El 7 de febrero de 2014, las vidas de Taylín Narda Meylín Clotet Wang, mujer de nacionalidad peruana, y de su familia, fueron violentamente trastocadas por elementos de la Policía Federal mexicana, quienes allanaron ilegalmente su casa en horas de la madrugada. Taylín fue retenida durante más de 10 horas, antes de ser llevada ante el agente del Ministerio Público Federal. Durante este tiempo fue sometida a tortura sexual.1

Después de su puesta a disposición, la tortura continuó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Ahí, el Ministerio Público y Policías Federales Ministeriales generaron pruebas con el objetivo de incriminarla en delitos muy graves que ella no cometió, incluyendo una acusación por secuestro que la mantiene hoy en prisión.

Entre las pruebas de cargo que las autoridades sostienen contra Taylín se incluyen dos supuestos reconocimientos de voz. Decimos “supuestos” porque el Ministerio Público indujo a dos testigos para que señalaran a Taylín. Es decir, lejos de realizar una prueba de reconocimiento de voz o de personas siguiendo las reglas procesales desarrolladas para tal fin, confrontó la voz de Taylín con las voces de cinco hombres, sin presencia de la defensa. A partir de esto, ella fue señalada ilegalmente.

En ese sentido, los códigos procesales han establecido requisitos mínimos que una diligencia de reconocimiento debe seguir, entre otras que la persona imputada se muestre a la víctima o testigo con otras personas de similares características, lo cual es aplicable al reconocimiento de voz. Hacerlo de modo distinto se convierte en una inducción de las víctimas o de los testigos, lo cual es inadmisible y vulnera el derecho al debido proceso. A su vez, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte se establece que el derecho a la defensa adecuada implica la comparecencia del defensor en aquellas diligencias en las que, de no estar presente, se cuestionaría o se pondría en duda la certeza jurídica y el debido proceso en perjuicio de la persona imputada.

En el caso concreto, la supuesta identificación efectuada a Taylín sin la presencia del defensor se tradujo en falta de certeza jurídica en cuanto a que efectivamente se hayan presentado los testigos o denunciantes, que la hayan reconocido y que hayan sido inducidos al efecto. Ello, sin duda, generó una violación a su derecho humano a la defensa adecuada y al debido proceso.

Peor aún, en la misma SEIDO, los coprocesados de Taylín fueron torturados con el objetivo de que se autoincriminaran e inculparan al resto de los detenidos, incluida la propia Taylín. No obstante, en su primera declaración ante un juez federal, los coprocesados denunciaron la tortura que sufrieron, desconocieron su declaración rendida ante autoridades de la SEIDO y señalaron que habían sido obligados a firmar un testimonio que no era propio.

Las relatadas pruebas, sumadas al parte informativo de puesta a disposición, en el cual los policías federales afirmaron que Taylín no fue detenida en su casa mientras dormía sino en un lugar totalmente distinto,2 fueron la base para que un juez federal dictara un auto de formal prisión que hasta hoy la mantiene sujeta a proceso y en prisión preventiva.

El auto de procesamiento ha sido impugnado judicialmente en diversas ocasiones; actualmente, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en ciudad de México, está por resolver el amparo en revisión 46/2016, que debe decidir si fue correcta la determinación de sujetar a proceso a Taylín y si diversas instancias de la justicia federal han cumplido sus obligaciones jurisdiccionales al confirmar el citado auto.

Al resolver el amparo en revisión, que tendrá fuertes implicaciones para la vida de Taylín y la de sus dos hijas e hijo, el Tribunal Colegiado se pronunciará a su vez sobre diversas obligaciones del Estado mexicano y, en especial, en materia de la prohibición absoluta de la tortura, del derecho al debido proceso, del derecho a ser juzgado a partir de pruebas lícitas y del derecho a la libertad personal.

En relación a la tortura, desde el año de 1944 la Suprema Corte abordó someramente su existencia; sin embargo, no fue hasta el año 2009 cuando empezó a delinear el contenido de la prohibición de dicha grave violación a derechos humanos y a referirse a algunas obligaciones jurisdiccionales para prevenir su práctica, por ejemplo: “prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador”.

En esa misma línea, en el año 2013, la Primera Sala de la SCJN profundizó en las obligaciones jurisdiccionales en torno a la tortura a partir del caso Israel Arzate. En diversas tesis, provenientes de la resolución del mencionado caso, la Primera Sala afirmó que la tortura tiene una doble dimensión: de delito y de violación a derechos humanos. Y que la gravedad de su comisión actualiza la necesidad de realizar un análisis judicial bajo una categoría especial siguiendo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, reiteró que “cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma”.

Vale destacar que las tesis citadas provinieron de la resolución del amparo en revisión 703/2012, atraído por la Suprema Corte y que versaba sobre un auto de vinculación a proceso. Es decir, la Primera Sala de la Corte no reparó en la naturaleza del amparo que estaba resolviendo o sobre la etapa procesal de que se trataba para afirmar, con toda claridad, qué obligaciones jurisdiccionales se actualizan cuando se está ante un caso de tortura, ya sea que se resuelva un amparo directo o un amparo indirecto.

Posteriormente, la Corte ha continuado delineando las consecuencias jurídicas de la tortura en diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, en la mayoría de los casos al resolver amparos directos en revisión. Sin embargo, dicha circunstancia de ninguna manera se traduce en que la exclusión de pruebas provenientes de la tortura o de cualquier otra violación a derechos humanos deba realizarse de modo distinto dependiendo del tipo de juicio de garantías de que se trate. Por ejemplo, al resolver el amparo directo en revisión 913/2015 (ADR 913/2015), la Primera Sala de la Suprema Corte estableció lo siguiente:

En el caso de que esté en posibilidad de afirmarse existencia de la tortura, ello hace innecesario aperturar una investigación adicional en el propio proceso penal, por lo que al decidir la situación jurídica del procesado tendrá que analizar si dicha violación a derechos humanos tuvo un impacto en la generación, introducción o desahogo de pruebas incorporadas a la causa penal, porque de ser así tendrá que aplicar las directrices de exclusión de probatoria de la prueba ilícita.

En efecto, la Primera Sala estimó que es posible proceder a excluir prueba ilícita en el escenario en el que pueda afirmarse que efectivamente se cometió la tortura, sin necesidad de iniciar una investigación adicional. Asimismo, ha realizado una distinción entre el estándar de prueba exigido para acreditar la tortura como delito y como violación a derechos humanos. Así, en el ADR 913/2015 concluyó que la sola demostración de la afectación a la integridad personal bastará para tener por acreditada la tortura, sin necesidad de que se identifique a los perpetradores como es exigido en el caso de la acreditación de la tortura como delito.3

De este modo, es posible aplicar dicha interpretación a la resolución de un amparo directo o, en su defecto, a un amparo en revisión, puesto que con independencia de la etapa procesal en la que el órgano jurisdiccional resuelva un alegato de tortura, se encuentra constreñido a seguir los parámetros constitucionales y convencionales a fin de reafirmar la prohibición absoluta de esta abominable práctica.

Por otro lado, la invalidez de las declaraciones de los coprocesados de Taylín, rendidas ante el Ministerio Público, tiene sustento en lo establecido por la Primera Sala dentro de  las tesis 1a. /J. 142/2011 (9a.) y 1a. CCXXXV/2015 (10a.), que de manera contundente señalan que es constitucionalmente inadmisible -por ser violatorio al principio de igualdad de las partes y al derecho de defensa adecuada y, por tanto, al debido proceso- trasladar de manera automática al juicio penal las diligencias recabadas por el Ministerio Público durante la averiguación previa. La excepción contemplada por la Suprema Corte para que la declaración ministerial sea considerada como prueba en la causa penal es que sea ratificada en sede judicial, lo que en el caso de Taylín no solamente no sucedió, sino que, además, sus coprocesados se retractaron de sus declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, tanto en declaración preparatoria como en ampliaciones de declaración y careos procesales.

Finalmente, el parte informativo elaborado por los elementos aprehensores se realizó mediante la detención arbitraria de Taylín, el allanamiento de su domicilio, actos de tortura y retención indebida, todas ellas acciones ilícitas que han sido corroboradas a través de las declaraciones de testigos presenciales, así como las declaraciones de Taylín y de su esposo. En cuanto a la tortura, se cuenta además con dictámenes de integridad física que asientan la existencia de diversas lesiones. Por todo ello es posible afirmar que el parte informativo es también una prueba ilícita, resultado de violaciones a derechos humanos, que debe ser excluida del caudal probatorio.

El Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito está en condiciones de ceñirse a la interpretación que ha sido desarrollada ampliamente por la Suprema Corte, en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de tortura, de libertad personal y de debido proceso, al resolver el amparo en revisión 46/2016. Al mismo tiempo, este Tribunal podrá afectar positivamente la vida de Taylín y la de su familia en su búsqueda de justicia, puesto que su fallo podría traducirse en su libertad.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C.
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@CentroProdh


1 El 3 de mayo 2017, Taylín se sumó a la Campaña Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, iniciativa impulsadas por un grupo de sobrevivientes de tortura sexual junto con diversas organizaciones de derechos humanos. El comunicado completo puede consultarse en la siguiente dirección: http://bit.ly/2yUY2a0

2 Sin embargo, dicha versión ha sido contradicha por vecinos, el hijo de Taylín, sus hijas y ella misma, reafirmando que fue privada de la libertad en horas de la madrugada y sometida a tortura en su casa y no en el lugar donde los elementos aprehensores señalaron.

3 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo Directo en Revisión 913/2015. Resuelto en sesión del 28 de octubre de 2015. Párrafo 141.