En los casos judiciales sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para que Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia pudieran participar como candidatos al Senado de la República en las elecciones,1 los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se enfrentaron a la tarea de interpretar directamente el texto constitucional.

La mayoría de los magistrados determinaron que ambos candidatos cumplían con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución, para contender por el cargo de senador de la República por representación proporcional. Sin embargo, una minoría consideró que los candidatos no los cumplían. ¿Qué posición fue la correcta? ¿Es cierto que la decisión mayoritaria fue una “decisión política”?

Consideramos que la decisión mayoritaria en ambos casos fue la correcta, ya que partió de interpretar ambas disposiciones constitucionales conforme a la racionalidad propia de las reformas en materia de derechos humanos de 2001 y 2011, con base en razones sustantivas y no meramente prudenciales, y con base en una idea de soberanía fundada en la pluralidad.

Los casos Mancera y Gómez Urrutia

En el caso Mancera, los magistrados tuvieron que interpretar la disposición constitucional que establece lo siguiente: “los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.”2 [Énfasis nuestro].

La cuestión principal era determinar cuál es el alcance de la expresión “entidades de sus respectivas jurisdicciones” y si ello implicaba un impedimento o una restricción constitucional dirigida a los ciudadanos que, habiendo sido gobernadores de los Estados o jefe de gobierno de Ciudad de México, desearan postularse como senadores por representación proporcional durante el periodo de su encargo.

Como fue observado, la mayoría partió del hecho de que dicha disposición fue incorporada a la Constitución en 1933, antes de que se introdujera el sistema de “representación proporcional”, y consideró que la disposición debía interpretarse conforme a la racionalidad constitucional vigente. De esta manera, ellos sostuvieron que:

i) Las causales de inelegibilidad no deben interpretarse extensivamente, ya que ello derivaría en una interpretación restrictiva y desproporcionada respecto al derecho a ser votado;

ii) La finalidad perseguida por la norma era que los gobernadores no se perpetuaran en el poder respecto al ámbito espacial de la entidad que gobiernan;

iii) El término “en las entidades de sus respectivas jurisdicciones” debe interpretarse como equivalente a la “entidad federativa”. Esto supone que dicha restricción opera sólo para los gobernadores -y el ahora jefe de gobierno de Ciudad de México- que deseen postularse para un cargo legislativo por mayoría relativa respecto a la entidad que gobiernan;

iv) Lo anterior ocurre debido a que los cargos por representación proporcional son electos en todo el territorio nacional y éstos no compiten con candidatos específicos a fin de obtener el voto que les permita ganar la elección, pues su acceso al órgano legislativo derivará de la votación total que obtenga su partido en todo el país, y

v) Esa interpretación no implica necesariamente que se afecte la equidad en la contienda o se conculque el principio de imparcialidad. Además, el marco constitucional prevé diversas herramientas para evitar dicha afectación: el deber de usar recursos de forma imparcial; la prohibición de promover una imagen personalizada o difundir propaganda gubernamental durante los periodos de campaña; la prohibición de utilizar programas sociales para coaccionar o inducir el voto; la prohibición de que los diferentes poderes aporten recursos en dinero o especie a favor de ellos; así como el consecuente fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones por incumplir dichas normas.

La minoría, por su parte, estimó que la restricción debía operar también para los cargos de representación proporcional. Lo anterior, a efecto de: i) preservar las condiciones de equidad en la contienda; ii) proteger la libertad del voto del electorado, y iii) eliminar la posibilidad de que, en la práctica, los ocupantes de los más altos cargos administrativos de las entidades federativas utilicen los recursos que tienen a su alcance durante el ejercicio de su mandato para perpetuarse en el ejercicio de la función pública.

Para la minoría, la decisión mayoritaria permite que los poderes ejecutivos condicionen a la población respecto a la prestación de servicios públicos a cambio de beneficiarse del ciudadano. Para ellos el hecho de que Mancera no contendiera por una senaduría de mayoría relativa “[…] no implica que no pueda aprovechar su investidura para generar condiciones de inequidad en la contienda y vulnerar la libertad de sufragio de los electores que habitan en la jurisdicción del ejercicio de su cargo, a partir del manejo de recursos públicos que correspondan a la Ciudad de México […]”.

Por otra parte, en el caso Gómez Urrutia, los magistrados interpretaron la disposición constitucional que prevé que: “el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad . [Énfasis nuestro]

En dicho caso, la controversia se centró en determinar cuáles eran los medios de prueba idóneos para que los mexicanos con doble nacionalidad acreditaran haber renunciado a otra nacionalidad a efecto de ser elegibles para postularse como senadores por representación proporcional.

La mayoría también estimó que la disposición, pese a haber sido emitida en 1997, debía interpretarse conforme a la teleología del orden constitucional vigente. Por lo tanto, consideraron que:

i) La reforma de 1997 tuvo como finalidad esencial evitar la pérdida de la nacionalidad mexicana, así como su irrenunciabilidad, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía. Esto fue con el objeto de que, quienes opten por alguna nacionalidad distinta a la mexicana, puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias respecto a los nacionales del lugar;

ii) El artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de 1997 se modificó en 1999 y señaló que “las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, seguirán aplicándose a los nacidos o concebidos durante su vigencia, únicamente en todo aquello que les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la reforma contenida en el presente decreto. Se estimó que dicho artículo transitorio fue modificado a efecto de que las normas derogadas sólo aplicaran de forma favorable a las personas nacidas o concebidas antes de 1997;

iii) Se advierte que, de una interpretación sistemática de la Constitución, la Ley de Nacionalidad y su reglamento, podrán acceder al cargo de senador de la República aquellos ciudadanos que sólo cuenten con nacionalidad mexicana, y respecto a las personas que tengan doble nacionalidad están obligados a obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el Certificado de Nacionalidad correspondiente y a exhibirlo ante el INE, con el propósito de acreditar el requisito de elegibilidad;

iv) Lo anterior, debido a que la declaratoria de sumisión a las autoridades y leyes mexicanas, en principio, es suficiente para tener por satisfecho el requisito exigido por la Constitución, de conformidad con una interpretación pro persona y menos restrictiva respecto a los derechos políticos de los mexicanos que tengan doble nacionalidad. El Estado mexicano debe presuponer la buena fe de sus ciudadanos en el ejercicio de los derechos políticos y no requiere establecer requisitos gravosos o innecesarios, y;

v) Finalmente, se estimó que una interpretación que obligue a las personas que tengan doble nacionalidad a aportar otros elementos para acreditar la renuncia, sería contraria al principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Más aún, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la propia Sala Superior del TEPJF han interpretado en este mismo sentido la disposición constitucional bajo análisis.

En su voto particular, un magistrado sostuvo que en este caso había que distinguir a los mexicanos que adquirieran otra nacionalidad por naturalización de aquéllos que la posean en virtud de su filiación (ius sanguinis) o vinculación con el territorio (ius soli), de forma que los primeros debían demostrar haber renunciado a su nacionalidad de conformidad con las leyes extranjeras, mientras que los segundos debían tan sólo exhibir el Certificado de Nacionalidad. Lo anterior encuentra racionalidad en “evitar posibles conflictos jurídicos relacionados con la doble nacionalidad”, ya que “no sería lógico que se ocupe un cargo público en más de un país”.

Incluso, para otro de los magistrados disidentes ni siquiera habría que hacer dicha distinción, debiéndose comprobar en todos los casos que la persona rompió el vínculo que guardase con el país extranjero, pues estiman que, de facto, sigue en pleno ejercicio y goce de los derechos que dicha nación le concede hasta en tanto no exista una declaración contraria de la autoridad extranjera respectiva.4

Dos lecturas constitucionales de soberanía

Conforme a las reformas al artículo 1º constitucional de 2001 y 2011, se reforzó la obligación de los jueces de interpretar las normas relativas a los derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano. De esta manera las reformas buscan que se favorezca la protección más amplia a las personas y se evite la discriminación.

La reforma supuso obligar expresamente a los juzgadores a excluir, de entre las posibles interpretaciones constitucionales, aquéllas que restrinjan desproporcionadamente un derecho humano y, con mayor razón, las que sean discriminatorias por realizar distinciones injustificadas con base en categorías sospechosas, como lo puede ser la nacionalidad de las personas.

Sin embargo, las reformas al artículo 1º convergen con muchas disposiciones que no han sido modificadas desde hace varios años y cuya génesis obedece a un determinado contexto social e histórico que podría ser incompatible con la racionalidad vigente del orden constitucional mexicano. Este es el caso del texto en los artículos 32 y 55 constitucionales.

Como se observa, las interpretaciones de ambos preceptos constitucionales por parte de la mayoría y la minoría implican una lectura diferenciada de la Constitución federal y del concepto de “soberanía”. Mientras que la mayoría privilegia los derechos humanos liberales y una idea de soberanía plural y cosmopolita, la minoría prefirió una visión prudencial que privilegia el nacionalismo y una idea de soberanía fundamentada principalmente en la no injerencia.

La mayoría de los magistrados parten de lo que podría llamarse la “soberanía de la Constitución”, la cual no tiene “la tarea de establecer un proyecto predeterminado de vida común, sino la de realizar las condiciones de posibilidad de la misma”. Tal lectura de soberanía parte de la premisa de entender que la Constitución es dúctil,5 ya que se inserta en una sociedad globalizada y plural donde existe una gran diversidad de intereses, ideologías y proyectos, pero sin que ninguno tenga que hacerse exclusivo o dominante. Por lo tanto, no es válido “establecer la base material de la soberanía estatal en el sentido del pasado”.6

En cambio, para la minoría, la Constitución debe, ante todo, proteger esa “voluntad común de un pueblo”, incluso, a costa de los derechos humanos de las personas que, por decisión propia, decidieron adquirir otra nacionalidad. Para ellos, sus derechos de participación política deben ser limitados, al grado de excluirlos de la posibilidad de ejercer un cargo de elección popular en nuestro país.

Para la minoría resultan más relevantes las razones de corte prudencial,7 tales como evitar un hipotético riesgo de que los gobernadores de los estados o, en su caso, el jefe de gobierno de Ciudad de México, afecten la equidad de la contienda o actúen de forma corrupta cuando participen como senadores por representación popular, o que las personas con doble nacionalidad traicionen a la patria o sean desleales. Sus razones no son esencialmente sustantivas, como lo es garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos políticos sin ser restringidos de forma innecesaria o desproporcionada e, incluso, de forma discriminatoria, en una sociedad plural y democrática.

En suma, para la mayoría, a diferencia de la minoría, es preferible interpretar las disposiciones constitucionales de forma que se maximice la posibilidad de las personas de ejercer en forma individual sus derechos político-electorales, partiendo de la buena fe y fidelidad al orden jurídico, y excluyendo interpretaciones basadas en una idea de soberanía caduca que antepone la salvaguarda de la comunidad por encima de las personas.8

La decisión mayoritaria supuso interpretar el texto constitucional de forma que funcione en la práctica y perdure razonablemente a través del tiempo.9 Pero de forma responsable e imparcial, partiendo de criterios objetivos, coherentes y racionales, y sin caer en razones puramente estratégicas o funcionales.10

Estamos convencidos de que los jueces constitucionales deben velar porque las autoridades o los particulares no vulneren lo que Garzón Valdés denomina el “coto vedado” o Ferrajoli la “esfera de lo indecidible”, como lo son, por ejemplo, la prohibición de discriminar a las personas o la prohibición de restringir los derechos humanos de forma desproporcionada. Las cuales, a su vez, constituyen precondiciones esenciales para ejercer los derechos de participación política en una sociedad democrática. De ahí lo correcto del criterio mayoritario, sin que pueda afirmarse que esto se trató de una “decisión política”.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Santiago Vázquez Camacho. Secretario de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.


1 Expediente SUP-RAP-87/2018 y acumulado, resuelto el 6 de junio de 2018.

2 Artículo 55, fracción V, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo 32, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Para sostener sus afirmaciones y argumentos, el voto minoritario se refiere a lo decidido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 48/2009. Al respecto, se advierte que lo decidido en dicho juicio no obliga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al no haberse alcanzado la mayoría de ocho votos respecto a los criterios que interesan.

5 Al referirse Zagrebelsky al papel de los jueces en un Estado constitucional de Derecho, concluyó que éstos deben fungir como “los garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia”. La “ductilidad” a la que se refiere Zagrebelsky parte de reconocer que en las constituciones modernas coexisten valores y principios diversos que exigen una convivencia construida sobre el pluralismo y las interdependencias y enemiga de cualquier ideal de imposición de la fuerza. Ello obliga a los jueces a interpretar la heterogeneidad de los contenidos constitucionales de manera armónica y partiendo del postulado de la función unificadora que éstos tienen respecto a todo el ordenamiento jurídico. Véase Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia, Trotta, 7ª ed., Madrid, 2007, páginas 3 y 153.

6 Ibidem, páginas 13 a 14.

7 Las “razones prudenciales” se diferencian de las “razones morales o sustantivas”, en tanto que las primeras son aquéllas que llevan a realizar la acción o la actividad contemplada en la norma para evitar una sanción o algún perjuicio, o para conseguir ciertos efectos normativos, que no se obtendrían de no realizar la acción, y las segundas son las que se relacionan con algún criterio o valor que indica que actuar de determinada manera es correcto, estimable o valioso en algún sentido.

8 En la misma línea, Ferrajoli ha sostenido que la Constitución “[…] no sirve para representar la voluntad común de un pueblo, sino para garantizar los derechos de todos, incluso frente a la voluntad popular […] El fundamento de su legitimidad, a diferencia de lo que ocurre con las leyes ordinarias y las opciones de gobierno, no reside en el consenso de la mayoría, sino en un valor mucho más importante y previo: la igualdad de todos en las libertades fundamentales y en los derechos sociales, o sea en derechos vitales conferidos a todos, como límites y vínculos, precisamente, frente a las leyes y los actos de gobierno expresados en las contingentes mayorías”. Ferrajoli, Luigi, “Pasado y futuro del estado de derecho”, en Carbonell, Miguel et. al. (coords.), Estado de derecho. Fundamentos y legitimación en América Latina, México, Siglo XXI, página 203.

9 Cfr. Véase Breyer, Stephen, Cómo hacer funcionar nuestra democracia. El punto de vista de un juez, trad. Gutiérrez Ortiz Mena, Alfredo, Fondo de Cultura Económica, México, 2017, página 309.

10 Cfr. Atienza, Manuel, “El derecho como argumentación”, en Cátedra Ernesto Garzón Valdés 2003, México, ITAM-Escuela Libre de Derecho-UAM, 2004, página 120 y subsecuentes.

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El presente texto trata sobre las coaliciones y candidaturas comunes y los criterios que se han adoptado para establecer sus límites y alcances. La finalidad del texto es presentar la forma en la que el TEPJF ha buscado evitar que estas asociaciones políticas se utilicen para eludir las reglas,1 de manera que generen situaciones que no tengan como objetivo fortalecer la democracia.

Las coaliciones y candidaturas comunes son formas de participación política con fines electorales, mediante las cuales dos o más partidos políticos deciden postular a los mismos candidatos. Estas formas de participación se distinguen principalmente por dos razones: a) la necesidad de suscribir una misma plataforma política, pues esto sólo es necesario en coaliciones; y b) las candidaturas a postular, una candidatura común puede presentar solo una candidatura y una coalición al menos el 25 % de las candidaturas.2 Así, en las coaliciones debe existir coincidencia ideológica y política entre los partidos políticos participantes; mientras que las candidaturas comunes mantienen su individualidad ya que sólo están de acuerdo en postular un candidato ya sea por su trayectoria o por el arraigo que tiene en la comunidad, entre otras cuestiones.

La posibilidad de que los institutos políticos se asocien deriva del derecho a la libertad de asociación en materia política.3 Este derecho cuenta con una dimensión colectiva que implica la libertad de auto-organización para alcanzar los objetivos de quienes formaron cada partido político. Así, la posibilidad de formar coaliciones y candidaturas comunes se encuentra reconocida como un derecho de los partidos.4 Lo anterior no supone que los partidos políticos puedan participar conjuntamente sin atender los procedimientos y requisitos definidos legalmente, sino que exige que la regulación para participar en alianzas sea objetiva y razonable.

En la Ley General de Partidos Políticos se encuentran los diversos requisitos5 que los partidos deben cumplir para participar en coaliciones y candidaturas comunes.6 Entre estas reglas se encuentra la obligación de que las coaliciones sean uniformes. El principio de uniformidad se fundamenta a partir de la reforma constitucional político-electoral del 10 de febrero de 2014 que incluyó la obligación de regular un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales.7 No obstante, su origen proviene de la norma electoral del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado desde el 14 de enero de 2008.

La literalidad del artículo no ha cambiado desde su entrada en vigor. Se define a la uniformidad como la prohibición de los partidos de participar en más de una coalición y la obligación de que se integre con los mismos partidos para cada tipo de elección. ¿Qué implica, entonces el principio de uniformidad en la práctica? ¿Pueden los partidos integrar diferentes coaliciones, siempre que se respete un mínimo de coincidencia entre los partidos que las integran? ¿Pueden coexistir ambos formatos de participación, es decir, una candidatura común y una coalición que estén conformadas por los mismos partidos en una misma elección? En este caso, ¿habría alguna limitante para la formación de candidaturas comunes?

El principio de uniformidad bien entendido pretende fortalecer y estabilizar el sistema democrático. Por tanto, la tarea de los órganos de justicia es procurar la correcta aplicación del principio de uniformidad en la formación de asociaciones políticas para evitar la desnaturalización de esas figuras. Por ello, parecería que las controversias surgen a partir del entendimiento del principio de uniformidad y si le es aplicable a las candidaturas comunes. Las problemáticas se pueden clasificar en dos grandes temas: a) la viabilidad de las coaliciones dinámicas; y b) los límites a las candidaturas comunes ante la coexistencia de coaliciones.

Hasta ahora el TEPJF ha tenido dos posturas respecto del principio de uniformidad en el contexto de las coaliciones.  Por un lado, se sostiene que del principio de uniformidad se extrae la viabilidad de formar coaliciones dinámicas, es decir, aquellas en las que dos o más partidos contiendan de manera diferenciada, pero sólo entre los partidos que suscribieron el convenio de coalición, respecto de los distintos cargos a elegir –diputaciones, ayuntamientos y la gubernatura–.8 Por otro lado, se establece que las coaliciones deben participar como una unidad fija,9 por lo que la participación dinámica sería insostenible pues se estaría formando más de una coalición para un proceso electoral.10

Esta última postura es la que actualmente cuenta con mayoría y considero que es la que garantiza la funcionalidad de las coaliciones y abona a la representatividad y gobernabilidad. La representatividad implica que los partidos están obligados a representar a sus votantes.11 Si en una misma coalición hay diferentes formas de participación entre los partidos que la integran, entonces los ciudadanos tendrían poca información y certeza sobre sus representantes, debilitando el vínculo representativo. Respecto a la gobernabilidad, en sistemas multipartidistas algunos gobiernos han usado a las coaliciones para garantizar mayorías legislativas estables y para brindar cierto grado de seguridad y previsibilidad. Así, las coaliciones han sido una solución a los problemas derivados de la combinación de un sistema presidencialista y un sistema multipartidista.12

Ante ese escenario, las coaliciones son capaces de estabilizar y fortalecer el sistema democrático y, por tanto, garantizar una mayor gobernabilidad. Si se permitiera la formación de coaliciones dinámicas se abriría la posibilidad de que los partidos celebren un número indefinido de coaliciones y, por tanto, de posibilidades electorales. Esto podría generar un escenario con muchas opciones políticas y, por tanto, los efectos serían similares a un sistema multipartidista que tiende a fragmentar y debilitar la democracia.

Por tanto, el TEPJF ha optado por una lectura del principio de uniformidad que comprende a las coaliciones como una unidad fija, pues contribuye a garantizar la representatividad, la gobernabilidad eficaz y, además, facilita la revisión de dichas asociaciones frente al cumplimiento de las normas. Entonces, a partir de la posibilidad de que coexistan convenios de coalición y de candidatura común, ¿cuál sería el límite para las candidaturas comunes?

El TEPJF ha sido consistente en considerar viable la coexistencia de coaliciones y de candidaturas comunes por los mismos partidos, sin embargo, existen posiciones diferidas respecto a los requisitos que las candidaturas comunes deben cumplir en los casos de simultaneidad. A raíz de algunos asuntos se ha tenido que analizar si hay límites a la libertad de asociación en materia política frente al sistema normativo existente. Por una parte, se ha sostenido que no hay límites de participación pues los partidos pueden formar las candidaturas comunes que consideren convenientes de forma simultánea a una coalición sin que tengan que cumplir con la uniformidad, pues ello solo aplica cuando tienen que suscribir una plataforma política común.13 Por otro lado, se definió que el principio de uniformidad sí es aplicable a las candidaturas comunes cuando los partidos que las suscriben celebren un convenio de coalición en un mismo proceso electoral. Por lo que si un grupo de partidos forma una coalición podrá suscribir convenios de candidatura común siempre y cuando equivalgan a menos del 25 % de las candidaturas.14

En ese mismo criterio se estableció que si un grupo de partidos pretende respaldar todas las postulaciones para un mismo tipo de cargo, deben necesariamente realizarlo a través de una coalición. Esto es así, pues materialmente se estaría formando una plataforma electoral común, por lo que se debe evitar que las candidaturas comunes se utilicen como medios para manipular o eludir el régimen en materia de coaliciones.

De esta manera, al igual que en el caso de la inviabilidad respecto de las coaliciones dinámicas, podríamos afirmar que el TEPJF ha intentado últimamente evitar formas de participación que, si bien no están explícitamente prohibidas por definición en la ley, van en contra de los derechos constitucionales que permiten la formación de tales formas de participación asociada.

Estos criterios también son relevantes pues según la lógica del comportamiento de los partidos políticos, vista desde la perspectiva de la elección racional, estos siempre buscan utilizar ciertos medios para alcanzar los fines deseados.15 En este sentido, la teoría propuesta por Riker establece que los partidos se conducen por la noción de ganar por lo que buscarán maximizar sus resultados al menor costo posible.16

Es por esta razón, que el TEPJF ha buscado modificar las acciones de los partidos para lograr el respeto a las normas y principios respectivos. El reto institucional ha sido y seguirá siendo delimitar con claridad el marco en el que se puede ejercer el derecho de asociación, además de establecer, de forma concisa, las reglas que deberán cumplir los partidos que decidan participar conjuntamente. Es decir, ante los incentivos que tienen los partidos para desviarse del verdadero objetivo de las coaliciones y las candidaturas comunes, en la búsqueda de sus propios beneficios, las instituciones electorales deben actuar para contenerlos y lograr que estas herramientas abonen a la consolidación de la democracia.

Ana Cecilia López. Asesora de la ponencia de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Gabriela Alejandra Leyva Orozco. Asesora de la ponencia de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 Por ejemplo, de financiamiento, fiscalización o la utilización ventajosa de las prerrogativas de radio y televisión.

2 En la reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014 se establecieron las definiciones de los tres tipos de coaliciones, las cuales se distinguen por la cantidad de candidaturas que los partidos políticos decidan registrar para un mismo proceso electoral (federal o local) y de forma conjunta, bajo una misma plataforma electoral. Estas son las siguientes:
i. Coalición total, en esta se postulan la totalidad de los candidatos.
ii. Coalición parcial, es aquella en la que se postulen al menos 50 % de las candidaturas.
iii. Coalición flexible, en la cual se postulen al menos 25 % de las candidaturas.
Los tipos de coaliciones también se definen en el artículo 88, de la Ley General de Partidos Políticos.

3 En los artículos 9 y 35 constitucionales se reconoce el derecho de los ciudadanos de asociarse libremente para tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del país. También, en los artículos 16 de la Convención Americana y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se identifica la dimensión política del ejercicio del derecho de asociación.

4 Véase el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos.

5 Véanse los artículos 85, párrafos 2, 4 y 6; 87, 89, 90, 91 y 92, de la Ley General de Partidos Políticos.

6 En el párrafo 5, del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos se señala que “será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidaturas”.

7 Véase el artículo transitorio segundo del decreto de reforma aludido.

8 La Sala Superior sostuvo esta postura en el SUP-JRC-49/2017, aprobado por mayoría en la sesión pública del 16 de marzo de 2017. Dicho criterio también se encuentra en los juicios SUP-JRC-457/2014 y SUP-JRC-106/2016.

9 Véanse las sentencias relativas a los asuntos SUP-JRC-38/2018, SUP-REC-84/2018, el SUP-RAP-718/2017

10 Véase el artículo 87, párrafo 9, de la Ley General de Partidos Políticos.

11 Cain, Bruce, John Ferejohn, y Morris Fiorina. «The Personal Vote: Constituency Service and Electoral Independence.» The Journal of Politics 50, nº 4 (1998).

12 Chasquetti, Daniel. «Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación.» En Tipos de Presidencialismo y Coaliciones Políticas en América Latina, de Jorge Lanzar, 319-349. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2001.

13 Véase el juicio SUP-REC-23/2018 aprobado por mayoría el 22 de marzo de 2018.

14 Véase el juicio SUP-REC-24/2018 aprobado por mayoría el 22 de marzo de 2018 y el SUP-JRC-66/2018 aprobado el 23 de mayo del mismo año.

15 McCubbins, Mathew D., y Michael F. Thies. Rationality and the Foundations of Positive Political Theory. Los Angeles, 1996.

16 Riker, William. The Theory of Political Coalitions. New Haven: Yale University Press, 1962.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido un papel importante en la protección de los derechos político-electorales de los grupos minoritarios y en desventaja, concretamente, frente a los pueblos indígenas y las mujeres. Nos enfocaremos solamente en el criterio de autoadscripción para que las personas pertenecientes a estos colectivos puedan beneficiarse de las medidas implementadas para garantizar el acceso de estos colectivos a cargos de elección popular.

El 14 de diciembre de 2017, la Sala Superior resolvió el recurso SUP-RAP-726/2017 por medio del cual garantizó que los partidos políticos postularan en forma obligatoria a personas indígenas en aquellos distritos que tuvieran al menos un 60 % de población indígena. Así, se garantiza que en esos distritos los representantes siempre sean indígenas.

Para que estas medidas sean efectivas, y con el fin de evitar que se postule en estos distritos a personas no indígenas, la Sala Superior convino que era necesario una autoadscripción calificada. Esto es, que los partidos políticos tienen la obligación de presentar, al momento del registro, evidencia suficiente que permita verificar que las personas postuladas sean efectivamente indígenas. Esto se puede acreditar, entre otras formas, mediante una constancia expedida por las autoridades de la comunidad en donde conste que la persona postulada ha prestado servicios comunitarios, desempeñado un cargo tradicional en la comunidad, participado en reuniones de trabajo que buscan mejorar las instituciones o conflictos de la comunidad, etcétera.

Por otro lado, para el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género se ha echado mano de medidas afirmativas por medio de las cuales se ha obligado a los partidos políticos a hacer sus postulaciones de manera paritaria. Con esto, se ha logrado incrementar el número de mujeres en cargos de elección popular.1

Ahora bien, el mandato constitucional de paridad de género dio un giro importante con la controversia que se suscitó en Oaxaca -con motivo del asunto SUP-JDC-304/2018- y que nos llevó a avanzar en la concepción que tenemos de este principio. En este caso, el Instituto Electoral local estableció, en sus lineamientos para el cumplimiento de paridad de género, la posibilidad de que las personas transexuales, transgénero o muxes puedan acceder a las candidaturas registrándose con el género con el cual se identifican, para cuyo caso basta la simple autoadscripción.

Con este marco, el mandato de paridad de género ha evolucionado: ya no se interpreta al género únicamente conforme al sexo biológico de la persona (cisgénero), sino que ahora se considera la identidad de género con la que una persona se identifica a sí misma. De esta manera, se amplían las categorías de género para incluir, indistintamente dentro de ellas, tanto a las personas cisgénero (aquella cuya identidad de género coincide con el género asignado al momento de nacer) como a las transgénero (aquella cuya identidad de género no coincide con el género que le fue asignado).

Sin embargo, con la ampliación de la categoría de género surge un nuevo problema que quizá no emergería en situaciones ideales. Este problema se manifestó, en el caso en estudio, cuando algunos candidatos, apoyados por sus partidos políticos en Oaxaca, solicitaron ser registrados como mujeres transgénero.2

Ante esto, personas integrantes de colectivos transgénero cuestionaron estas candidaturas arguyendo que tales personas en realidad estaban intentando eludir el mandato de paridad de género y usurpando la identidad trans. El problema de fondo radicó, entonces, en cómo salvaguardar simultáneamente el mandato de paridad de género y el derecho de las personas a su identidad, lo que implica también que ésta no sea esencializada.3

La mayoría de los magistrados decidieron que para efectos del registro de las candidaturas, era suficiente con que él o la aspirante manifestara una autoadscripción simple al género al que dice pertenecer, dado que el Estado no puede cuestionar a las personas en cuanto a su identidad de género. En abono, la mayoría consideró que la identidad de las personas tampoco puede reducirse a características externas o formas de comportarse y expresarse. Con esto, la mayoría de magistrados asumió una postura que protege el derecho a la identidad de las personas pero que pone en riesgo el efectivo cumplimiento del mandato de paridad de género.

Es decir, con esta decisión han quedado asentados dos criterios distintos en cuanto a la adscripción. Por un lado, frente a personas transgénero que desean ocupar cargos de elección popular en su calidad de mujeres valiéndose de las postulaciones garantizadas en virtud de la acción afirmativa de género, el criterio que sostuvo la Sala Superior fue el de la autoadscripción simple. En contraste, el criterio que ha sostenido esta misma Sala en el caso de personas indígenas que desean ser postuladas para los asientos reservados para esta minoría, ha sido el de la autoadscripción calificada.

Sin embargo, a nuestro criterio, no existe justificación para este trato diferenciado, además de que en contrapartida existen motivos suficientes que justifican que en ambos casos se requiera una autoadscripción calificada. Estos motivos no radican en el hecho de que estos grupos de personas sean colectivos similares, pues, claro está, no lo son. Por curioso que parezca, los motivos radican en que las medidas implementadas tanto para las personas indígenas como para las mujeres -cis y transgénero- tienen naturalezas y finalidades distintas.

En el caso de las medidas dirigidas a grupos indígenas, aun cuando éstas han sido llamadas “acciones afirmativas indígenas”, no deben ser pensadas como tales. Al contrario, estas medidas deben ser entendidas como derechos diferenciados de grupo, cuya finalidad es que, por medio de derechos especiales de representación (asientos reservados), las comunidades indígenas participen y formen parte de los procesos deliberativos y de la toma de decisiones sobre asuntos que les pueden afectar, tanto por ser partes integrantes de la vida pública nacional como porque las decisiones tomadas incidan de manera directa en su comunidad. Por tanto, estos derechos diferenciados de grupo deben entenderse como derechos colectivos que buscan representar los intereses de las comunidades indígenas, como parte de un Estado multicultural.4

Bajo esta lógica, una autoadscripción calificada no tiene como único objetivo, ni como objetivo principal, evitar postulaciones no indígenas para evadir esta obligación, sino garantizar que quien ocupe esos asientos sea una persona con legitimidad dentro de la comunidad indígena y reconocimiento por parte de ésta, de forma que garantice que representará los intereses de este colectivo.

Por otro lado, las acciones afirmativas de género buscan remediar la falta de igualdad de oportunidades y la injusta repartición de los bienes, recursos y derechos que subsiste entre hombres y mujeres. Están enmarcadas en la retórica de la igualdad de oportunidades y, por ello, su objetivo consiste que, mediante un trato diferenciado temporal, se logre una igualdad material más duradera.5

Estas medidas serán exitosas cuando lleguemos a un escenario en el que, aun sin ellas, los órganos de gobierno estén conformados equitativamente por hombres y mujeres. El fin último de estas medidas es, por tanto, que el sexo de la persona no sea una limitante, sino que más bien sea irrelevante para acceder a cargos de representación popular.

Aun cuando estas medidas están dirigidas a un colectivo social en desventaja, como lo son las mujeres, esto no implica la necesidad de representar exclusivamente los intereses de las mujeres. Las medidas afirmativas a favor de las mujeres tienen como principal finalidad contrarrestar la discriminación que subsiste en contra de ellas, es decir, buscan asegurar que las mujeres puedan acceder a los cargos de elección popular en tanto que, históricamente, han sido excluidas y discriminadas de ellos.

Por último, las acciones afirmativas buscan borrar las diferencias entre los grupos en desventaja. En este caso, buscan borrar o suprimir las diferencias estructurales entre hombres y mujeres. Por su lado, los derechos diferenciados de grupo buscan preservar las diferencias culturales que les caracterizan y, aun cuando estos grupos también experimentan discriminación, el objetivo principal de estas medidas no es contrarrestar la discriminación, sino la falta de reconocimiento cultural.

Justo porque la finalidad de las medidas afirmativas de género es contrarrestar la discriminación que las mujeres han vivido, es que las autoridades electorales tenemos el deber de verificar que estas medidas sean adecuadamente instrumentalizadas. Esto no implica que la autoridad electoral cuestione la identidad de género de las personas transgénero, pues, existe una vía idónea para solicitar al Estado que reconozca la identidad de género de una persona: la autoadscripción simple. Sin embargo, cuando se dé el caso de que 1) una persona transgénero no haya solicitado previamente al Estado que se le reconozca su identidad de género -es decir, que no haya solicitado un cambio de sexo en su acta de nacimiento o en sus documentos oficiales, y, por tanto, 2) su documentación oficial no coincide con quien dice ser, y, como consecuencia, 3) un tercero cuestione, por vías institucionales, la identidad de quien se autoadscribió a un género que no coincide con el de sus documentos oficiales; entonces, 4) la autoridad electoral puede allegarse de más elementos de convicción6 que le permitan afirmar que, en efecto, esa persona se asume como mujer o como hombre.

Con esto, se salvaguarda el derecho de las mujeres -cis y trans- de acceder a cargos de elección popular, pues contribuye a blindar el mandato de paridad de género frente a las continuas amenazas e intentos por parte de los partidos políticos de evadirlo.

Como conclusión, frente a las medidas implementadas por la autoridad electoral destinadas a proteger grupos en desventaja, existen motivos que en ciertos escenarios justifican pedir, en ambos casos, una autoadscripción calificada. Estos motivos no radican en que estamos frente a grupos de igual naturaleza, sino que la naturaleza distinta de cada uno de estos grupos así como la finalidad diversa de las medidas destinadas a protegerlos justifican, por motivos distintos, una autoadscripción calificada.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Alexandra D. Avena Koenigsberger. Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctoranda en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.


1 Para más detalles ver Aparicio, Javier. 2015. “Informe sobre la paridad de género en la selección de candidaturas electorales para la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 2015-2016”, en Instituto Nacional Electoral, Impacto del registro paritario de candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

2 17 de ellos fueron registrados en un primer momento como candidatos hombres. El Instituto Electoral requirió a sus respectivos partidos políticos porque no cumplían con la paridad de género, ante lo cual estos mismos candidatos se autoadscribieron como mujeres. Dos de ellos, desde el primer momento de su registro se autoadscribieron como mujeres.

3 Para ver la posición adoptada por mi ponencia ver el voto particular emitido en el SUP-JDC-304/2018

4 Ver Kymlicka, Will. 1996. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press.

5 Young, Iris. 1990. Justice and the Politics of Difference, Oxford University Press.

6 Un ejemplo adicional de convicción puede ser, por ejemplo, que una comunidad reconozca a esa persona como hombre o como mujer, dado que la persona en cuestión se ha asumido y comportado como tal de cara a esa comunidad.

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Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la famosa sentencia, SUP-JDC-12642/2011 en 2011, mejor conocida como la sentencia de “las Juanitas” y, posteriormente, en 2014 con la incorporación del principio de paridad de género en el texto constitucional por parte del Congreso, la concepción de género ha cobrado mayor relevancia y se ha insertado en el centro del debate político actual.

Efectivamente, después de estos dos sucesos, la adopción de acciones afirmativas tendentes a cumplir con la paridad de género ha formado parte de la agenda político-electoral del país. Actualmente, prácticamente todas las entidades federativas y la federación han emitido un robusto cuerpo de legislación y lineamientos para cumplir con este principio.

El TEPJF ha contribuido a que el principio de igualdad o paridad de género sea entendido de una manera más amplia. Así, ha distinguido entre la paridad cuantitativa y la paridad cualitativa. Mientras que la primera se refiere a equiparar el número de candidaturas de hombres y mujeres para los cargos de elección popular, la segunda garantiza que en la postulación que haga cada partido político, se postulen de manera equitativa hombres y mujeres tanto en aquellas circunscripciones perdedoras como en las ganadoras, según la fuerza política de cada partido.

Para el mejor cumplimiento de la vertiente cualitativa de la paridad de género, se ha elaborado una distinción entre paridad horizontal y vertical. La paridad horizontal se refiere a que, en una elección, por ejemplo de una entidad federativa, haya una cantidad equitativa entre hombres y mujeres para el puesto de la presidencia municipal. Por su lado, en esta misma elección, la paridad vertical implica que la planilla de cada ayuntamiento esté conformada de manera igualitaria. Es decir, que haya una paridad entre todas las postulaciones para ocupar los distintos cargos dentro del ayuntamiento.

Como ha sido mostrado, ya existe un cuerpo sumamente amplio y sofisticado de acciones afirmativas que buscan cumplir con el mandato constitucional sobre la paridad de género. Estas acciones afirmativas han logrado avances significativos en la inclusión de las mujeres en la vida política del país. Por ejemplo, en las elecciones de 2009, previas a la incorporación de estas acciones en la legislación nacional, el Congreso federal estuvo integrado por 28 % de mujeres y 72 % de hombres; en el 2012, se integró con 37 % de mujeres y 63 % de hombres; finalmente, en 2015, su composición consistió en 42.40 % de mujeres y 57.6 % de hombres.1

Sin embargo, los problemas que han surgido en los últimos meses sobre la materia, con el inicio del proceso electoral vigente, nos indican que debemos transitar hacia una nueva etapa en la adopción de medidas afirmativas. Un ejemplo de esto es que el criterio que se sostuvo en la sentencia de “las Juanitas” fue modificado en una sentencia reciente dictada por la Sala Superior del TEPJF (SUP-REC-7/2018). En 2011, cuando se dictó la sentencia de “las Juanitas”, el objetivo fue evitar la práctica que varios partidos políticos habían llevado a cabo, la cual consistía en postular a mujeres como candidatas propietarias de las fórmulas de elección a cargos populares ─para cumplir formalmente con la cuota de género─, pero postular a un varón como su suplente. Una vez en el cargo, los partidos le pedían a la candidata propietaria renunciar y como consecuencia, el varón suplente accedía al cargo. Esta situación rompía con el equilibrio que se buscaba con las cuotas de género y, por tanto, dejaba sin efectos precisamente el propósito perseguido con estas medidas.

En aquel momento, la Sala Superior estimó que lo mejor para evitar la práctica reseñada era exigir que todas las fórmulas estuvieran compuestas por propietario y suplente del mismo género y, desde entonces, básicamente todas las legislaciones locales contienen esta exigencia. No obstante, y con motivo de una controversia suscitada en Jalisco, la Sala Superior modificó el criterio mencionado.2 El nuevo criterio ahora afirma que esa práctica, que atenta contra la paridad, puede evitarse si se exige que cuando las propietarias de las fórmulas sean mujeres, sus suplentes también deban serlo, pero esta exigencia no aplicará en sentido inverso. Esto significa que, cuando el candidato propietario sea hombre, su suplente podrá ser una mujer, lo que permite la conformación de las fórmulas mixtas cuando un hombre la encabeza.

La solución antes descrita ya había sido sugerida cuando la Sala Superior resolvió la sentencia de “las Juanitas”. Sin embargo, un posible motivo por el cual se optó por exigir que las fórmulas siempre fueran del mismo género ─sin hacer la distinción que se ha hecho ahora─ fue justamente que en ese entonces el mandato de paridad de género no contaba con la aceptación con la que cuenta actualmente. La adopción e implementación progresiva de medidas afirmativas traen a la par la adaptación, aceptación y normalización de las medidas por parte de los actores políticos, de la sociedad y del diseño institucional. Esta situación genera la posibilidad ─y la necesidad─ de adoptar medidas más sofisticadas y focalizadas para cumplir con los objetivos que buscamos en cuanto a este tema.

En efecto, si queremos seguir avanzando hacia una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, nos vemos ante la necesidad de transitar hacia una nueva política de adopción e implementación de acciones progresivas y más focalizadas, con objetivos específicos. Un nuevo objetivo podría ser la implementación de acciones positivas, tendentes a garantizar la postulación de mujeres en ayuntamientos de alta incidencia política, económica y social. Dicho de otra manera: garantizar la postulación de mujeres en ciudades importantes. Ya existe un precedente en Coahuila, en donde se ha implementado un sistema de bloques basados en la densidad poblacional de los municipios. Así, al exigir la paridad dentro de cada bloque, se asegura que haya mujeres postuladas en los municipios de mayor densidad poblacional dentro de la entidad.

Aunque con el principio de paridad de género, en su vertiente cuantitativa, ya se preveía que se postularan tanto a hombres como a mujeres en circunscripciones ganadoras para cada partido político. Con esto, se garantiza el acceso de las mujeres a los cargos. Cabe mencionar que tal medida es diferente al garantizar la postulación de mujeres en ciudades importantes, aun cuando éstas pudieran no ganar la postulación para el partido político al que pertenecen.

La postulación de mujeres en ciudades clave, aun si llegasen a perder la elección, tiene efectos sumamente positivos en cuanto a la paridad se refiere. En primer lugar, porque la candidata adquiere conocimientos, experiencia y aprendizaje que le servirán para futuros procesos y campañas electorales, además de la experiencia y aprendizaje que obtendría si resultase electa. En segundo lugar, porque la postulación de una mujer como candidata al puesto político de una ciudad importante emite un mensaje claro hacia los militantes del partido, hacia sus simpatizantes y, en general, hacia la ciudadanía, de que la candidata es apta para ocupar el cargo. Esto contribuye a afianzar su liderazgo dentro y fuera del partido político y, en consecuencia, incrementa sus redes políticas, sociales y económicas. En pocas palabras, crea una red y un capital social que le permite seguir persiguiendo su carrera política. Postular a mujeres en ciudades importantes, genera un impulso vital en sus aspiraciones y en la dirección de sus carreras políticas.

Todo esto trae efectos importantes a largo plazo. Principalmente, porque todo el capital político, social y económico que puede absorber una mujer que es postulada como presidenta municipal de una ciudad importante lleva a que, en un futuro, postular a esa mujer sea una decisión idónea para el partido porque le genera un beneficio político y electoral, y no un costo. Esto, a su vez, cambia la percepción que tienen los partidos y actores políticos hacia las mujeres en el ámbito de la política que contribuye a revertir los roles y estereotipos de género que subsisten en cuanto a la capacidad de las mujeres para gobernar y dirigir.

Existen suficientes motivos que justifican por qué debemos avanzar hacia una nueva etapa de adopción de medidas afirmativas. Éstas, efectivamente, deben ser más focalizadas y destinadas a objetivos específicos. De lo contrario, si permanecemos en el estado actual de implementar medidas afirmativas que sólo buscan asegurar un número determinado de candidaturas para las mujeres, estaremos cayendo en una lógica errónea y perjudicial para nuestro fin último, que es que el género de las personas sea irrelevante al momento de decidir quién dirige nuestras instituciones y, como consecuencia, que haya una igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los cargos.

Ciertamente las problemáticas que se han suscitado con motivo de las acciones afirmativas que buscan establecer una cuota de mujeres muestran que los partidos políticos todavía se resisten a incorporar mujeres en sus postulaciones porque, en muchas ocasiones, estas candidaturas les genera un costo político que parece redituar pocos beneficios.

Cambiar esta resistencia implica compatibilizar los intereses de los partidos políticos y de las mujeres, a fin de que postular mujeres sea beneficioso para los partidos. Si entendemos que las acciones afirmativas implican sacrificar temporalmente los intereses del grupo dominante para que en un futuro haya mayores condiciones de igualdad, entonces se encuentra justificado exigir, temporalmente, a los partidos políticos que postulen a mujeres en ciudades importantes, por los beneficios que estas postulaciones pueden traer a largo plazo. En pocas palabras, estas acciones afirmativas pueden traer efectos transformadores y, a largo plazo, pueden cambiar la percepción de los partidos políticos en cuanto a la postulación de mujeres.

Alexandra Avena Koenigsberger. Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctoranda en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 Información obtenida de “Paridad de Género: Evolución, Logros y Realidades” por Liderazgos en acción.

2 El Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco emitió unos lineamientos para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. El artículo 8, numeral 2, de esos lineamientos señala que “Las fórmulas a diputaciones de mayoría relativa deberán presentarse de la siguiente manera: cuando quien encabeza la candidatura propietaria sea de género masculino, su suplente podrá ser de cualquier género; pero si la propietaria fuera de género femenino, su suplente deberá ser del mismo género”.

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A continuación, se ofrecen algunos subrayados que buscan destacar los principales argumentos de las participaciones de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF Janine Otálora, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, en la sesión pública de los días 9 y 10 de abril de este año, donde se decidieron los asuntos de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y Armando Ríos Piter. El voto de minoría de estos magistrados se puede leer de manera completa aquí.


Janine M. Otálora Malassis

Garantía de audiencia

Yo no advierto violación a su garantía de audiencia ni expresión alguna del representante del actor, en el sentido de que no está pudiendo defenderse correctamente, ya que incluso en varias actas hace un reconocimiento al trabajo llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral.

Contrariamente a lo que sostiene el actor, en este mismo oficio se le pone: “Para mayor comprensión le comunico las siguientes precisiones” –estoy leyendo el oficio emitido por la autoridad responsable-, no lo voy a leer todo, únicamente voy a hacer referencia a que le va explicando al actor en qué supuestos se encuentran las inconsistencias: los duplicados, los que no están en el listado pero sí en el padrón y, voy al punto sexto, en donde dice: “Apoyos ciudadanos con inconsistencias”.

Y aquí dice la autoridad responsable: “Registros que carecen de alguno de los requisitos establecidos en la ley o en los lineamientos mencionados, imágenes que no corresponden a una credencial para votar, firma que no coincide con la de la credencia para votar, fotocopia de la credencial para votar, otra credencial diversa a la de votar, sin firma que no se haya registrado en la app, cédula sin leyenda y cédula en copia”. Es decir, al actor se le fue detallando en qué consistían estas inconsistencias.

Finalmente, se le dice al final del oficio: “Estas cifras pueden sufrir modificaciones y tener un impacto en la determinación final respecto a si usted cumple o no con el porcentaje de apoyo”. Es decir, se le está diciendo de manera expresa que el millón 200 mil firmas que están en el listado nominal podrán sufrir modificaciones.

Y al final, y se le da una dirección en donde puede él verificar folio por folio en qué estado se encuentran sus apoyos. En el último párrafo del oficio se le dice que está en posibilidad de ejercer su garantía de audiencia durante los cinco días subsecuentes. Esta garantía de audiencia no la ejerce el actor.

Recuperó algunos y solicitó una revisión total de todos sus apoyos, a lo cual el Instituto Nacional Electoral le contestó que no se le podía conceder de manera favorable, pero no porque no tuviera las posibilidades técnicas el Instituto Nacional Electoral, sino que se le contestó de la siguiente manera: “El otorgar su petición podría resultar en una condición de inequidad frente a los demás aspirantes, dado que en ningún caso se ha permitido retrotraerse a una etapa concluida”; es decir, ya se le había dado la garantía de audiencia, pidió que se le volviera a dar y, en este caso, es donde no se la dan y me parece que con un criterio que yo comparto.

Para mí es una congruencia en este criterio, reiterar que sí se respetó la garantía de audiencia; no fue ejercida plenamente por el actor, pero la autoridad responsable no violó en momento alguno su garantía de audiencia.

Confianza legítima

En este caso se requiere de diversos requisitos para que se dé esta confianza legítima; es decir, tiene que haber un acto de una autoridad administrativa para que durante un tiempo prolongado genere la confianza en que la situación del ciudadano, del justiciable, se mantendrá. Aquí no se ha dado el transcurso de un tiempo prolongado.

Y yo aquí me pregunto, de ser aprobada la propuesta que nos formula el magistrado Fuentes Barrera, ¿en qué situación quedan aquellos aspirantes a diputados o senadores cuya negativa, cuya determinación del Instituto Nacional Electoral, de que no cumplieron con el porcentaje requerido fue confirmada? Estaríamos ante una situación de dos maneras de juzgar.

Pero había otra etapa, que validamos además, que era verificar la autenticidad del apoyo ciudadano, ¿y cómo se verificaba esta autenticidad que es fundamental para poder constituir una candidatura independiente? Era revisando que se hubiesen capturado originales de la credencial de elector sin que fuesen copias o simulaciones de las mismas.

Manejo de la información

En efecto, en todo proceso electoral, está a prueba la calidad ética y moral, así como la debida diligencia de las y los contendientes; pero también la debida diligencia de las autoridades electorales.

Aun cuando el estudio de este agravio resulta insuficiente para satisfacer la pretensión de los actores, me parece pertinente señalar que en un Estado Democrático es necesario que las y los servidores públicos guarden prudencia respecto de los asuntos sometidos a su consideración.

Conforme con el principio de presunción de inocencia, quienes participaron en la conferencia de prensa debieron ser prudentes en sus conclusiones y no vincular directamente a los aspirantes con una supuesta simulación de credenciales para votar.

Por tanto, resulta deseable que las y los funcionarios electorales guardaran prudencia y discreción en torno a los asuntos de su competencia, con miras a salvaguardar los derechos fundamentales de votar y ser votado, de manera tal que la información que proporcionen a los medios de comunicación no incluyan juicios de valor sin que antes se haya resuelto un asunto de manera definitiva.

La libertad de expresión de las y los servidores públicos y su deber de informar no puede dar lugar a que los temas se aborden con liberalidad tal que se provoque o genere en una percepción negativa de asuntos no concluidos. Y quiero aquí recordar que  las decisiones de las comisiones, en el caso particular del asunto del que estamos hablando, son definitivas hasta que las apruebe el propio Consejo General.

Por ello, todas aquellas personas que intervenimos en este histórico proceso electoral, sobre todo quienes desempeñamos un rol de autoridad, debemos conducirnos con la debida diligencia de modo que, aún en ejercicio de nuestra libertad de expresión y en aras de una total transparencia, evitemos una predisposición a animadversión a determinadas personas o situaciones.

Conclusión

Estas son las razones que me llevan a separarme del proyecto que somete a nuestra consideración el magistrado Fuentes Barrera, teniendo además la inquietud de que el cruce de firmas en el supuesto de que se le dé el registro a Jaime Rodríguez, ya no habría el cumplimiento de la norma que establece el cruce de firmas entre los candidatos a la Presidencia de la República.


Felipe de la Mata Pizaña

Puntos a favor del proyecto

Concuerdo con que son infundados los agravios que combaten la facultad reglamentaria del INE para dictar los Lineamientos de verificación pues, como acertadamente lo dice el proyecto, el INE sí tenía la facultad de emitirlos y legítimamente reguló el sistema de cruce de apoyos para darle sentido y utilidad, a fin de verificar de manera ágil y certera los apoyos duplicados.

Comparto que es infundada la inconstitucionalidad de los Lineamientos para la verificación del apoyo ciudadano.

Concuerdo con que la mesa de control cuenta con los insumos necesarios para verificar la certeza y validez de los apoyos ciudadanos y que cualquiera de las áreas o personal que las conforman, cuentan con atribuciones suficientes para realizar las tareas de verificación.

Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en cuanto a que, frente a las diversas inconsistencias y simulaciones que se presentaron, la autoridad podía cotejar los apoyos durante todo el proceso de revisión; tanto de verificación cuantitativa, donde se revisaba de manera automatizada que los apoyos correspondan a ciudadanos registrados en el padrón nominal, como de verificación cualitativa, revisando que no hubiera inconsistencias tales como simulación de credenciales para votar o apoyos obtenidos de fotocopias.

Puntos en contra del proyecto

A mi juicio sí se garantizó el derecho de audiencia del postulante durante el proceso de verificación de los apoyos ciudadanos, pero el actor decidió no ejercerlo de manera oportuna en una de las fases establecidas en los lineamientos.

En efecto, el postulante tuvo, en todo momento, la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia.

En efecto, a partir del primer oficio mediante el que se le notificó al actor el resultado de la verificación preliminar, se le advirtió expresamente que los apoyos validados iban a ser revisados, incluyendo la revisión de los expedientes electrónicos. También se le notificó que podía revisar esa información preliminar y ejercer su derecho de audiencia.

La autoridad fue muy clara en que eran resultados preliminares sujetos a revisión y que él podía impugnarlos.

No obstante, aun cuando fue notificado por oficios de 16 y 21 de marzo, en los que se le informó que esos resultados podían volver a ser revisados y que podía solicitar la audiencia respectiva, lo cierto es que no impugnó esa revisión.

Como se advierte, el ahora enjuiciante tuvo garantizado su derecho, pero decidió no hacerlo en el momento procesal oportuno, esto es, determinó no ejercer su derecho de audiencia en la fase de verificación preliminar.

A pesar de lo anterior, el actor lejos de defender y acudir a la diligencia para subsanar los apoyos, de manera libre e informada, determinó no comparecer, posiblemente por considerar que contaba con los apoyos suficientes, aunque esta cuestión podía cambiar y, de hecho, cambió posteriormente.

En ese sentido, a mi juicio el aspirante debió ejercer su garantía de audiencia en cada una de las fases de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por otra parte, disiento de la interpretación que se hace en relación con la “carga de la prueba” que delega al INE toda la responsabilidad de aportar los elementos probatorios para hacer una revisión de la calificación de los registros, estando presente el aspirante.

Conforme a los principios aplicables considero que la carga de la prueba le corresponde también al aspirante, quien cuenta con los reportes de los apoyos obtenidos y con el respaldo electrónico en el cual puede verificar la información. Eso independientemente de otros controles que él pudo haber generado de manera personalísima sin estar obligado a ello y por lo mismo siempre estuvo en la posibilidad de tener los soportes que fueran necesarios al efecto.

Igualmente, me aparto de la interpretación relativa a que los resultados preliminares generaron una “confianza legítima” al postulante porque le generaron una expectativa respecto a los resultados del apoyo ciudadano.

A mi juicio, de la jurisprudencia de la Segunda Sala, citada también por el proyecto, la “confianza legítima” se refiere a actos administrativos que tienen una presunción de legalidad pero sobre todo por ser unilaterales e irrevocables. A diferencia de ello, la autoridad electoral expresamente especificó que los resultados preliminares eran revocables, es decir modificables y sujetos justamente a análisis, bilateral tanto por la autoridad como por el aspirante si ejercía su derecho de audiencia en todas las fases.

En todo caso, la confianza o certeza se construye una vez concluidas las etapas de verificación, examinadas plenamente por el INE y revisada también por el aspirante en la medida en que él hubiera ejercido su derecho en el momento oportuno.

Tampoco comparto las consideraciones relativas a la reparación del daño que realiza el proyecto, pues sostiene que de acuerdo con una reparación integral es necesario ordenar al INE tener por acreditado que el aspirante alcanzó el umbral del apoyo del ciudadano.

Estimo que no se vulneró el derecho de audiencia del postulante y, aún en el supuesto (que no comparto) de que fuera necesario reparar su derecho, jurídicamente ello no tendría el alcance de tener por acreditado el requisito del umbral, sino, en su caso, volver a verificar los apoyos registrados.

Actuación de los funcionarios del INE

Personalmente considero que algunos funcionarios del INE posiblemente actuaron inadecuadamente durante el procedimiento.

Pero no genera una vulneración al proceso de obtención de apoyos y revisión de los mismos, porque no pone en duda intrínsecamente los resultados de la verificación en tanto que ésta, ya había concluido, me parece que en todo caso podría ser una causa de responsabilidad.

Conclusión

En fin, para ir concluyendo establecería que a mi juicio lo que es relevante en el presente asunto es si el aspirante obtuvo los apoyos suficientes o no, para alcanzar el umbral requerido, por muy mínima que sea la diferencia, sea 1 o 16,656 como actualmente se encuentra acreditado, esto es, si se han cumplido o no los requisitos establecidos por la ley y por esta Sala Superior.

Sin embargo, el demandante no impugna de manera específica los apoyos que se consideran inválidos, se limita a poner en duda de manera genérica el proceso de verificación desarrollado por el INE, pero sin cuestionar de manera concreta los apoyos invalidados.


Reyes Rodríguez Mondragón

Garantía de audiencia

Los aspirantes estuvieron en posibilidad de ejercer su garantía de audiencia en relación con la totalidad de las manifestaciones de apoyo que fueron desestimadas por la autoridad electoral, tanto en la dimensión cuantitativa, o sea, en la que se verificó si los apoyos se encontraban en la lista nominal, como en la cualitativa, o sea, cuando se revisó que esos apoyos que estaban en la lista nominal tuvieran un respaldo real, es decir, que fueran auténticos. Los aspirantes tuvieron la posibilidad de revisar en tiempo real, a través del portal web para verificar los apoyos cargados en el sistema, el estatus preliminar de sus apoyos, pero también a través de diversas audiencias.

Por lo tanto, contrario al proyecto que se somete a nuestra consideración, considero que sí se garantizó este derecho y que no existen motivos o justificaciones que lleven a la conclusión contraria.

Confianza legítima y decisión de otorgar el registro

No comparto esta conclusión, pues estimo que en ningún momento se generó la supuesta confianza legítima a la que se refiere el proyecto.

Considero que ambas ideas son jurídicamente incompatibles, es decir, si se reconoce que el veintiséis de febrero únicamente se informó al actor que un número determinado de apoyos se encontraban en el listado nominal, pero estos no necesariamente serían considerados válidos porque faltaba verificar los expedientes electrónicos respectivos, me parece inviable sostener que esa circunstancia haya generado una confianza legítima en el actor respecto a que había obtenido el porcentaje de apoyo necesario para que le fuera concedido su registro.

Bajo esta perspectiva, tampoco tendría sentido reconocer, como lo hace el proyecto, que el INE tiene la facultad en todo momento de verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos, pues si en algún momento informa preliminarmente que determinados apoyos se encuentran en el listado nominal, generaría una expectativa que, conforme al proyecto, no es posible modificar posteriormente.

Por último, en el proyecto se afirma que dado que un alto número de apoyos desestimados preliminarmente fueron subsanados (8.04 %), se desprende una presunción válida de que con la revisión de los apoyos faltantes el actor alcanzaría el umbral necesario para obtener el registro. A partir de ello se determina ordenar a la autoridad electoral el registro de la candidatura independiente a la Presidencia de la República del promovente.

No comparto esta consideración, por tres razones principales: i) la importancia de verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos; ii) el alto porcentaje de apoyo de irregularidades no subsanadas, y iii) la posible existencia de una falacia de generalización apresurada.

Me parece que una presunción como la que se propone constituye una generalización apresurada, pues a partir de un hecho aislado (rectificación del 8 % de los apoyos irregulares detectados), se concluye que dentro del universo restante de apoyos irregulares no convalidados la autoridad calificó incorrectamente un número determinado, para lo cual no existe evidencia suficiente.

Además, como un aspecto adicional, me parece que es incorrecto ordenar que –en automático– se registre la candidatura independiente del aspirante, pues, para determinar la procedencia de una postulación a través de esa vía, la autoridad electoral debe valorar aspectos adicionales a la obtención del porcentaje de apoyo de la ciudadanía, como el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de las obligaciones en materia de fiscalización, lo cual se pasa por alto en el proyecto.

Cultura política, candidaturas independientes y políticas públicas judiciales 

¿Cómo es la cultura política prevaleciente en nuestro país? Considero dos aspectos para destacar la relevancia de esta decisión desde la perspectiva de la cultura política: el primero es la cultura de la legalidad, porque tiene que ver con la forma en cómo se consiguen los apoyos ciudadanos para obtener una candidatura independiente. El segundo es el grado de confianza en las instituciones, porque las conductas de los candidatos en general y en este caso, de los aspirantes independientes, pueden incidir directamente en la generación o lesión de la confianza en la política.

Los defectos de la cultura política no se concentran en candidatos de partidos o en candidatos independientes. La cultura política es trasversal a quien participa en política. Precisamente por ello, y por la alta expectativa que han generado las candidaturas independientes, este tribunal constitucional debe contribuir a generar los incentivos que inhiban prácticas que resulten irregulares en la etapa de recolección de apoyos ciudadanos y que constituyan un retroceso democrático en una figura que teóricamente tendría que fortalecer la democracia.

Conclusión

Así, votaré en contra del proyecto, en primer lugar, porque considero que el quejoso sí tuvo la oportunidad de revisar, de acuerdo al procedimiento previsto, todos los apoyos cuestionados; en segundo lugar, porque no estoy de acuerdo en que a partir de la comunicación preliminar de lNE sobre los apoyos que estaban en el listado nominal se desprenda confianza legítima, y a partir de  allí un derecho de ser registrado como candidato independiente; y en tercer lugar, porque considero que este tribunal constitucional debe contribuir a generar los incentivos que inhiban prácticas que pudieran constituir un retroceso democrático en una figura como las candidaturas independientes, que teóricamente tendría que fortalecer la democracia.

Janine Otálora. Magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF.

Felipe de la Mata. Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

Reyes Rodríguez. Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

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El 2018, ha traído retos importantes para la justicia electoral en materia de paridad de género. Por un lado, nos hemos visto en la necesidad de ajustar nuestros criterios al contexto actual relativo a la representación de las mujeres en los órganos de elección. Por el otro, con la incorporación de la figura de la reelección, hemos tenido que buscar soluciones para conciliar ambos principios constitucionales.

El escenario actual supone repensar las estrategias que hemos adoptado para garantizar la paridad de género en materia electoral y, con ello, seguir avanzando hacia una democracia más incluyente y hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El principio de paridad de género fue incorporado al texto constitucional en la reforma electoral del 2014. Este principio establece la obligación que tienen los partidos políticos y demás organizaciones políticas de presentar sus postulaciones a candidaturas de manera paritaria entre hombres y mujeres. Esto se ha procurado con la adopción de acciones afirmativas.

Tales medidas han ofrecido resultados positivos, pues a pesar de que todavía hay un camino largo que recorrer para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, las medidas han garantizado presencia femenina en los cargos de gobierno y, además, han mostrado una progresión importante en el número de mujeres que ocupan cargos de gobierno.1

Sin embargo, la reforma electoral del 2014 trajo nuevos dilemas que resolver para seguir garantizando la paridad de género en materia electoral. En concreto, nos referiremos a la tensión existente entre la figura de la reelección y el principio de paridad de género.

Con la incorporación de la figura de la reelección, desde la reforma electoral de 2014, en el presente proceso electoral se está viendo una nueva problemática que nos obliga a plantear el rumbo de las medidas afirmativas adoptadas para cumplir con el principio de paridad de género.

La problemática se presenta porque nos encontramos frente a escenarios en los que la figura de la paridad de género y la reelección pueden estar en tensión al existir la posibilidad de que los presidentes municipales y los legisladores puedan optar por un segundo mandato y, a su vez, la exigencia de que los partidos postulen paritariamente sus candidaturas. Por el momento, no analizaremos la figura de la reelección por sí sola, en lugar de eso partiremos de la premisa de que, al estar reconocida ésta en el texto constitucional, la reelección está ─jurídicamente─ al mismo nivel que el mandato de paridad de género. Luego entonces, las autoridades electorales se ven frente a la necesidad de hacer ponderaciones entre ambas figuras y, por lo tanto, justificar reforzadamente por qué una debe ceder frente a la otra. Esta ponderación, sin embargo, debe hacerse para cada caso en concreto, sin que ello implique establecer una regla general en la que una siempre prevalecerá sobre la otra.

Es ilustrativo analizar esto con dos recursos que se resolvió recientemente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.2 En ambos casos, el legislador local ya había adoptado una medida afirmativa para garantizar la paridad de género en las postulaciones. Sin embargo, los institutos electorales locales de los casos respectivos adoptaron una acción afirmativa adicional. Finalmente, en ambos casos, la medida adoptada por el instituto electoral local entorpecía la posibilidad de optar por la reelección de algunos actuales presidentes municipales. Aun cuando los hechos parecen ser los mismos, la Sala Superior revocó una medida ─la de Chihuahua─ mientras que confirmó la otra, la de Baja California Sur.

En el caso de Chihuahua, la medida del legislador (medida de bloques) preveía la creación de tres bloques en función de su competitividad, que debía realizarse de la manera de que se describe a continuación. Primero, los partidos debían hacer una lista en la que ordenaran, jerárquicamente con base en los porcentajes de votación obtenidos en el proceso electoral pasado, todos los municipios en los que pretendían contender. Esa lista debía dividirse a su vez en tres bloques, uno de alta, uno de media y uno de baja competitividad; por último, las postulaciones debían ser paritarias dentro de cada bloque, dejando margen al partido para que decidiera qué sexo postular en cada ayuntamiento, siempre y cuando en su totalidad el partido cumpliera, dentro de cada bloque, con el 50 % de postulaciones para cada sexo. Con esto, se intentaba armonizar la paridad de género, la autoorganización de los partidos y la posibilidad de reelección.

El instituto electoral local, además, exigió que las postulaciones hechas en cada bloque debían ser alternadas (medida de alternancia). Esto es, si en el primer municipio de competitividad alta se postulaba a una mujer, en el segundo debía postularse a un hombre y así sucesivamente. En consecuencia, esta medida reducía de manera importante la autoorganización de los partidos políticos y, además, entorpecía la posibilidad de reelección de algunos presidentes municipales.

En este caso, la Sala Superior consideró que no había elementos para pensar que la medida de la alternancia traería mejores resultados en cuanto a la paridad de género, así como tampoco que los bloques de competitividad fueran insuficientes para estos efectos. Además, dado que con la alternancia no se abonaba de manera importante al principio de paridad, entorpecer la posibilidad de reelección no estaba suficientemente justificada. Como consecuencia de este análisis, se optó por revocar la medida de alternancia.

El caso de Baja California Sur fue esencialmente distinto y, por motivos de extensión, nos centraremos solamente en la medida afirmativa adoptada para la postulación de ayuntamientos.3 En este caso, la legislación sólo establece que las postulaciones a los ayuntamientos deben ser paritarias, sin contemplar a qué género debe asignarse el municipio impar. Esto porque Baja California Sur sólo cuenta con cinco municipios y, por lo tanto, resulta imposible hacer una repartición estricta que equivalga al 50%. En consecuencia, el instituto electoral local adoptó una medida adicional en la que se establece que en el municipio impar se debe postular una mujer. Dicha medida implicó que, de los tres presidentes municipales actuales de esa entidad, al menos uno vería mermada su posibilidad de reelección.

En este caso, la Sala Superior confirmó la medida adicional por considerarla justificada. Pero lo que nos interesa destacar aquí son los motivos que sostuvimos parar llegar a esta conclusión. Esto, en aras de ser congruente con la sentencia del caso de Chihuahua.

Baja California Sur, al sólo contar con cinco municipios, reúne características especiales. A diferencia de otras entidades federativas que cuentan con más municipios y que, por lo tanto, el sexo al que se le asigna el municipio impar tiene un impacto mínimo, en Baja California Sur esto no sucede así. Primero, el porcentaje más cercano a la paridad de género es 60% para un sexo género y 40% para el otro. Esta circunstancia implica que un municipio revierta la balanza de manera sumamente significativa.

En segundo lugar, aun cuando ha habido una progresión importante en esa entidad respecto al porcentaje de mujeres que dirigen los ayuntamientos, éste nunca ha sobrepasado el 40%.4 En consecuencia, resultaba relevante invertir ese porcentaje. Más aun, de los procesos electorales anteriores se observaba una tendencia a postular más hombres que mujeres.

Por último, también se pudo observar que en los municipios donde se tiende a postular a mujeres son aquellos con la menor densidad poblacional que, por lo tanto, son municipios con menor incidencia a nivel estatal. De hecho, actualmente, las dos mujeres que son presidentas municipales de Baja California Sur –que encabezan los municipios de Mulegé y Loreto– gobiernan sólo a un 11.5% de la población estatal.5 Nos parecía relevante, entonces, impulsar la postulación de mujeres también en municipios de incidencia.

En este caso, había motivos de peso para confirmar la medida establecida por el instituto electoral local, a pesar de que esto obstaculizara la posibilidad de reelección de alguno de los tres actuales presidentes municipales de esa entidad federativa. No obstante, los motivos usados para este caso no son aplicables ni transferibles necesariamente a todas las entidades federativas, porque, tal como en el caso de Chihuahua, no todas las acciones afirmativas adoptadas están diseñadas para abonar a la paridad de género.

Finalmente, debemos reconocer que existen otros principios en juego que tienen el mismo valor que el principio de paridad de género. Éstos son, la autoorganización de los partidos y la figura de la reelección. Esta situación nos ha obligado a hacer una ponderación entre principios para cada caso en concreto y justificar por qué uno prevalecerá frente a otros con el fin de contribuir a un entorno más igualitario.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Alexandra Avena Koenigsberger. Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; candidata a doctora por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.


1 Ver Aparicio, Javier. 2015. “Informe sobre la paridad de género en la selección de candidaturas electorales para la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 2015-2016” en Instituto Nacional Electoral, Impacto del registro paritario de candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, pp. 60-99.

2 SUP-JDC-1172/2017 y SUP-JRC-4/2018.

3 Para las listas de diputación por Representación Proporcional, el instituto adoptó una medida que consistía en que éstas debían estar encabezadas por mujeres.

4 En 2011 la proporción fue de 4 hombres y 1 mujer y, actualmente, 3 hombres y 2 mujeres.

5 Información consultable aquí.

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