La facultad del IMPI para ordenar el bloqueo de sitios web infractores es constitucional, al tratarse de una medida necesaria y proporcional para proteger derechos de autor frente a esquemas ilícitos masivos. Lejos de vulnerar la libertad de expresión o la neutralidad de la red, este mecanismo la garantiza al salvaguardar el discurso legítimo de los creadores y prevenir daños a usuarios en el entorno digital.