Cuando ocho personas vestidas de civil llegaron por Sergio Sánchez Arellano, el pasado 29 de marzo de 2010, nunca imaginó que no regresaría a casa. Esa noche se encontraba junto con su esposa vendiendo dulces fuera de su domicilio en ciudad Netzahualcóyotl y acomodando autos como habitualmente lo hacían para sobrevivir y mantener a sus cuatro hijos. Sin explicar razones ni mostrarle alguna orden de aprehensión o de detención por caso urgente o siquiera por haberlo sorprendido cometiendo un delito, se lo llevaron. Tiempo después supo que eran policías de ciudad de México y que le imputaban el delito de homicidio, ocurrido 27 días antes a las afueras de una concurrida estación de metro. En el lapso comprendido entre la detención y la puesta a disposición, e incluso en la agencia del Ministerio Público, fue golpeado. Sometido a malos tratos y amenazado para que se declarara culpable de un delito que no cometió. A pesar de ello Sergio no se autoinculpó.

En la versión contenida en el expediente, la detención se habría llevado a cabo el 30 o 31 de marzo de 20101 a las 22:30 hrs., 29 días después de ocurrido el delito, durante un rondín que la policía realizaba por la misma estación de metro donde se perpetró el homicidio, y derivado de un señalamiento de una mujer (RBS), quien en ese momento iba con ellos a bordo de su patrulla.

El 31 de marzo de 2010, el Ministerio Público emitió acuerdo por caso urgente con base en pruebas obtenidas en la propia detención, como la declaración de un agente policial y de RBS que lo señaló. Durante el plazo constitucional de 48 hrs., Sergio fue supuestamente reconocido —de manera ilegal— en una diligencia por la misma mujer sin que estuviese presente su defensor. En suma, de las aproximadamente 39 pruebas disponibles en el expediente, entre ellas dictámenes químicos, toxicológicos, de fotografía, etc., que únicamente acreditaban la existencia del homicidio pero no la culpabilidad de Sergio, las pruebas de cargo aportadas por el Ministerio Público fueron tres: a) la declaración de RBS realizada casi un mes después de sucedidos los hechos, b) la diligencia de reconocimiento ilegal realizada por RBS y c) la ratificación de lo anterior en la fase de instrucción. Es decir, todas las diligencias derivan de una testigo singular, pues habiendo más de un testigo de la comisión del delito, la imputación recayó en el dicho de sólo una de ellas.2 Asimismo, la declaración de la única testigo presentó serias inconsistencias.

A pesar de lo anterior, Sergio fue considerado penalmente responsable3 de la comisión del delito y condenado a 27 años y 6 meses de prisión, lo que fue confirmado en una sentencia de apelación.4 Ante ello, presentó la demanda de amparo respectiva acompañado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.

El 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (TCC) fue el encargado del estudio y resolución del amparo directo 183/2016. En dicha sentencia se concluyó que la detención de Sergio fue ilegal y declaró ilícitas las siguientes pruebas: i) el informe y puesta a disposición relativo a la detención de Sergio; ii) los deposados ministeriales de sus agentes aprehensores; iii) la declaración ministerial de la testigo singular RBS; iv) la inspección ministerial de una navaja y un celular que supuestamente portaba Sergio; v) el dictamen pericial relativo a esa navaja; vi) la declaración ministerial de Sergio, así como vii) la diligencia de reconocimiento en la que la testigo singular RBS reconoció a Sergio, pues fue desahogada en ausencia de un defensor que asistiera a este último, es decir, en vulneración de su derecho a la defensa adecuada.

No obstante, el TCC consideró que las restantes pruebas eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Sergio. Con “las restantes pruebas” se refiere a una en concreto: la ampliación de declaración rendida por la testigo singular en la fase de instrucción. Además sostuvo que no estaba facultado para dilucidar sobre el estado de duda absolutoria o duda razonable pues dicho aspecto “solo atañe a los tribunales de instancia y no a los de amparo”. Con ello, concedió el amparo para el efecto de que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictara otra resolución en donde se excluyeran las pruebas producto de la violación a la libertad personal y defensa adecuada, pero reiterando la acreditación del delito y la responsabilidad penal de Sergio. Es decir, no dejó libertad de jurisdicción a la Sala penal para que se pronunciara sobre la inocencia o no de Sergio. Con su sentencia, el Tribunal vulneró varios derechos humanos de Sergio, consagrados en la Constitución mexicana, así como en tratados internacionales.

Las graves irregularidades en torno al caso, originaron que la reconocida organización Amnistía Internacional iniciara su documentación, después de una revisión exhaustiva de su expediente concluyó la existencia de graves inconsistencias en las etapas de investigación policial, la acusación y la condena. Lo cual fue expresado así en su informe “Falsas Sospechas, Detenciones Arbitrarias por la Policía en México” publicado en Julio de 2017.5

Este miércoles 25 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo directo en revisión 7464/2016, cuyo proyecto de sentencia está a cargo de la ministra Norma Piña Hernández. El asunto, según se advierte del archivo disponible en la página de la Corte,6 cumple con los requisitos de procedencia, es decir, identifica dos problemas de constitucionalidad relacionados con el derecho a la defensa adecuada y al principio de presunción de inocencia, que resultan de importancia y trascendencia para que la Corte defina el alcance, contenido y estándares en la materia.

Ahora bien, ¿cuáles son los problemas prácticos que se derivan de la sentencia dictada por el 9º Tribunal Colegiado y por qué la ponencia de la ministra considera que deben ser resueltos? Respecto el derecho a la defensa adecuada, el proyecto sostiene que el TCC realizó una interpretación restrictiva, pues no comprendió todos los alcances que la Suprema Corte ha establecido sobre la falta de asistencia técnica adecuada durante una diligencia.

En el amparo directo de origen, el 9º TCC afirmó que la exclusión de prueba derivada del reconocimiento ilegal por ausencia de defensa adecuada no alcanzaba a la ampliación de declaración de la testigo singular RBS rendida en etapa de instrucción pues constituye fuente independiente por la única razón de haber sido realizada ante autoridad judicial, no obstante que en esa ampliación la testigo se limitó a reiterar lo que había sostenido en el reconocimiento ya declarado ilegal.

Frente a ello, el proyecto sostiene que “el reconocimiento o identificación del imputado de manera presencial en el procedimiento penal [tiene como consecuencia] la nulidad de la identificación en que la persona imputada no estuvo asistida por su defensor” y ese efecto también lo tienen las subsecuentes que se derivan de ello debido a la ilicitud de la de origen.7 Por lo tanto, la medida de reparación propuesta por el proyecto es extender la declaratoria de ilicitud a las subsecuentes diligencias y declaraciones que provienen de la primigenia declaración ilegal, incluyendo la declaración de la testigo singular.

Consideramos que el criterio definido por el proyecto es coincidente con la conceptualización de fuente independiente, pues un reconocimiento sin presencia del defensor acarrea además de su propia ilicitud, la afectación a posteriores reconocimientos aun cuando éstos se introduzcan en forma de testimonio y en sede judicial. Lo anterior reafirma la necesidad de efectivizar la exclusión probatoria cuando tiene origen ilícito, toda vez que aquellas pruebas con estos vicios pueden permear otros elementos probatorios y así continuar causando perjuicio a pesar de que su fuente original ha quedado aparentemente fuera de cualquier valoración posible. La reproducción de porciones de esos reconocimientos indudablemente genera impactos que deben ser eliminados a fin de que el juzgador pueda claramente decidir desprendiéndose de cualquier rastro de violación a los derechos humanos, aunque se reproduzca bajo la formalidad de otra prueba.

Respecto el principio de presunción de inocencia el proyecto realiza un recorrido por los precedentes y criterios de la Suprema Corte donde ha interpretado dicho principio, así como de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para concluir que el TCC se apartó de dicha doctrina.

Afirma que los tribunales de amparo sí pueden verificar si en un caso existen elementos probatorios para considerar que se actualiza una duda razonable. Ese ejercicio implica verificar el cúmulo probatorio y detectar situaciones donde se justifica una duda sobre la responsabilidad penal del acusado.8 La actuación del TCC en el presente caso, no satisfizo los parámetros de la Suprema Corte al no realizar el ejercicio de confrontación de las pruebas de cargo con la de descargo y así generar convicción sobre la culpabilidad más allá de duda razonable y, consecuentemente, sostener que la hipótesis de inocencia se había enervado, es decir, existió una ausencia de confirmación de la hipótesis de acusación y de la defensa.9

El anterior ejercicio resulta valioso en ánimos de ampliar los criterios en materia de presunción de inocencia y estándar probatorio. A su vez, las lecciones de precedentes nos han enseñado que el camino en este aspecto no ha concluido, pues la práctica en casos concretos demuestra que los estándares en materia de presunción de inocencia corresponden a una interpretación constitucional que requiere un ejercicio de constante examinación y desarrollo. En el caso, la definición que hace el proyecto dota de claridad sobre las funciones y atribuciones ineludibles de los tribunales de amparo en situaciones donde existen pruebas de descargo capaces de actualizar una duda absolutoria, girando los reflectores a un terreno que muchas veces es ignorado. Es decir, el de las pruebas de descargo que reafirman una hipótesis incompatible con la acusación pero que son obviadas bajo el argumento de que existe suficiencia de aquellas pruebas consideradas para la acusación o de cargo.

En suma, la resolución de un amparo directo en revisión implica, debido a su naturaleza constitucional, un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte sobre dos derechos humanos angulares en los procesos penales cuya interpretación bajo los estándares plasmados en el proyecto generarán importantes directrices para los juzgadores, definiendo de forma correcta mínimos adecuados para la impartición de justicia. Ello, sin duda, influiría al mismo tiempo sobre aspectos esenciales para el proceso de Sergio Sánchez Arellano, pues significaría que el TCC corrigiera las deficiencias de su anterior decisión, las cuales tuvieron como consecuencia que permanezca detenido por un delito que no cometió, por lo que él, su familia y sus representantes esperan que la Corte resuelva de conformidad con el proyecto propuesto.

El ejercicio abstracto de un amparo directo en revisión nos lleva a la correcta y armónica interpretación de la Constitución, pero la perspectiva que mira hacia las personas involucradas en procesos penales injustos nos puede llevar a la justicia.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Twitter: @CentroProdh


1 Existen inconsistencias sobre la fecha de detención, pues no son coincidentes según diversas constancias del expediente.

2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre testigo singular en el Amparo Directo 14/2011, resuelto el 9 de noviembre de 2011 por la Primera Sala.

3 Sentencia de 10 de marzo de 2011, dictada por la Jueza Cuadragésimo Octavo Penal en el Distrito Federal en la causa penal 73/2010.

4 Sentencia de 13 de julio de 2011, dictada por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca penal 71/2011.

5 Amnistía Internacional, “Falsas Sospechas, Detenciones Arbitrarias por la Policía en México”, 13 de julio de 2017, disponible en: http://bit.ly/2yQszZN

6 Disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

7 Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 7464/2016, pág. 3, disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

8 Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 7464/2016, pág. 19, disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM

9 Proyecto de resolución del amparo directo en revisión 7464/2016, pág. 20, disponible en: http://bit.ly/2zCmZaM