México podría dar un importante viraje a la política prohibicionista y punitiva de drogas que ha imperado en la región por décadas. Una estrategia anclada además en la llamada “lucha contra el narcotráfico”, la cual, además de ineficaz, no ha hecho otra cosa más que aumentar el espiral de violencia y ser una fuente de vejaciones contra los derechos humanos por parte de los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas.1

Adoptar un sistema permisivo parece más armónico con los derechos y libertades de los individuos en un Estado constitucional y democrático, en tanto que evitaría las extorsiones y, sobre todo, la criminalización de los consumidores de marihuana.

Con el cambio de ruta México se uniría a la tendencia de algunos países como Uruguay (2013), Canadá (2018) y algunos estados de Estados Unidos que han decidido permitir el consumo de marihuana para fines personales, científicos y comerciales.

Apunto algunos de los más recientes cambios normativos y jurisprudenciales sobre el consumo de la marihuana en México. Además de esbozar brevemente la iniciativa de ley presentada por Morena.

*

La reforma más significativa en la materia se registró apenas hace un año. En 2017, México modificó sus leyes para permitir (y despenalizar) el uso de la marihuana con fines medicinales (o terapéuticos) y de investigación científica. Esto significó el reconocimiento por parte del derecho de las diversas propiedades farmacológicas (analgésicas, ansiolíticas, antidiabéticas entre otras) del THC, uno de los principales compuestos de la cannabis.

Tan sólo hace algunos días (el 5 de noviembre 2018) la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó los lineamientos en materia de control sanitario de cannabis y sus derivados.2 Tal normativa llenaría el vacío legal que hasta ahora imposibilitaba a los pacientes que así lo requieren acceder a los tratamientos y medicamentos para recuperarse debidamente.

*

Aún más trascendental ha sido el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus decisiones han promovido que el consumo de la marihuana se haya colocado en el debate público desde una visión alternativa y opuesta a la sostenida por los poderes legislativo y ejecutivo: la perspectiva de los derechos. El pasado 31 octubre la Primera Sala de la Suprema Corte reiteró por quinta ocasión consecutiva3 la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley General de Salud (LGS) que prohíben el consumo de la marihuana con fines recreativos, por vulnerar el libre desarrollo de la personalidad de los individuos. Tal sentencia da un paso culmine al camino emprendido hace tres años (2013) por la Sociedad Mexicana de Consumo Responsable y Tolerante (SMART), la primera en promover un litigio estratégico exitoso en este tema. La Corte resolvería a su favor dos años después, en 2015.

Con cinco fallos en el mismo sentido, la Corte creó jurisprudencia. Esto no quiere decir que de ahora en adelante los mexicanos tengamos (algo así como) un derecho a consumir marihuana libremente. La Cofepris no puede extender permisos en automático para cultivar y consumir dicha sustancia; sólo si esto es ordenado por un juez.

Se trata, sin embargo, de una decisión histórica: la jurisprudencia obliga a los jueces del país a seguir la interpretación de la Corte. En otras palabras, a otorgar amparo a quienes reclamen la inconstitucionalidad de las normas que impiden el consumo personal de marihuana, sin que tengan que hacer llegar el caso a la Corte. En acatamiento de dichos recursos la Cofepris estaría obligada (ahora sí) a emitir los permisos correspondientes.

*

En segundo lugar, la decisión de la Corte obliga al Congreso a modificar la legislación respecto del cultivo y consumo de la marihuana, con el fin de asegurar los derechos (reconocidos) a los usuarios y sin la necesidad que estos acudan a tribunales. Es necesario que: i) o se eliminen (o se reformen) los artículos de la Ley General de Salud declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, ii) o se emita una ley que permita el consumo de cannabis para fines personales, incluida su posible comercialización.

Es dable que se adopte la segunda vía. No obstante, hay que recordar que, a pesar de las resoluciones anteriores de la Corte, las propuestas de ley para regular esta materia no han prosperado. Pensemos nada menos la infructífera iniciativa presentada en 2016 por el (todavía) presidente Peña Nieto, con el fin de aumentar el gramaje de marihuana que una persona puede portar, pasando de 5 a 28 gramos en consonancia con los estándares internacionales. Esta vez las cosas podrían ser distintas…

*

El jueves 8 de noviembre de 2018, Morena —el partido creado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador— presentó ante el Senado su propuesta de Ley General para la Regulación y control de Cannabis.4 Una iniciativa de ley atribuida a la senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Se trata de un completo marco legal que permitiría el uso de la marihuana con fines personales, terapéuticos, científicos y comerciales. Se propone un mercado regulado y monitoreado por las autoridades del Estado. Según el proyecto, se busca “un punto medio entre la prohibición absoluta y el libre mercado”. Las autoridades tendrían el control de toda la cadena de producción,5 a través del Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis, un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud. Dicha institución se encargaría de elaborar los reglamentos para la producción, comercialización y consumo del cannabis, y en general, de hacer cumplir la normativa. Estos son algunos de los aspectos más significativos de la propuesta:

• Se creará un padrón (anónimo y no público) de los volúmenes producidos ante el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.

• Se permitiría sembrar, cultivar, cosechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando la producción de marihuana no sobrepase los 480 gramos por año.6

• Las personas adultas podrán portar hasta 30 gramos de marihuana.

• Se prevé también el cultivo, siembra y cosecha de cannabis para uso personal por cooperativas (integradas de 2 a 150 socios),7 siempre y cuando cuenten con la licencia de autorización y cumplan con los requisitos de verificación emitidos por las autoridades competentitas.

• Sería posible la comercialización de marihuana para fines farmacéuticos, terapéuticos, industriales y personales.

• Los permisos y licencias para maniobrar la marihuana otorgados por el Instituto serán de 5 y hasta por 10 años, las cuales podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales.

• Los adultos podrían fumar marihuana en espacios públicos, a excepción de los 100 por ciento libres de humo de tabaco.

Las prohibiciones, por su parte, que se plantean en esta iniciativa serían las siguientes:

• Publicitar la cannabis y sus productos de forma directa o indirecta en los medios de comunicación masiva, incluido Internet.

• Comerciar, distribuir, donar, regalar, vender y suministrar marihuana a menores de edad, así como emplearlos en estas actividades.

• Conducir autos y maquinaria en general a las personas bajo el efecto del THC.

• Comercializar productos comestibles derivados del cannabis.

Y, por último, se enlistas las siguientes sanciones:

• El proyecto prevé sanciones administrativas (como las suspensiones de licencia y tareas comunitarias), económicas (por ejemplo, a quien conduzca bajo los efectos del THC), de privación de la libertad en todos los casos (de hasta por 36 horas) y penales a quienes vendan marihuana a menores de edad o los empleen en expendios dedicados a este rubro.

Se pronostica que al ser Morena la fuerza mayoritaria en el Congreso no debería tener mayores problemas para aprobarla. Los legisladores han dicho incluso que podrían promulgarla antes del cierre de este año.

Quedan muchas inquietudes sobre la regulación propuesta; señalo al menos dos. El procedimiento de autorización y colocación de los puntos de venta son uno de los aspectos menos claros, al igual que los criterios para calcular los impuestos a la compra y venta de cannabis y sus productos. Además, es necesario buscar un mejor equilibrio entre el ejercicio de los derechos y la salud pública (personal y colectiva) con los intereses del comercio: otra de las debilidades del proyecto es que medidas de prevención y reducción de riesgos son insuficientes.

Para echar a andar el modelo regulatorio propuesto, el Estado tendrá que destinar recursos públicos. Sin embargo, parece ser una alternativa atractiva al camino trazado (hasta ahora) por el Estado, basado en el derroche del dinero de todos nosotros en una estrategia basada en (y que aumenta y perpetua) la violencia en el país, y que ha dejado el mercado de la cannabis en manos de grupos delincuenciales. Metiendo de un lado a los amparados y excluyendo el auto-cultivo (que, por cierto, también es ilegal) ¿cuál es el origen, cómo y dónde consiguen la droga quienes la consumen?

Invito a tomar en serio el proyecto: a leerlo, a cuestionarlo, a criticarlo y, también (¿porqué no?) a aportar ideas. Desde mi perspectiva, es imperante un cambio normativo. No sólo porque —como dije— éstas son más acordes a los derechos y libertades de quienes elijen consumir marihuana. Actualmente vivimos en una paradoja: tenemos que el máximo tribunal de control constitucional lleva algunos años diciéndoles a los mexicanos “pueden portar y consumir marihuana con base en el libre desarrollo de la personalidad” pero dentro de un marco legal que, además de prohibirla, persigue con el brazo más fuerte del Estado a quienes deciden ejercer dicha libertad.

Uno de los efectos más importantes de (aprobarse) esta propuesta es la liberación de todas aquellas personas procesadas y sentenciadas por la comisión de delitos relacionadas con el manejo de cannabis.8 No olvidemos que —hasta ahora— la Suprema Corte se ha pronunciado exclusivamente sobre las reglas administrativas de la Ley General de Salud que prohíben de manera absoluta el consumo personal de marihuana. Pero no propiamente sobre las normas del Código Penal Federal que regulan como delitos la producción, posesión y consumo personal.

Las sentencias de la Suprema Corte no han alcanzado para liberar a los inculpados por la comisión de dichos delitos. Según datos proporcionados por el mismo proyecto, para 2011 había 1,509 personas sentenciadas únicamente por consumo o posesión de marihuana.9 Sin contar a quienes han sido procesado por producir, transportar, comerciar o suministrar cannabis.

Del replanteamiento de la política contraria al consumo de marihuana —gracias a ésta u otras propuestas— también depende la libertad (y la vida) de muchas personas.10

Guadalupe Salmorán. Investigadora del IIJ-UNAM. Twitter: @GpeSalmoran


1 Sobre este tema recomiendo el informe La política de Drogas en México: causa de una tragedia nacional. Una propuesta radical, e indispensable, para remediarla, de Alejandro Madrazo y otros, de septiembre de 2018.

2 Dicho documento contiene los criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de medicamentos, pero también de otros productos de uso industrial (alimentos, bebidas alcohólicas o no aldólicas, remedios) que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del uno por ciento o menor de THC. También incluye la posibilidad de publicidad y promoción de los productos a base de cannabis; las medidas de verificación, seguridad y sanciones por incumplimiento de las normas en la materia.

3 El proyecto fue formulado por los ministros Norma Lucía Piña y Arturo Zaldívar.

4 Iniciativa de la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, con aval del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

5 Las actividades regulares son: siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, hasta la distribución, venta, comercialización, portación y consumo de la marihuana.

6 Este monto puede excederse en el caso de personas con problemas de salud.

7 Cada socio podrá producir más de 480 gramos de cannabis al año y el excedente deberá donarse a las instituciones correspondientes para fines de investigación científica.

8 Según tal iniciativa, las autoridades correspondientes deberán, en un período de 30 días, elaborar los correspondientes programas de excarcelación de las personas susceptibles de beneficiarse de este futuro marco regulatorio.

9 Ver: Iniciativa de la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, con aval del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

10 Sobre este punto es imperdible el informe regional 2017 del Colectivo de Estudios Drogas y Derechos (CEED), Castigos Irracionales: Leyes de Drogas y Encarcelamiento en América Latina.