídico o legítimo).

d) El artículo 5 de esta ley es inconstitucional/inconvencional, en tanto prevé que la crítica periodística es objeto del derecho de réplica, lo que viola la libertad de expresión, dado que las opiniones no pueden ser objeto de sanción.

e) Es inconstitucional/inconvencional las fracciones IV, V y VII del artículo 19, porque atribuyen a los sujetos obligados la facultad de negarse a publicar o transmitir la réplica solicitada con base en el análisis de aspectos subjetivos cuya valoración es propia de la actividad jurisdiccional.

Procedimiento de autocomposición ante los sujetos obligados

a) Se concluye que el procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados «es optativo», es decir, sin necesidad de agotarlo. Por lo que se puede acudir directamente ante el juez de distrito a iniciar el procedimiento sumario correspondiente (juicio corto).

b) Es inválido que se limite a que en caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho, ampliando la legitimación a familiares, representantes, etc., para que eventualmente y en su caso, pueda proceder la acumulación de solicitudes o juicios. Lo anterior, a efecto de no transgredir el derecho de acceso efectivo a la justicia.

c) Se determina que la responsabilidad y ante quien se presente la solicitud del derecho de réplica (por ser los únicos sujetos obligados a garantizar el derecho de réplica), son los medios de comunicación legalmente reglamentados, dispensando a “las agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”. Esto sin perjuicio de que los medios de comunicación reglamentados repitan en su contra por la información que proveyeron las agencias de noticias o productores independientes.

d) Se estima en contra el principio de progresividad, el procedimiento de autocomposición previsto en la ley bajo escrutinio. Esto por restringir el nivel de protección alcanzado en materia electoral a través del procedimiento administrativo sancionador (en tiempos electorales).

Procedimiento ante la autoridad judicial:

a) El artículo 33 de esta ley es inconstitucional/inconvencional ya que concede al demandado [sujeto obligado] un plazo adicional para exhibir las pruebas que no pueda presentar en el plazo inicial concedido para ello. Lo cual es una franca violación al principio de igualdad procesal, dado que mientras el actor debe exhibir, necesariamente, junto con su escrito inicial, copia del programa o publicación objeto de la réplica o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud formulada al medio de comunicación demandado para que le proporcione una copia de la misma (art. 27 LDR).

b) El artículo 35 resulta también inconstitucional porque prevé la oportunidad de impugnar la resolución dictada en el procedimiento judicial a través del recurso de apelación, diluyendo así los plazos breves para resolver el reclamo de la réplica, violando el derecho de acceso efectivo a la justicia.4

Sanciones

a) Las multas que establecen los artículos 39 y 40 de la ley resultan acordes y respetan el contenido y límites de proporcionalidad y razonabilidad del artículo 22 de la Constitución; por tanto, no se trata de multas excesivas (de 500 a 5000 mil DSMGV, o bien, de 5000 a 10,000 DSMGV), de ahí que el artículo 38 de la LDR resulta válido.5

Inaplicación de la ley en los procesos electorales locales 2015-2016

a) La inaplicación de la ley en los procesos electorales que tendrán verificativo el 5 de junio de 2016 (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), resulta un argumento inatendible, en razón de que tales procesos electorales ya tuvieron verificativo.

Finalmente, vale mencionar que la propuesta de Pérez Dayán omitió un aspecto relevante en los efectos de la sentencia, relativo a los procedimientos administrativos (ante sujetos obligados) y los procedimientos judiciales que se han iniciado a partir de su vigencia dentro de los procesos electorales de 2016, en los cuales algunos tendrán que sobreseerse y otros tendrán que reponerse o, en su caso, permitir la validez de los iniciados a través del procedimiento administrativo sancionador.

Adán Maldonado Sánchez. Candidato a Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Litigante en materia de amparo, derechos humanos y juicios orales. Twitter: @adanmaldonado


1 Por cuanto hace a dicho ordenamiento el decreto adiciona una fracción IX  a dicho numeral que contempla la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer del procedimiento jurisdiccional derivado del derecho de réplica.

2 En ese contexto, el PRD y MORENA consideran que los artículos impugnados, al impedir que los partidos políticos, precandidatos y candidatos ejerzan su derecho de réplica respecto de información agraviante emitida en su perjuicio en los medios de comunicación, restringen el derecho de réplica y de libertad de expresión, e incluso contravienen el derecho fundamental de seguridad jurídica al no ser congruentes con lo previsto en los arts. 247, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 256, fracción VI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de cuyo análisis se advierte que, en materia electoral, el derecho de réplica opera respecto de cualquier información que resulte agraviante.

3 a. No se justifica que se niegue el derecho de réplica cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado, dado que no existe una relación lógica entre estos eventos.

c. Se deja al arbitrio de los sujetos obligados determinar si el derecho de réplica no se limita a los datos o información falsa o inexacta. En todo caso, se les debe autorizar a ajustar la aclaración a la información falsa o inexacta.

d. Se deja a la libre apreciación de los sujetos obligados determinar si la réplica es ofensiva, dado que no se prevé ningún parámetro o margen de valoración.

e. Se condiciona el ejercicio del derecho de réplica a la existencia de un interés jurídico, no obstante que para ello basta con tener un interés legítimo.

f. Se permite la discrecionalidad del sujeto obligado para determinar si la información ya fue aclarada con la misma relevancia que la que le dio origen.

g. Se exime a los medios de comunicación de preservar la veracidad de la información que transmiten, cuando se trate de información oficial que emita cualquier autoridad o provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia, siendo que para efectos del derecho de réplica, lo que causa perjuicio a la persona afectada es la publicidad de la información falsa o inexacta, de ahí que resulte irrelevante su origen, lo cual, en todo caso, es determinante para la responsabilidad civil o penal.

h. Al autorizar a los medios de comunicación para negar el derecho de réplica cuando se trate de información proveniente de una agencia de noticias y se cite la fuente, se extienden los plazos del procedimiento previsto para el ejercicio de ese derecho, lo que en el caso del ámbito electoral es de especial relevancia, particularmente durante los procesos electorales, en donde la aclaración de la información falsa o inexacta debe verificarse en breve tiempo.

i. Además, en el caso de la información oficial emitida por una autoridad, se desconoce que los servidores públicos no son sujetos obligados en los términos de ley, y en consecuencia, la única opción para que una persona agraviada por la transmisión de información falsa o inexacta salvaguarde su honra y dignidad, es acudiendo al medio de comunicación que la transmitió; asimismo, se soslaya que atendiendo a los principios de publicidad y transparencia, la actuación del Estado está sujeta a contrastación por parte de la ciudadanía.

4 Existen en nuestro país diversos tipos de juicios que no cuentan con el recurso de apelación: en materia laboral, en materia mercantil por cuestión de la cuantía, asuntos de paz o cuantía menor y algunos procedimientos sumarios, cuyas resoluciones pueden ser impugnadas solo a través del juicio de amparo directo.

5 Al respecto el proyecto del Ministro Pérez Dayán se funda en la tesis P. XCIV/99, “MULTA. EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 10/95)”, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, Diciembre de 1999, p. 18. Registro IUS 192754.

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