Terminar con la impunidad, crear un verdadero régimen federal, activar los mecanismos congresionales cuando haya excesos o abusos por parte del ejecutivo, limitar la intervención del gobierno en la vida privada de los ciudadanos, hacer del nuevo sistema de justicia penal una realidad, evitar la arbitrariedad por parte de los poderes públicos… son sólo algunas de las cuestiones que requieren a una Constitución viva y despierta; en pocas palabras, una Constitución que se cumple.
Crítica
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El caso Google: lo que olvida el IFAI
Al haber optado únicamente por la protección del titular de los datos personales sin tomar en cuenta el balance que con respecto al interés público y la libertad de expresión (incluyendo el derecho a acceder a la información) debe realizarse, el IFAI ha actuado de forma parcial. El camino elegido constituye un aval institucional que, aunque no muy efectivo[3], manda una señal que abona a nuestro malestar: los intereses privados que prevalecen sobre el interés público.
El futuro del Instituto Nacional de Ciencias Penales en riesgo
El pasado 23 de septiembre, el ejecutivo federal presentó la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República, sin considerar un escenario puntual para el Instituto, toda vez que en el artículo décimo cuarto transitorio estableció que a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, quedaríamos desincorporados de la Administración Pública Federal y seríamos absorbidos por la Fiscalía. La propuesta es ambigua en el sentido de que no considera el carácter de ser Centro Público
Las trampas en la construcción del Estado de Derecho
El problema ya no se puede simplificar y dirigir a un grupo diferenciado de criminales porque la realidad es que todos nos hemos convertido en potenciales “criminales”. En nuestro defectuoso sistema las líneas entre uno y el otro se han borrado. La policía no sólo brutaliza a los culpables. Y esto, también, nos puede pasar a todos nosotros. Irónicamente, el mismo discurso colectivo que se utilizaba para demonizar a los sospechosos se puede invertir en su favor.
¿Qué proponen los aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte?
La semana pasada inició el proceso sucesorio de la presidencia de la Suprema Corte y con ello la competencia por los votos. Seis aspirantes se registraron para la contienda y presentaron un plan de trabajo.[i] El cual ofrece las coordenadas de lo que cada uno de ellos haría si es que es electo, la concepción que tienen de la presidencia misma, así como los retos actuales del poder judicial.
Reforma constitucional, movilidad y protesta social. Un análisis
En primer lugar, debo decir que no es una mala reforma. Y con esto me refiero a que en verdad no es malintencionada, sino al contrario. La reforma, como su motivación y marco de justificación, es concorde a la Declaración de Derechos Humanos Emergentes reformada y aprobada por distintos miembros de la sociedad civil internacional (ONG’s y promotores de derechos humanos).
Tlatlaya o el uso inconstitucional de las fuerzas armadas
Las fuerzas armadas están sujetas a los controles democráticos como cualquier otro ente público. No obstante, por su carácter bélico, sus límites deben ser estrictamente definidos para evitar el abuso y la violación de derechos humanos. Tlatlaya no sólo debe generar indignación, sino que debe servir como precedente para replantear la discusión sobre la posición constitucional de los elementos militares.
El futuro de la consulta popular
Este primer ejercicio de involucrar a la Suprema Corte en el análisis de la viabilidad constitucional de la consulta popular, arrojó resultados que merecen y reclaman tanto atención como reflexión por parte de los impartidores de justicia, especialmente de los mismos ministros. No son pocos quienes han sostenido que la intención del legislador fue fijar estas trabas para que resultase prácticamente imposible el ejercicio de este derecho. No obstante, es labor precisamente de un tribunal constitucional destrabar las redacciones normativas que pudieran resultar lesivas al ejercicio de los derechos.
¿Cómo la Suprema Corte hizo de la consulta popular letra muerta?
No es difícil ver cómo, bajo la interpretación de la mayoría de la Corte, prácticamente cualquier consulta popular sería inconstitucional, pues es evidente que todo actividad estatal en un tema de trascendencia nacional tendrá algún impacto presupuestal (piénsese, simplemente, en el salario que reciben los funcionarios públicos encargados de ejecutar dichas acciones). Sin embargo, esa fue la postura adoptada por la mayoría de los ministros de la Corte.
La Suprema Corte y el galimatías del amparo adhesivo
Para resolver el problema anterior, se ideó una nueva figura: el amparo adhesivo. Esta nueva acción procesal corresponde a quien obtuvo sentencia favorable en sede ordinaria. Ante la promoción de un amparo directo por su contraparte, la parte vencedora podrá mostrar al Tribunal Colegiado las bondades de la sentencia que le dio la razón y tendrá que hacer valer aquellas violaciones procesales que, en caso de concederse el amparo al quejoso principal, pudieran perjudicarle en el dictado de una nueva sentencia.