Quienes suscribimos esta misiva somos académicos, profesores universitarios, especializados en cuestiones jurídicas e interesados -como estudiosos y ciudadanos- en la inminente renovación de la Sala Superior del TEPJF. En esa calidad nos permitimos pronunciarnos porque el Senado de la República designe a los nuevos magistrados y magistradas observando las siguientes directrices…
Crítica
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¿Cuál es la responsabilidad de la Suprema Corte ante la tortura?
A seis años de que el Estado mexicano fue condenado por la CoIDH en el caso Campesinos Ecologistas, es apremiante la necesidad de cumplir cabalmente su jurisprudencia más allá de invitarla a sesionar en nuestro país como ha hecho en días recientes. Las víctimas de tortura requieren una postura coherente de la SCJN frente a su práctica generalizada y ésta debe verse reflejado tanto en el discurso como en la labor cotidiana de nuestro tribunal constitucional.
La Corte y el combate a la corrupción. Casos Chihuahua y Veracruz
El día lunes, la Corte debatió dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República en contra de diversas reformas constitucionales y legales de los estados de Chihuahua y Veracruz. Ambas reformas se enmarcan en lo que algunos miembros de la sociedad, los medios y el foro entendieron como blindajes de las polémicas gestiones de los gobernadores (salientes) pues la ciudadanía en esos estados optó por un candidato de oposición en las pasadas elecciones locales.
La (in)justicia electoral a examen
Le haríamos un flaco favor a la democracia mexicana si permitimos que sean los criterios políticos y los intereses particulares lo que determinen quiénes serán los siete magistrados que integrarán a la Sala Superior en los próximos años. De hecho, si esa fuera la lógica que prevalece, ¿por qué no nos ahorramos los costos y complejidades del sistema y regresamos las decisiones electorales a la casona de Bucareli?
¿Abonó la Suprema Corte a lo que recién sucedió en el complejo “Pajaritos”?
Sea como fuera, sucesos como estos evidencian cuan relevantes son las decisiones de la Corte para el futuro de los derechos humanos y su protección. Hoy, después de algunos años de la resolución de la controversia constitucional 48/2011, vale plantear la pregunta: ¿abonó la Suprema Corte indirectamente en lo que recién aconteció en el complejo “Pajaritos”?
Matrimonios gay: Jalisco y la falacia del agravio a la soberanía
La Suprema Corte, entonces, en su papel de máximo intérprete de la Constitución, se pronunció en una acción de inconstitucionalidad. De tal manera que, con una votación absoluta, se le ordenó al Congreso de Jalisco a modificar una porción normativa de un artículo que transgrede derechos protegidos por el espectro de la norma habilitadora. En este sentido, vale recordar que los diputados de Jalisco, al asumir su cargo, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución federal. De ahí que sea un disparate jurídico que al día de hoy los legisladores aún no hayan acatado el fallo de la Corte.
Crítica · Día a Día · Justicia electoral
Caso David Monreal: un traspié más del Tribunal Electoral
La sentencia ya se cumplió, pese a los hechos, contradicciones y metainterpretaciones, David Monreal Ávila es candidato a Gobernador. Lejos está aquella idea que plantea que la democracia debe ser un régimen de certidumbre de las reglas y de incertidumbre en los resultados de las urnas. En breve: es enorme la distancia entre lo que cuenta la sentencia de la mayoría de magistrados y que da por terminado -jurídicamente- el caso y los hechos que se tuvieron que evaluar.
La Corte y el amparo para el uso medicinal de la mariguana
El tema de la legalización de la mariguana avanza a tambor batiente. En menos de un año se ha debatido el tema como nunca antes. El detonante fue la decisión de la Suprema Corte de amparar a los quejosos en el caso SMART. De ahí se generó un efecto cascada que provocó la reacción de los principales operadores jurídicos y políticos del país.
Halconeo: el delito de buscar información
Estas importantes decisiones adoptadas por el más alto tribunal del país establecen un precedente histórico en el país. Por un lado, incorporan el concepto de “efecto inhibidor” de la libertad de expresión en el sistema judicial mexicano. Por otro, imponen un freno a la preocupante tendencia de criminalizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. En estos casos, la Corte acertó en proteger el derecho de la sociedad y, en específico, de los periodistas a buscar y recibir información de interés público como es la labor de los policías y el Ejército.
La Suprema Corte hacia la inconstitucionalidad de los ataques a la paz pública
Festejar la decisión de la primera sala y alentar que el proyecto avance en establecer claramente la inconstitucionalidad del delito de ataques a la paz pública y, al mismo tiempo, mantenga los estándares sobre tortura, no es menor. Se trata de exigir que nuestras leyes penales sean claras, protejan bienes jurídicos determinados y no permitan la ambigüedad, lo cual es primordial para cualquier sociedad que se ostente como democrática.