En los últimos años se han reconocido algunas excepciones al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Sin embargo, a más de un siglo de su aparición, aún no hemos logrado superar el arraigo que ha ganado en nuestra cultura jurídica. En la práctica, muchos operadores de justicia siguen negando amparos argumentando que una sentencia favorable sería, en pocas palabras, “más positiva de lo que debiera”. El caso de la organización TECHO México en contra del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) así lo demuestra.

Como abordé en este espacio el año pasado,1 la organización TECHO México presentó una demanda en contra del INEGI por la omisión de censar a la población que habita en asentamientos informales en México. Actualmente no hay información oficial sobre cuántos núcleos de este tipo existen y cuánta gente vive en ellos. Esta situación no solo impide que organizaciones defensoras del derecho humano a la vivienda puedan monitorear la situación y los resultados de las acciones gubernamentales, sino que impide que la gente en esos asentamientos sea contemplada en cualquier política pública.2

A finales del año pasado, el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió dicho amparo en el expediente 944/2018. Si bien reconoció que el INEGI estaba obligado a generar dicha data y que no lo había hecho, concluyó que no podía concederse el amparo puesto que, de generarse la información de referencia, ésta “beneficiaría a toda la población del país, lo que evidentemente pugna con el principio de relatividad de sentencia que rige al juicio de amparo”. Situaciones como esta levanta señales de alarma: en la práctica, la lealtad formalista al principio de relatividad de las sentencias continúa impidiendo que el amparo pueda consagrarse como un mecanismo para hacer cumplir la Constitución.

Ernesto Martínez Andreu identifica que el principio de relatividad de las sentencias —específicamente en amparos contra leyes— fue creado con el objetivo de garantizar el respeto al Poder Legislativo.3 Por su parte, Juan Antonio Castillo López y José Guadalupe Zúñiga Alegría explican el origen de la restricción inter partes a partir del contexto de consolidación del federalismo, en el cual el Poder Judicial de la Federación fue limitado a “ser un aplicador mecánico de las leyes, negándole la posibilidad de integrarse en otros ámbitos de la vida nacional como el político, económico y social”.4 Todos ellos coinciden en que dichas razones no corresponden a la realidad actual, cuestionando la supervivencia de ese principio.

Como mencionaba al inicio de este artículo, ya se han generado algunos precedentes de excepciones a la relatividad de las sentencias de amparo. Así lo ha hecho la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ejemplo, en el amparo en revisión 1359/2015 presentado por la organización Article 19 México en contra de una omisión legislativa,5 así como en el amparo en revisión 323/2014 presentado por la organización Aprender Primero en contra de la omisión de iniciar y concluir procedimientos de responsabilidad por desvíos de recursos en instancias educativas.6

No hay razones de peso para aferrarse al fundamentalismo del principio de relatividad de las sentencias. La vocación del juicio de amparo es —o debería ser— fungir como un puente entre dos mundos que habitamos de manera simultánea: el mandato constitucional y la realidad social. Pero si estos dos mundos se encuentran en inevitable evolución constante, ese puente debe también adaptarse en lo posible y en lo razonable para no perder su efecto útil.

Sí, el amparo es un mecanismo destinado a garantizar el ejercicio de un derecho a título personal de quien o quienes presentan una demanda. Es por eso por lo que se reconoce que, en principio, los efectos de la sentencia no pueden extenderse a personas que no han formado parte del proceso. No obstante, si bien el “derecho a ser beneficiado por una sentencia favorable”, por llamarlo de un modo, es personalísimo, esto no debe confundirse con la naturaleza del objeto de protección y con la forma en la que se ejerce el derecho que ha sido violado.

Si, por ejemplo, una persona presenta un amparo por contaminación del aire en su colonia debido a una fábrica operando en ella, la jueza encargada de resolver el asunto deberá garantizar que se restituyan únicamente los derechos de esa persona, al menos en principio. Pero no por ello puede impedir los efectos de esa restitución que son inherentes a la naturaleza del objeto de protección del derecho al medio ambiente. Es decir, no habría forma de que esa jueza ordene que se otorgue 60 metros cúbicos de aire limpio semanalmente a la persona que presentó el amparo: deberá ordenar, por medio de las medidas que considere necesarias a la luz del material jurídico y fáctico del caso concreto, que la persona pueda habitar en una colonia donde el aire esté limpio. Frente a esto, no hay forma de impedir que sus vecinos se vean beneficiados por la sentencia. Y no creo que existan razones de peso para buscarla tercamente.7

Similar ocurriría si, por ejemplo, una ley o un acto de autoridad impiden de manera directa o indirecta la celebración del ritual de una religión. Supongamos que un creyente de esa fe presenta un amparo argumentando una violación al derecho a la libertad religiosa. No tendría sentido ordenar que únicamente se deje entrar a esa persona al templo, dado que la celebración de los rituales como las misas o cultos suelen ser ejercicios colectivos del derecho a la libertad religiosa, requiriendo la presencia de una comunidad —feligreses, pastores o sacerdotes, músicos, entre otros— para lograr sus objetivos espirituales. Someter todo ese contexto a una visión terca del principio de relatividad de las sentencias llevaría al despropósito de tener a un individuo en la soledad de los muros religiosos sosteniendo una sentencia, impedido de realizar por sí mismo los rituales que desea celebrar aun sin el impedimento legal que dio origen al juicio de amparo.

Distinguir estos elementos que componen las dimensiones de cada derecho humano —titularidad, naturaleza del objeto de protección y su forma de ejercicio— es un requisito indispensable para garantizar que el amparo sea capaz de hacer cumplir las promesas de la Constitución. Para ello, es necesario que la relatividad de las sentencias sea interpretada a la luz de los principios consagrados en el artículo primero constitucional.

En el caso del amparo en contra del INEGI, si bien el caso se encuentra actualmente ante el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, TECHO México ha solicitado a la SCJN que ejerza su facultad de atracción. Independientemente de cuál sea la instancia que termine resolviendo el asunto, sin duda será una gran oportunidad para consolidar esta tendencia a entender de forma más garantista el principio de relatividad de las sentencias. Sobre todo, en un caso de discriminación institucional hacia un sector de la población históricamente excluido: la población en asentamientos informales, una de las formas más graves de violación al derecho a la vivienda.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Maestro en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Universidad Autónoma de Yucatán. Twitter: @kalycho


1 El juego de la Suprema Corte, “Techo México vs INEGI: los asentamientos informales a escena” por Carlos Luis Escoffié Duarte, 4 de septiembre de 2018.

2 Como es sabido, los datos generados por el INEGI son de uso obligatorio a nivel municipal, estatal y federal. Véase: “Artículo 26. […] B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “ Artículo 6.- La Información de Interés Nacional será oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. […].” Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

3 Martínez Andreu, Ernesto. “Los principios fundamentales del juicio de amparo. Una visión hacia el futuro” en González Oropeza, Manuel y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords.), El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, t. I, p. 701.

4 Castillo López, Juan Antonio; Zúñiga Alegría, José Guadalupe. “La sumisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el mandato de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para justificar la relatividad de la sentencia”. Universidad Autónoma Metropolitana, Revista Alegatos, Número 81, México, Mayo 2012, p. 412.

5 De la sentencia emitida, se desprende el siguiente criterio: Época: Décima Época; Registro: 2016425; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: 1a. XXI/2018 (10a.); Página: 1101. PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. SU REINTERPRETACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011.

6 De la sentencia emitida, se desprende el siguiente criterio: Época: Décima Época; Registro: 2009193; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: 1a. CLXXIII/2015 (10a.); Página: 441. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL RELATIVA A LA IMPOSIBILIDAD DE REPARAR LA VIOLACIÓN ALEGADA, SI SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO A UNA ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. También: Época: Décima Época; Registro: 2009192; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: 1a. CLXXIV/2015 (10a.); Página: 440. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE ALEGARSE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS Y, POR ELLO, SOBRESEER EN EL JUICIO, CUANDO SE ACTUALIZA LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO EN DEFENSA DE UN DERECHO COLECTIVO.

7 En un sentido esencialmente similar, la Primera Sala de la SCJN ha reconocido que la protección del derecho al medio ambiente entre en constante tensión con el principio de relatividad de las sentencias. Véase: SCJN. Primera Sala, Amparo en revisión 307/2016, 14 de noviembre de 2018. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Eduardo Aranda Martínez y Natalia Reyes Heroles Scharrer.