La paridad de género en la arena electoral se ha erigido como una cuestión de justicia social ineludible y como un elemento fundamental para el desarrollo de democracias plenas y representativas. En México, la democracia está experimentando una transformación significativa que promete remodelar el tejido de la representación política, transmutando antiguos paradigmas de dominación y marginalización en modelos de equidad e inclusión. La sentencia SUP-RAP-327/2023, dictada el pasado 15 de noviembre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se presenta como un paso adicional en la lucha por la equidad de género.

Con una historia de constantes evoluciones y reformas en el sistema de justicia y en el sistema electoral, la consolidación y la internalización de un modelo de precedentes se tornan imperativos para garantizar la certeza, la equidad y la predictibilidad en las decisiones judiciales. Las voces de quienes contribuimos a la obra, coincidimos en la necesidad de abandonar prácticas desfasadas y de abrazar un paradigma que no solo otorgue solidez argumentativa a las decisiones judiciales, sino que también promueva la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales electorales. Como señala Marina Gascón, la jurisprudencia posee un valor decisivo para la unificación del derecho. En este escenario, los desafíos son múltiples, pero la recompensa es una justicia electoral más robusta y confiable para México.

La solución adoptada por la Sala Superior del TEPJF reconoce que los partidos políticos están desarrollando procesos políticos de decisión que buscan involucrar a su militancia y a la ciudadanía en la generación de liderazgos para el próximo proceso electoral 2023-2024, situación que puede vulnerar la equidad de la contienda si se permite su desarrollo sin regulación alguna, cuando la actual legislación no la prevé o es deficiente. Por supuesto hay límites jurisprudenciales, constitucionales y legales preexistentes y aplicables.

A finales del año pasado, la Sala Superior estudió un asunto relacionado con la renovación de las consejerías del INE, en el que se decidió revocar el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados para regular el procedimiento de designación de las cuatro consejerías que quedarán vacantes este año 2023, —tres consejerías electorales, además de la presidencia del órgano—.